Ciudad de México, , 01 de Julio de 2022

LA CIDHPDA SE SOLIDARIZA CON LA COMUNIDAD JESUITA POR EL ASESINATO DE LOS SACERDOTES JAVIER MORALES Y JOAQUÍN SALAZAR

Pasaporte Informativo
23 junio, 2022

LA CIDHPDA SE SOLIDARIZA CON LA COMUNIDAD JESUITA POR EL ASESINATO DE LOS SACERDOTES JAVIER MORALES Y JOAQUIN SALAZAR.

/Pasaporte Informativo/

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de Agricol Lozano Gómez, Comisionado de Asuntos Interreligiosos para América Latina, se solidarizó con la Comunidad Jesuita por el asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el pasado 20 de junio dentro de la parroquia de Francisco Xavier en Cerocahui, Chihuahua.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la tarde del lunes los sacerdotes jesuitas intentaron auxiliar a un hombre, identificado como Pedro Eliodoro Palma, quien huía de personas armadas, sin embargo, los criminales ingresaron a la iglesia, los asesinaron y sustrajeron sus cuerpos del lugar. 

Crímenes de esta índole no son aislados, la sierra Tarahumara, como otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Según, la organización Centro Católico Multimedial, en la última década 30 curas han sido asesinados a lo largo del territorio mexicano y en los últimos cinco sexenios la Iglesia Católica ha registrado 70 atentados en contra de sacerdotes y religiosos, siendo los estados de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Morelos y Oaxaca, así como la Ciudad de México y el Estado de México las zonas más violentas para ejercer dicha vocación.

Por lo anterior, la CIDHPDA exige se realicen las investigaciones correspondientes de estos asesinatos, así como la recuperación y restitución de los cuerpos sustraídos, considerando todas las líneas de investigación e identificando a los actores materiales e intelectuales. Al mismo tiempo, recalca la obligación que tienen las autoridades estatales y federales a implementar medidas de seguridad y protección a las comunidades más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico, como la zona de la Sierra Tarahumara, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas, garantizando en todo momento el cumplimiento de los derechos que, como seres humanos, les corresponden.

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