*66 millones de mexicanos imposibilitados de comer 3 veces al día.

Por Luis Repper Jaramillo*

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En un país en donde la pobreza y pobreza extrema, el desempleo, la carestía de la vida y el desinterés del gobierno federal por corregir sus propios errores, como la política económico/financiera que tiene al peso mexicano en la peor devaluación de que se tenga memoria, casi en 16 pesos por dólar, a punto de desplazar a miles, sí, miles de empleados gubernamentales, en sólo dos años en el actual gobierno, 66 millones 112 mil mexicanos no pudieron acceder al mínimo alimenticio (canasta básica) porque su salario (mínimo) más que pagar por lo que hacen, es un insulto para la mitad de la población, no le alcanza para comer.

Un estudio del Senado de la República a través de su Instituto Belisario Domínguez, revela que «hasta ahora, la reforma laboral de Enrique Peña Nieto, más que ayudar a incrementar el empleo, afecta su estabilidad y ha impedido otorgar seguridad social«. Así de claro, así de real.

Destaca que 55% de los mexicanos no tuvieron posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica sólo con el ingreso laboral del jefe o jefa de familia, por lo que se vieron en la necesidad de ingresar a la economía informal, para completar la riqueza del hogar, pues reconoce que el mercado laboral formal presenta debilidades estructurales que evidencian las limitaciones de las reformas del gobierno de la república.

El estudio del Senado acepta que con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE/Inegi) desde el primer trimestre de 2010, observa que la población no alcanza a cubrir el costo de la despensa mínima con los ingresos producto de su trabajo que pasó de 47 por ciento en 2010 a 55% en 2014, por los incrementos desmedidos de carne, huevo, tortillas, gasolinas, frutas, legumbres, etc. con la anuencia e incapacidad de la Secretaría de Economía, para “someter” a los comerciantes a respetar precios.

El análisis del Instituto Belisario Domínguez, incluye una aportación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013, que llegó a las mismas conclusiones, de que en México, el bajo crecimiento de la productividad evidenció el estancamiento de los salarios reales, responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, por la nula supervisión de los programas de capacitación e impulso a la producción y productividad.

Añade que «otra consecuencia deriva de la forma de contratación para fijar el bajo nivel salarial del 55% de la mano de obra nacional. La OIT destaca que no debe perderse de vista que el objetivo final de las políticas de transición a la formalidad es la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de quienes se encuentran en la economía informal», situación que no sólo ha disminuido, sino incrementado y más a partir de 2016, en que el incapaz Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, amenazó, con despedir a más de 135 mil burócratas federales, (recortes) que no tendrán otra alternativa que sumarse al comercio callejero, lo que viene a echar abajo la insulsa reforma laboral y económica del régimen peñista, que no atina a resolver la crisis en que metió a los mexicanos.

Los especialistas del Instituto Belisario Domínguez (del Senado de la República) acusan que la nueva Ley Federal del Trabajo, (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012), limita la formalización del empleo ya que la propuesta peñista ordenó al Congreso de la Unión (Diputados, Senadores y Congresos locales) abogar por la flexibilización de las contrataciones en el mercado laboral, abrir la posibilidad de convenir relaciones de trabajo con periodos de prueba o de capacitación inicial, permitir el régimen de subcontratación o tercerización –para no crear derechos laborales: pensión, jubilación, salario justo, prestaciones, antigüedad, beneficios sociales, médicos, etc.- en detrimento de los trabajadores.

¿Qué trae como consecuencia esta “reforma priistas”? sencillo: la reducción del costo de la mano de obra, abatir la estabilidad en el empleo, favorecer el despido barato e incrementar el sistema de control empresarial sobre la contratación colectiva al legitimar el outsourcing, mediante la tercerización que consiste en la contratación de personal –sólo de manera temporal- para no crear derechos laborales ni prestaciones sociales (vacaciones, salud, antigüedad, vivienda, estímulos, restricciones al derecho de huelga etc), por lo que el trabajador queda desprotegido ante la Ley y derivan en más precariedad e incapacidad para construir relaciones laborales decentes, sustentadas en una negociación colectiva auténtica.

Hasta aquí parte del estudio ordenado por el Senado para ubicar en su justa dimensión al México real, y no al proyectado por un Sistema plagado de errores, distante absolutamente de la sociedad y con beneficios para los dos o tres círculos cercanos al inquilino de Los Pinos, como su gabinete, familiares, amigos, “compromisos”, empresarios (Grupo Higa, ICA) y casta divina como Ministros de la Corte, Consejeros Electorales, dirigentes partidistas, legisladores, empresas transnacionales y nacionales afines; ah, y unos cuantos medios de comunicación y sus “estrellas”

La realidad desenmascara a las proyecciones oficiales. El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el gris e inútil Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el titular del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida y el jefe de todos, tienen al país pendiendo de alfileres candentes, que de un momento a otro se funden o caen, lo que llevará a los mexicanos a la parálisis económica. No está distante y las cifras las proporciona el Inegi: desempleo galopante, informalidad creciente, pobreza lastimera, inseguridad inmerecida, alimentos inalcanzables para el 80% de la población; dólar dominante, enfrentamiento del gobierno federal con organismos internacionales, que desenmascaran una verdad oculta por el Sistema (ONU, Relatoría sobre Derechos Humanos), corrupción, impunidad, son el sello de un gobierno en quien no confían, no creen y que ha desilusionado.

En entregas anteriores aquí, he señalado 2 y 3 culpables de la situación, (Peña. Videgaray y PRI), pero quien supera esta visión por el costo del descredito hacia el gobierno federal  es el titular de Hacienda, Luis Videgaray y sus colaboradores a quienes ha fallado las estrategias y tácticas para reactivar la economía, fomentar el empleo mejor remunerado, captar abundante inversión privada nacional y extranjera que fortalezca las finanzas públicas, lograr mayor integración y cohesión social. Sin embargo, el “Mejor Ministro de Finanzas del Mundo 2014”, según la Revista Euromoney, o tiene pacto con el Diablo o sabe algo muy impactante contra su Jefe, porque no “lo renuncia”, otros por menos fueron despedidos o cambiados a otra cartera en donde no hagan daño. Hasta cuando seguiremos los mexicanos soportando a este funcionario impune.

Él tiene una reacción contra los mexicanos de bien; a través de su “brazo ejecutor” el Sistema de Administración Tributaria (SAT), aprieta la recolección de impuestos, realiza auditorías, acciones persecutorias contra quienes no pueden pagar impuestos o cualquier tipo de contribución fiscal, situación que se transforma en acoso, pero no modifica su sistema recaudatorio -ampliando la base gravable- siempre pagamos los menos, provocando la evasión de los verdaderos culpables de la raquítica captación tributaria.

A 29 meses de iniciado el sexenio no se vislumbran acciones convincentes que generen confianza y credibilidad entre los mexicanos, inversionistas, especialistas, académicos y analistas.

El daño a la imagen del gobierno y del país es alarmante debido a los fracasos del gabinete: la violencia no cesa, los abusos a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad, el descontento social y la desconfianza generalizada a la clase política, la economía que no marcha y la desesperanza de que pronto podamos mejora, son motivos sin resolver.

Pero no sólo es incredulidad y desconfianza de los mexicanos hacia Peña Nieto, su brazo derecho, Luis Videgaray va de mal en peor, y no lo digo yo, sino la Encuesta de Ipsos/Bimsa, “Evaluación de Dependencias y Secretaría de Estado”, realizada en febrero/marzo, en la que vía telefónica, los expertos preguntaron sobre la confianza y credibilidad en Luis Videgaray Caso y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la respuesta fue contundente: reprobado.

Sobre el papel del funcionario como estratega y responsable de la política financiera, fiscal, recaudatoria y económica del país, Videgaray obtuvo -7% (menos siete por ciento), ya que los mexicanos no creen que su programa sexenal saque al país del hoyo. El Secretario, dijeron, sólo cobra impuestos a los cautivos, pero deja fugar dinero a los grandes empresarios y políticos.

Respecto a la SHCP la encuestadora Ipsos/Bimsa, tuvo un negativo -13% (menos 13 por ciento), ya que sus acciones son persecutorias, acosadoras, amenazantes, pues sólo cobra a quienes tiene ahorcados, pero alienta la evasión y los privilegios fiscales a los grandes capitales.

Este escenario no cambiará en lo que resta del sexenio, por lo que si Enrique Peña, pretende impulsar como sucesor a Videgaray Caso en 2018, puede despedirse de su transexenalidad, porque los mexicanos no creen en él y tienen desconfianza de sus acciones.

Ya son 2 años cinco meses de gobierno peñista/priista y los desatinos continúan, ¿cuánto más soportaremos los mexicanos esta administración erradica? La prueba vendrá el domingo 7 de junio, cuando acudamos a las urnas a elegir algunos gobernadores, toda la Cámara de Diputados federal, varias alcaldías, ciertos congresos locales, la totalidad de las 16 delegaciones políticas capitalinas y 66 diputaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde competirán aspirantes priistas, ocasión que tendremos para cobrar facturas a una gestión federal equívoca, errática y selectiva, que desdeña a la mayoría de los mexicanos y favorece a los círculos privilegiados del poder.

*Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)