*Por decreto no se corrige incapacidad, errores ni ineficiencias
Por Luis Repper Jaramillo*
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Más que una propuesta para solucionar la crisis por la que atraviesa el país, el decálogo que presento el jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional Enrique Peña Nieto, se vio, se sintió como una medida desesperada, un escudo ante la imposibilidad, aun, de solucionar los conflictos de inseguridad.
Es un catálogo de buenas intenciones, en donde uno de los puntos, el de desaparecer a las policías municipales -por malas, corruptas, ineficientes, incapaces, etc.- rompe con la autonomía municipal y con el respeto que debe haber entre los poderes de la unión, pasando además, por alto a los congresos locales y cabildos que son las instancias que aprueban la vida institucional y autónoma de Estados y Municipios.
Se argumentará que ninguna ley está por encima de la Constitución, así es, y que por ello el ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión la Iniciativa de reforma constitucional que faculte al Congreso para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, para que le autorice inmiscuirse en la vida interna de otra instancia de gobierno, que sentaría un precedente negativo.
Demos el beneficio de la duda, de convertir a los municipales en policías estatales o ¿despedirlos? y pregunto ¿los estatales son más honestos que sus colegas de alguna alcaldía?, baste con conocer a los del Estado de México (oootra vez el Estado de México) a quienes les cambiaron el nombre a Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero siguen cometiendo los mismos atropellos, como los municipales de Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, Tlalnepantla, etc. ¿a ellos quien los vigila?.
El cambio de actitud de un policía, no se da por ser municipal, estatal o federal. El problema de desconfianza en estas fuerzas “del orden” es la impunidad que por más de 80 años han provocado los gobiernos federales, estatales y municipales, primero porque no ha existido una verdadera selección de personal, que tenga vocación de servicio, que haya cursado al menos bachillerato, aprobar pruebas de control de confianza, -aplicadas por expertos privados en Recursos Humanos-, no por departamentos o direcciones de la propia dependencia y lo más importante otorgar un salario digno, que le permita evitar la corrupción.
Esto, Ejecutivo Federal, es el primer paso para tener policías confiables y no lanzar una propuesta a bote pronto, como reacción al caso de Iguala, Guerrero.
Es evidente que el Plan de Acción en Materia de Seguridad, Justicia y Combate a la Corrupción peñista es una reacción a los lamentables hechos de los “anormalistas” de Ayotzinapa, casualmente a 2 meses de su desaparición y por la incontenible ola de vandalismo, marchas, mítines, acciones contra la sociedad que han tenido los familiares y sus compinches, lo que deja ver que esto no estaba en la agenda federal, pues además nunca apareció en el Plan Global de Desarrollo. Y cuando se reacciona, antes de planearse, las cosas no andan bien.
Y no andan bien porque los equipos de inteligencia del régimen están dormidos, son indolentes o están infiltrados; no exagero la posición, porque atentar contra la sede nacional de la presidencia de la república, el Palacio Nacional, es muestra de descuido o desinterés por evitar riesgos de seguridad nacional.
Ya incendiada la Puerta Mariana, se reacciona, nunca se previno; la detención de 11 subversivos, por fortuna encerrados en cárceles de máxima seguridad, debe ser un ejemplo contundente de lo que tiene hacer una decisión oficial. Los tipos son guerrilleros y la autoridad no debe doblarse ante la presión de padres, compinches, anarquistas, seudo defensores de derechos humanos, críticos, partidos políticos. Por ser delito federal deben ser juzgados y sancionados severamente.
El punto 6 del decálogo peñista señala la “realización de un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las fuerzas federales en municipios de Guerrero y Michoacán”, ¿que los cuerpos de “inteligencia” de Gobernación, de la Defensa Nacional, de la Armada, de la Gendarmería, no tienen ya detectados, ubicados, marcados en el Mapa de Riesgos del país los centros y sedes del crimen organizado, de los grupos subversivos, de los mercenarios, guerrilleros, etc.?, si lo tienen, lleva su gobierno 2 años y no los han desmantelados ¿colusión, incapacidad, miedo?, la omisión también es delito.
Si no los tienen, entonces confirmo mi teoría: incapacidad, indolencia, desinterés, también son delitos.
Apenas, a dos años de su gestión va a enviar a efectivos federales a “checar” si existen estos campamentos y sus habitantes, ¡esto es desconocimiento de las cosas! ¡Cuidado! Por eso digo, el gobierno federal está reaccionando, no planeando, menos previniendo.
Entre que manda sus iniciativas al Congreso, y a efectivos a “checar” la inestabilidad e inseguridad en Tierra Caliente, y sus vecinos, los malos ya están prevenidos, seguro tienen un plan de acción para contrarrestar las acciones, o lo que es lo mismo van 5 pasos delante de la decisión gubernamental.
En lo que llegan las Iniciativas al Congreso, las recibe oficialía de partes, se entera la Junta de Coordinación Política, la analiza, después la manda a Comisiones, éstas la reciben la reparten a cada partido, la revisan y analizan por separado, se reúnen para debatirla, corregirla, agregarle, etc. hacen el dictamen, se lo regresan a la Jucopo, ésta la propone en el Orden del Día de Sesión Plenaria, se lee o dispensa el procedimiento, bla, bla, bla, los grupos subversivos, los normalistas, los mercenarios de la CNTE, y grupúsculos afines seguirán dañando a la sociedad, mientras el Congreso regresa al Ejecutivo la aprobación de sus leyes para promulgarlas en el Diario Oficial de la Federación y entrar en funciones.
En todo ese ínterin, la crisis sigue y los 43 de Ayotzinapa continúan desaparecidos.
La verdad, tengo amplias dudas de que el decálogo peñista sea la solución a la crisis de inseguridad que padece el país; no es con leyes, decretos, propuestas, buenas intenciones como se devolverá la confianza de la sociedad a sus autoridades, léase legisladores, partidos políticos, mientras no se abata la corrupción y su hija impunidad el país seguirá sumido en la indolencia, en la inmoralidad, en la dejadez.
Dice el refrán “el buen juez por su casa empieza” y si desde la cúpula del poder las señales son contrarias a lo que proponen, ni para dónde hacerse. Está claro. La sociedad no lo percibe, está muy dolida, muy golpeada y no tarda en reaccionar.
*Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)
