Pase de Abordar
El clip no salva a nadie: cuando la atención a las adicciones se vuelve un show mediático
/Por Ricardo Contreras Reyes/
En las últimas horas la llamada Patrulla Espiritual volvió a encender la cámara para presentarse como víctima de un policía municipal y, casi al mismo tiempo, gente ligada al grupo agredió a periodistas frente a una comandancia en Playas de Rosarito. No es un desliz de comunicación. Es la misma receta que los hizo virales: grabar primero, narrar después y asumir que quien sostiene el celular también puede interceptar, exhibir y, si hace falta, golpear.
La Patrulla, encabezada por Jesús Ignacio Osuna Torres —conocido como El Chiquilín— y ligada a centros como Jireh, encontró una fórmula comercialmente perfecta. Personas en calle, bajo el efecto de sustancias, son abordadas con apodos de feria, rodeadas por varios hombres y subidas a una camioneta mientras el forcejeo se convierte en mercancía digital. El fundador ha sostenido, sin rodeos, que esa es la base del modelo: llevárselos, aunque no quieran, porque —según su lógica— quien vive para consumir ya no tiene voluntad que respetar.
Esa idea se vende como compasión. En los hechos es otra cosa: el adicto deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser objeto de captura. La adicción es una enfermedad. No es un permiso para que un colectivo religioso-mediático decida en la banqueta quién entra a un anexo.
El internamiento involuntario existe en la ley mexicana, pero exige valoración clínica, protocolos sanitarios y salvaguardas. Lo que se ve en sus recorridos suele ser persuasión agresiva, superioridad numérica y un producto para redes.
La persona no es paciente. Es contenido.
Por eso el lenguaje no es ornamentación. Hablar de “tazos dorados”, de “hacer flotar” o de “becas” no humaniza: empaqueta. Cuando el rescate se filma antes de tratarse, la prioridad ya no es la clínica. Es el clip.
La violencia, además, no aparece como accidente. A finales de agosto un joven de 28 años murió dentro de Jireh. El dictamen forense no habló de una abstinencia “natural”: asfixia por sofocación y decenas de lesiones en el cuerpo. Dos hombres —presentados como internos o colaboradores— fueron detenidos. Un paciente recién ingresado no debería terminar destrozado en un supuesto hogar de fe. Si eso ocurre, el relato de las almas salvadas se sostiene solo con marketing.
Antes estaba el caso de una persona trans internada contra su voluntad, con denuncias de corte de cabello, ropa impuesta y un intento de “corregir” su identidad. Hubo amparo y salida del centro. El grupo, aun así, insistió en que el proceso debía continuar. No es un detalle menor. Revela que su doctrina no distingue entre consumo problemático e identidad: lo que no cabe en su molde masculino-cristiano se encierra hasta que quepa.
Y ahora el periodismo. Un reportero fue golpeado a puños y patadas por varios sujetos ligados a la Patrulla frente a la comandancia de Rosarito, con gritos de que lo iban a matar. El conflicto partió de que otro comunicador grababa a una de las encargadas. Traducción simple: su cámara sí; la que los fiscaliza, no. La policía, según las crónicas, tardó en intervenir. Esa demora no es un detalle operacional. Es el oxígeno del modelo.
Confrontar a un agente con el celular en la mano, exhibirlo y convertirlo en villano de Facebook encaja en el mismo patrón. Ellos se reservan el monopolio de la narrativa. Si un policía los mira mal, es amenaza. Si un periodista los documenta, hay golpes. Si un interno se resiste, es “fuerza necesaria”. Siempre hay un versículo o un apodo listo para justificarlo.
Nada de esto crecería si el sistema público de adicciones no estuviera hecho trizas. Las clínicas del Estado cubren una fracción ridícula de la demanda; los anexos ocuparon el hueco con literas, biblia y, en el peor de los casos, golpes. Eso explica el fenómeno. No lo absuelve.
Más grave: un ayuntamiento fronterizo destinó recursos públicos a un programa que involucró a esta red, mientras autoridades sanitarias ya habían señalado irregularidades. Recibir dinero del erario y seguir operando como show itinerante —incluso con “servicio” en Veracruz, buscando a otro “tazo dorado”— no es ministerio. Es convertir un problema social en marca.
Algunos gobiernos locales, al menos, han dicho lo mínimo: quien entre a un centro debe hacerlo con voluntad, y Salud y Derechos Humanos tienen que revisar. Esa frase debería ser el piso nacional. No lo es.
Criticar a la Patrulla Espiritual no es celebrar que la gente se pudra bajo un puente. Es negarse a que la única alternativa sea un comando evangélico con van rotulada, slang de feria y tolerancia cero a la crítica. Una sociedad seria trata la adicción con médicos, psicólogos, reducción de daños, vivienda y trabajo. No con un reality de redención frente a un ring light.
El actuar que hay que señalar no es el tropiezo de un grupo bienintencionado. Es un modelo: privatizar la coerción, sacralizarla, monetizarla y golpear a quien pregunte. Mientras las cámaras valgan más que el consentimiento, y el “tazo dorado” rinda más como clip que como persona, cada nuevo video no será prueba de milagro. Será prueba de que el espectáculo ya se comió a la ayuda.
