LA CIDHPDA RESPALDA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL HUACHICOL FISCAL
- “Las detenciones recientes de 14 personas, entre ellas empresarios, marinos y exfuncionarios, demuestran el compromiso del Estado mexicano con la legalidad y la transparencia”.
/Pasaporte Informativo/
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, expresa su respaldo y solidaridad con la política de seguridad y combate a la corrupción emprendida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconociendo que la corrupción gubernamental ha provocado en México y América Latina un grave retroceso en la consolidación democrática, debilitando las instituciones y vulnerando los derechos humanos de los pueblos.
La reciente información dada a conocer por el Gobierno de México, la Agencia Nacional de Aduanas y la Fiscalía General de la República, sobre más de 200 órdenes de aprehensión contra funcionarios, militares, agentes aduanales y empresarios vinculados al huachicol fiscal, refleja la urgencia de erradicar las redes de complicidad que han permitido por años el contrabando de combustibles en perjuicio de la nación.
La CIDHPDA reconoce la labor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y de las instituciones que participan en el combate a estas estructuras criminales. Las detenciones recientes de 14 personas, entre ellas empresarios, marinos y exfuncionarios, demuestran el compromiso del Estado mexicano con la legalidad y la transparencia.
La corrupción y el crimen organizado dañan la vida democrática y el ejercicio público. Por ello, exigimos al Gobierno de México llegar hasta las últimas consecuencias, garantizando un verdadero Estado de Derecho, en apego al Objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Este objetivo impulsa la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas, con acceso a la justicia para todos y con instituciones eficaces, responsables y transparentes. En este sentido, el Estado mexicano está obligado a actuar con firmeza, para proteger los derechos humanos y promover un desarrollo humano sostenible que beneficie a todas y todos los mexicanos.
