La fiscalización como puente hacia un nuevo ciclo de gobernanza responsable: romper las “herencias tóxicas” en ayuntamientos con historial
/Por Javier Moreno/
En lugar de ver la labor del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz) solo como un ejercicio de sanción retrospectiva, propongo un enfoque distinto, pero en la misma línea: concebirla como un puente estratégico que libera a las administraciones entrantes del peso muerto de las irregularidades pasadas. Cuando un municipio acumula múltiples señalamientos en ejercicios fiscales anteriores, las auditorías profundas no solo persiguen responsabilidades individuales, sino que limpian el terreno para que el recurso público fluya hacia servicios reales, infraestructura funcional y desarrollo sostenible. Esto evita que las nuevas autoridades gasten sus primeros años “apagando incendios” heredados, reconstruye la confianza ciudadana y, sobre todo, rompe el ciclo vicioso de impunidad que ha convertido a algunos ayuntamientos en focos repetidos de mal uso de recursos. En Veracruz, donde decenas de municipios arrastran observaciones año tras año, esta visión convierte al ORFIS en un verdadero catalizador de cambio estructural.
Existen casos emblemáticos que ilustran esta dinámica. Por ejemplo, en Sayula de Alemán, el ORFIS reportó en la Cuenta Pública 2024 un presunto daño patrimonial de más de 74 millones de pesos, el más alto entre los 171 ayuntamientos auditados. Este municipio, que ya había concentrado observaciones significativas en periodos previos, ejemplifica cómo los señalamientos acumulados paralizan el avance: obras inconclusas, adeudos y recursos desviados que dejan a la población sin los beneficios esperados. Similar es el caso de Ixhuatlán del Café, con más de 65 millones de pesos en irregularidades detectadas en el mismo ejercicio, donde el patrón de inconsistencias financieras y técnicas en obra pública se repite, impidiendo que las administraciones entrantes (en este caso un cambio de partido) puedan enfocarse en prioridades locales sin primero resolver el desorden heredado.
Pero el caso que más urge atender con rigor y profundidad es el de San Andrés Tuxtla bajo la administración de la Dra. María Elena Solana Calzada, conocida como la “Dra. Remedios” ( 2022-2025 como alcaldesa por Morena). Aquí el historial es especialmente preocupante porque muestra un patrón de señalamientos que trasciende una sola gestión: ya en la Cuenta Pública 2021, bajo la administración anterior (Octavio Pérez Garay), el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial de más de 33 millones de pesos, lo que derivó en intervenciones de la Comisión de Vigilancia del Congreso. En la gestión de la Dra. Remedios, las observaciones se multiplicaron: en 2023 una diputada federal de Morena acusó un presunto desvío superior a los 53 millones de pesos; la ASF detectó irregularidades que superan los 25 millones (incluyendo adeudos millonarios, problemas graves con CONAGUA por más de 18 millones, ISR no enterado al SAT por alrededor de 7 millones y obras relacionadas con la crisis del agua que generaron un pliego de observaciones por más de 17 millones en 2024).
La “herencia” que dejó —adeudos, desorden financiero y obras sin resultados visibles— ha sido documentada en redes y medios locales como un lastre que la actual administración debe enfrentar mientras intenta resolver problemas cotidianos como el abastecimiento de agua. Precisamente por este historial de señalamientos repetidos en el mismo municipio, es aquí donde el ORFIS debe aplicar su mayor rigor: no solo revisar la Cuenta Pública 2024 (donde ya existen observaciones financieras y técnicas documentadas en su informe individual), sino profundizar en el seguimiento de pliegos pendientes, posibles responsabilidades de exservidores y, sobre todo, en la verificación física de obras pagadas que nunca funcionaron. Una auditoría exhaustiva, transparente y con consecuencias jurídicas reales, permitiría recuperar recursos, sancionar lo que proceda y, lo más importante, liberar a San Andrés Tuxtla de ese ciclo, para que las próximas gestiones puedan invertir en desarrollo genuino en una región tan estratégica como Los Tuxtlas, tal y como lo está haciendo la actual administración de aquel municipio.
En resumen, cuando el ORFIS investiga a fondo a ayuntamientos con historial de múltiples señalamientos —como San Andrés Tuxtla, Sayula de Alemán o Ixhuatlán del Café—, no solo cumple con su mandato legal: está invirtiendo en el futuro de Veracruz. Evita que la corrupción se convierta en una “herencia tóxica” que se transmite de una administración a otra, empodera a las nuevas autoridades para gobernar sin lastres y, sobre todo, devuelve a la ciudadanía la certeza de que el dinero de sus impuestos sirve para resolver problemas reales, no para engrosar cuentas pendientes. Es hora de que estas auditorías dejen de ser un trámite anual y se conviertan en el instrumento que realmente transforme la forma en que se administra lo público en los municipios con más sombras del pasado. La sociedad veracruzana lo exige, y los resultados de las cuentas públicas recientes lo justifican.
