Desde la trinchera Magisterial

Para un servidor público soberbio, defender derechos humanos es insolencia

/Por Gerardo Velásquez Maravert/

Para empezar, el 7 de enero no fue una fecha menor. Ese día a trabajadores del programa Vasconcelos se les cerraron las puertas. Sin aviso, sin proceso, sin respeto ni empatía, después de aproximadamente 20 años de trayectoria, simplemente les negaron la entrada «por órdenes superiores».

Frente a esa situación, asumí una postura clara: defender a los trabajadores, exigir legalidad y, sobre todo, formular las preguntas que nadie parecía dispuesto a responder.

Fue entonces cuando comenzó la incomodidad.

En este sentido, es oportuno decirlo con claridad: a la Dra. Claudia Tello Espinoza, Secretaria de Educación de Veracruz, no le incomoda el problema… le incomoda que se le cuestione, que se le hable de frente y que se evidencien las contradicciones entre el discurso institucional y la realidad.

Resulta paradójico que estando al frente de una Secretaría que, bajo el nuevo modelo de la escuela mexicana promueve una educación humanista, Tello en la práctica actúa sin la mínima empatía de lo que implican los derechos humanos.

Aun cuando lo que exigimos es legítimo y está plenamente respaldado por la Constitución, por los derechos laborales vigentes, por el principio de legalidad, por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que no solo obliga, sino sanciona e incluso inhabilita a las autoridades que actúan con omisión o dolo en afectación de trabajadores a su cargo.

De igual manera, por el marco de protección de los derechos humanos que rige la actuación de toda autoridad, y pese a haber solicitado el diálogo institucional desde meses atrás con la titular de la Secretaría de Educación, la respuesta ha sido clara: no apertura, sino imposición, sin más ni más.

El colmo es que, desde la página oficial de la Secretaria de Educación de Veracruz, se ha pretendido instalar la idea de que existe un “diálogo permanente” con los trabajadores del programa Vasconcelos y que su separación responde a un ajuste presupuestal, ¡lo cual es falso! No obstante, los hechos desmienten ese discurso: se ha contratado personal para ocupar esos mismos espacios, incluso con percepciones superiores a las de quienes fueron excluidos.

En otras palabras, no hubo ajuste; hubo sustitución. Esta decisión, ejecutada con claras formas de violencia institucional, no busca resolver un problema… busca encubrirlo.

Pero por si todo esto fuera poca cosa, se ha intentado instalar la idea de que cuestionar o incluso defender derechos humanos constituye una insolencia.
Resulta que hoy, cuestionar la exclusión de trabajadores con más de 20 años de servicio se considera un exceso; exigir claridad, una falta de respeto.

El punto de quiebre: en consecuencia, surge una reflexión inevitable y profundamente incómoda para quienes han desvirtuado el sentido del sindicalismo: ¿en qué momento se normalizó que el líder de un sindicato no pregunte, no incomode, no defienda?

Porque conviene recordar algo elemental: el sindicalismo nació para confrontar el abuso, no para administrarlo.

Surgió para equilibrar el poder, no para someterse a él. Se construyó para defender derechos, no para negociarlos en silencio.

Bajo esa lógica, un sindicato que calla frente a la injusticia traiciona su origen. Un dirigente que no defiende a su base, renuncia a su razón de ser.

Y una estructura que privilegia la comodidad sobre la responsabilidad deja de representar… para convertirse en simulación institucional.

Aquí no hay matices: si no se alza la voz cuando se vulneran derechos, no hay liderazgo.

Si no se incomoda al poder cuando corresponde, no hay representación. Si no se defiende a la base, no hay sindicato.

En otras palabras, lo que algunos llaman “prudencia” es, en realidad, renuncia; y lo que venden como “estrategia” es, en el fondo, sometimiento. Porque el sindicalismo auténtico no se mide por su cercanía con el poder, se mide por su capacidad de enfrentarlo cuando la justicia lo exige.

Y hay algo que no se puede ignorar: quien hoy pertenece a un sindicato que no lo defiende, tarde o temprano lo va a resentir. Porque el silencio de hoy… es la indefensión de mañana.

Por otra parte, también es necesario mirar el tipo de liderazgos que hoy están al frente de algunos sindicatos.

Han surgido secretarios generales de ocasión, figuras que llegan más por herencia que por trayectoria, “porque su papi les dejó el Sindicato”,
como si el liderazgo pudiera transmitirse como un cargo… cuando, en realidad, se construye en la lucha y se legitima en la defensa. Porque el liderazgo no se hereda, se gana.

Y, sin embargo, ahí están: estructuras que operan más como extensiones del poder, serviles para la parte oficial: “no vaya a ser que se enojen y ya no los atiendan…”

Sindicatos creados no para defender, sino para servir; no para cuestionar, sino para obedecer.

Organizaciones dóciles que, lejos de proteger a su base, terminan fortaleciendo a quienes han hecho de la imposición una forma de gobierno.

En consecuencia, lo que debería ser representación se convierte en alineación.
Y lo que debería ser defensa, en complicidad silenciosa.

Ahora bien, hay algo que no puede perderse de vista y es la centralidad de los derechos humanos.

No perdamos de vista que lo que está en juego no es solo un caso laboral, es la normalización de prácticas que no deben aceptarse bajo ninguna circunstancia.

No podemos ni debemos normalizar el maltrato institucional, la coacción para obligar a renunciar a derechos, la intimidación como mecanismo de presión, ni el silencio como condición para conservar un empleo.

De ahí que, cuando estas prácticas se vuelven cotidianas, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural, y es precisamente ahí donde debe trazarse un límite.

En contraste, en el caso del programa Vasconcelos lo que se ha observado es una estrategia de contragolpeo tan predecible como preocupante; propia de los manuales de política antigua, digna del mandato Duartista, un patrón reconocible:
Primero, minimizar la situación, como si reducirla en el discurso pudiera desaparecerla en la realidad. Segundo, maquillarla distorsionando los hechos para construir una versión conveniente.

Tercero, desacreditar al “insolente”, es decir, a quien se atreve a cuestionar. Cuarto, activar el aparato institucional, incluso espacios que deberían ser autónomos, para reforzar esa narrativa y así desviar la atención del verdadero problema.

Dicho de otro modo, no se busca resolver, se busca controlar la percepción. Y estas prácticas no pertenecen a una administración en particular; responden a una forma de ejercer el poder que históricamente ha privilegiado la imposición sobre la rendición de cuentas.

No obstante, ese tipo de prácticas cada vez funcionan menos simplemente porque la gente observa, pero sobre todo entiende. Y aquí radica lo relevante del caso Vasconcelos: mientras desde ciertos espacios se intentaba generar desgaste, ocurrió lo contrario.

Mi base magisterial cerró filas. La sociedad se mostró solidaria y diversas voces respaldaron no solo la causa, sino la forma en que se ha defendido.
Porque, cuando la defensa es legítima, no necesita adornos y cuando hay congruencia, la gente responde.

Por último, este proceso no ha terminado; ya solicité una reunión por escrito, en apego al derecho de audiencia.

La postura de mis representados se mantiene firme: “no es un capricho, es un derecho», “no somos 7, somos 25″; preguntar no es insolencia.

Defender derechos humanos no es insolencia.

Representar no es negociar en lo oscuro, por el contrario, es asumir con responsabilidad el papel que la gente ha confiado.

Por ello, como secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano, lo reitero con claridad: A todas y todos aquellos trabajadores que estén siendo acosados, vulnerados, intimidados o presionados de cualquier modo dentro de la SEV, no están solos.
Acérquense a nosotros.

Serán escuchados con profesionalismo, absoluta discreción y empatía que merecen.

En el SIMVE hacemos valer sus derechos adquiridos.

Finalmente, hay algo que nunca debe olvidarse: el poder mal ejercido tiene fecha de caducidad… y suele vencer cuando más seguro se siente quien lo ejerce.