COPARMEX CDMX RESPALDA EL OBJETIVO DE GARANTIZAR RENTAS JUSTAS Y RECONOCE EL COMPROMISO SOCIAL DEL GOBIERNO DE CLARA BRUGADA; PROPONE SIETE MEDIDAS PARA FORTALECER LA INICIATIVA E IMPULSAR LA OFERTA DE VIVIENDA
* Respaldo al objetivo social del Gobierno capitalino. COPARMEX CDMX reconoce el
compromiso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para proteger a las familia ante los incrementos desproporcionados de las rentas y contribuir al acceso a una vivienda digna y asequible
* Equilibrio entre justicia social e inversión. El sector empresarial plantea fortalecer la
iniciativa mediante reglas que protejan a los inquilinos, brinden seguridad jurídica a los
propietarios y mantengan condiciones favorables para la inversión inmobiliaria
* Siete propuestas para ampliar la oferta habitacional. Actualización equilibrada de rentas, reconocimiento de inversiones y mejoras, garantías razonables, solución de controversias, registro digital sencillo, incentivos para rentas accesibles e impulso a la construcción de vivienda en arrendamiento
/Pasaporte Informativo/
La Confederación Patronal de la República
Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX), a través de su Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, que preside Alejandro Kuri Pheres, respalda el objetivo del Gobierno de Clara Brugada Molina de garantizar rentas justas, razonables y asequibles, y reconoce su compromiso social con las familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna. Al mismo tiempo, propone fortalecer la iniciativa de
Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de
México mediante siete medidas que permitan proteger a los arrendatarios, dar certidumbre a los propietarios y fomentar la inversión para incrementar la oferta de vivienda.
Ante la reciente presentación de esta propuesta legislativa, COPARMEX CDMX manifestó
su disposición para contribuir a su análisis y perfeccionamiento mediante un diálogo
constructivo con las autoridades y el Congreso local.
El organismo empresarial reconoce que el incremento desproporcionado de las rentas en
determinadas zonas de la capital, así como los procesos de gentrificación y desplazamiento de familias, representan problemas reales que requieren atención mediante políticas públicas responsables.
Sin embargo, considera indispensable que las medidas de protección a los arrendatarios
se acompañen de mecanismos que preserven la seguridad jurídica, la rentabilidad razonable de las inversiones y los incentivos necesarios para ampliar la oferta habitacional.
PROTEGER A LOS INQUILINOS Y FOMENTAR LA INVERSIÓN NO SON OBJETIVOS
CONTRADICTORIOS
Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de COPARMEX CDMX y expresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que la discusión legislativa representa una oportunidad para construir un marco jurídico moderno y equilibrado.
“Reconocemos y compartimos la preocupación de la Jefa de Gobierno por proteger a las familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible. Entendemos que gobernar una ciudad tan compleja implica conciliar las demandas sociales con las necesidades de desarrollo económico. Estamos convencidos de que ambos objetivos pueden alcanzarse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos”, expresó.
Kuri Pheres destacó que el sector inmobiliario tiene una responsabilidad social
importante, pero también enfrenta desafíos relacionados con los costos de
mantenimiento, rehabilitación, impuestos, servicios y conservación de los inmuebles.
Desde su experiencia de más de seis décadas de actividad familiar en la administración de
inmuebles destinados al arrendamiento, señaló que el mercado está integrado no solamente por grandes inversionistas, sino también por miles de pequeños y medianos propietarios que dependen de sus ingresos por rentas.
“Durante tres generaciones hemos conocido las necesidades de propietarios e inquilinos.
Sabemos que existen abusos que deben corregirse, pero también conocemos las
dificultades de quienes destinan sus ahorros a adquirir y conservar una propiedad para
obtener un ingreso complementario o asegurar su patrimonio familiar.
Una legislación justa debe proteger a ambas partes y reconocer que la vivienda en renta
también requiere inversión, mantenimiento y certidumbre jurídica”, afirmó.
PREOCUPACIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL
Durante reuniones recientes con representantes de asociaciones inmobiliarias, organismos empresariales y especialistas del sector, se identificaron diversos aspectos de la iniciativa que podrían perfeccionarse para evitar consecuencias no deseadas.
