Pase de Abordar
Nepotismo y machismo en la Fiscalía que investiga la violencia contra las mujeres en Veracruz
/Por Ricardo Contreras Reyes/
No ha pasado ni una semana desde que el comandante Renán Jacob Jiménez asumió el encargo en el área de la Policía Ministerial de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, con sede en Xalapa, y ya surge una denuncia grave: habría incorporado a su esposa como “colaboradora” en las instalaciones y diligencias.
Según un abogado que acudió a una entrevista con agraviados (y que por temor a represalias prefiere no ser nombrado), la persona que tomaba la entrevista no era un policía de investigación debidamente acreditado, sino la esposa del comandante.
Una civil, de aproximadamente 20 años menos que él (el comandante ronda los 50), sin la preparación ni la facultad legal para manejar datos sensibles, identidades protegidas y expedientes de víctimas de feminicidio, violencia familiar o trata de personas.
El abogado lo interpreta sin rodeos: más que apoyo profesional, parece un acto de control personal. El machismo, dice, se filtra incluso en la dependencia encargada de combatir la violencia contra las mujeres.
Otras fuentes coinciden y van más lejos. Reportan que el comandante ha acudido a diligencias acompañado de su esposa, incluso en casos de alto perfil. En el feminicidio ocurrido en Coacoatzintla hace algunos meses —donde un hombre fue vinculado a proceso por el asesinato de su pareja—, se le vio dentro de la zona acordonada, “ayudando” en las actuaciones. Un civil sin nombramiento oficial dentro del perímetro de una investigación penal delicada, donde se resguardan identidades, se recolectan pruebas sensibles y se protege a testigos y víctimas.
Esto no es un detalle menor. La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres maneja información confidencialísima: datos de víctimas que denuncian abuso, perfiles de feminicidas, redes de trata. Permitir el acceso a una persona sin cargo, sin capacitación certificada y sin cadena de custodia adecuada viola principios básicos de la procuración de justicia, expone a las víctimas a riesgos adicionales y debilita la confianza pública en una institución que ya enfrenta un enorme escepticismo.
El contraste resulta especialmente hiriente: en una fiscalía creada precisamente para atender la violencia de género, un comandante recién nombrado introduce prácticas que evocan el viejo clientelismo familiar y el control patriarcal. “La quiero junto a mí todo el día para que no se me escape”, habría sido el sentido implícito según la percepción del abogado. Si eso es así, el mensaje que se envía a las veracruzanas es devastador: ni siquiera aquí, donde se investigan feminicidios, se escapa el machismo de siempre.
Hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, al Director General de la Policía Ministerial y a las autoridades correspondientes: deben investigar de inmediato estos señalamientos.
¿Es correcto que un civil sin facultades participe en entrevistas, diligencias y acceso a datos reservados? ¿Se están respetando los protocolos de confidencialidad y cadena de custodia? ¿Existe un conflicto de interés o una irregularidad administrativa?
Si las denuncias son infundadas, que se demuestre con transparencia. Las cámaras de vigilancia de las instalaciones de Xalapa podrían ofrecer elementos objetivos.
En caso de que se confirme la versión, corresponde tomar medidas correctivas inmediatas: separar a la persona sin nombramiento de cualquier contacto con expedientes sensibles, revisar el desempeño del comandante y reforzar los filtros de acceso en una unidad tan delicada.
Los eracruzanos, especialmente las mujeres que han sufrido violencia o han perdido a una hija, hermana o madre por feminicidio, tiene derecho a exigir profesionalismo, imparcialidad y cero nepotismo en la institución que debe protegerlas.
No se puede combatir la violencia de género con prácticas que la reproducen desde dentro.
- Veracruz merece una Fiscalía creíble, no un espacio más donde el “padrino”, el compadrazgo o el control familiar prevalezcan sobre la ley. Las autoridades tienen la palabra y la obligación de actuar con prontitud. La impunidad empieza cuando se toleran estas irregularidades en la casa misma de la justicia.
