- Se Acerca la hora de la Verdad: Auditorías podrán destapar pronto el Fracaso Millonario de la Administración Solana en San Andrés Tuxtla
/Por Ricardo Contreras Reyes/
Mientras el ORFIS profundiza en el escrutinio de la gestión pasada en San Andrés Tuxtla, las sombras de la opacidad persisten y el momento de rendir cuentas parece cada vez más cercano.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz continúa su labor de revisión exhaustiva de las cuentas públicas municipales, con un enfoque particular en administraciones salientes como la de María Elena Solana Calzada (2022-2025). Esta revisión en curso busca esclarecer a mayor profundidad el posible daño patrimonial acumulado durante un periodo marcado por promesas de soluciones a la crisis del agua y obras de infraestructura que, según las auditorías, no siempre cumplieron con los estándares técnicos ni documentales requeridos.
Los hallazgos ya disponibles son elocuentes. En la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un pliego de observaciones por 17.68 millones de pesos en probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal (pliego 2024-D-30141-19-2098-06-001). Se trata de contratos de FORTAMUN y FAISMUN relacionados con obras hídricas (“Las Víboras – San Simón” y similares), donde no se exhibieron pruebas de laboratorio suficientes ni documentación que acreditara la calidad de los trabajos pagados. Esto impide validar si los recursos —más de 35 millones muestreados— se ejercieron con eficiencia.
El ORFIS, por su parte, no se quedó atrás. En la Cuenta Pública 2023 detectó decenas de observaciones (27 en total), con daños patrimoniales cuantificados en cientos de miles de pesos por sobreprecios, obras sin permisos y discrepancias contables, aunque la prensa local habló entonces de un impacto agregado cercano a los 52 millones. Para 2024, el informe individual arrojó 22 observaciones y 30 recomendaciones, destacando un rebase de 9 millones en servicios personales, saldos pendientes sin liquidar, ausencia de proyectos ejecutivos completos y falta de intervención del Síndico en la aprobación de la Cuenta. Un subsidio por emergencias (lluvias ocasionadas por Tormenta “Nadine”) también quedó mal aplicado por 174 mil pesos.
Estas no son simples “fallas administrativas”. Reflejan un patrón: obras promocionadas como transformadoras que terminan inconclusas o de calidad dudosa, deudas a proveedores, nepotismo señalado (involucrando a los hijos de la exalcaldesa) y una opacidad que impide a los ciudadanos saber exactamente en qué se fueron los cientos de millones manejados. El municipio de San Andrés Tuxtla, como muchos otros en Veracruz, concentra parte de un daño patrimonial estatal que el ORFIS ha cuantificado en miles de millones a nivel general.
En un contexto donde el ORFIS avanza con auditorías al cierre fiscal 2025 y promueve denuncias penales por daños millonarios en otras administraciones, es razonable esperar que los pliegos pendientes de Solana Calzada y su equipo reciban un seguimiento riguroso. La población de San Andrés Tuxtla, que aún enfrenta problemas crónicos de agua y servicios, merece más que columnas de opinión o promesas electorales: merece transparencia real, reintegros efectivos y, cuando proceda, responsabilidades claras.
La fiscalización no es un fin en sí mismo, pero sí un instrumento indispensable para que la rendición de cuentas deje de ser letra muerta. Si el ORFIS y la ASF profundizan como sugieren sus programas anuales, este caso podría convertirse en un ejemplo de que, tarde o temprano, la vigilancia institucional alcanza a quienes confunden lo público con lo propio. Los sanandrescanos están atentos.
