• Es una historia con suficientes elementos para una novela de truculentos apetitos y ambiciones empresariales por contratos millonarios, en los que el armado de acusaciones y filtraciones de pláticas telefónicas, es parte nodal encauzada para desprestigiar y desmontar de la Bolsa de Valores al contrincante hasta llevarlo a la quiebra

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

Para armar su defensa y limpiar su imagen, incluso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la trasnacional española Obrascón Huarte Lain (OHL) consumió ponderadamente nueve meses en los que investigó, analizó y documentó los elementos –fundamentalmente la filtración de llamadas telefónicas, editadas—de la embestida que en su contra enderezó la empresa Tecnología Aplicada Infraiber S.A. de C.V., cuyo propietario es Pedro Topete Vargas.

Es una historia con suficientes elementos para una novela de truculentos apetitos y ambiciones empresariales por contratos millonarios, en los que el armado de acusaciones y filtraciones de pláticas telefónicas, es parte nodal encauzada para desprestigiar y desmontar de la Bolsa de Valores al contrincante hasta llevarlo a la quiebra. En la guerra, la política y los negocios todo se vale, diríase en paráfrasis de la máxima popular.

Y así ocurrió. En la filtración mediática de grabaciones de llamadas telefónicas, se daba por sentado que OHL México obtenía ilegalmente –vía mecanismos de corrupción– contratos con el gobierno federal y administraciones estatales, en especial del Estado de México. Este factor de lanzar la piedra desde el anonimato, fue detonante del escándalo que involucró a funcionarios públicos.

Ayer, Sergio Hidalgo Monroy Portillo acusó a Infraiber de estar atrás de acusaciones mediáticas y denuncias presentadas en contra de OHL a las que calificó de falsas y orientadas a desacreditar a la empresa española.

Monroy Portillo es el director de OHL México, acompañado del penalista Juan Velázquez; el contador público Carlos Cárdenas Guzmán, miembro independiente del Consejo de Administración para OHL México, y Eduardo Ortega, representante de FTA Consulting México, finalmente emprendió la tarea de limpiar la imagen de OHL y denunciar públicamente la embestida; informó de las acciones judiciales emprendidas en este asunto que involucró, incluso, al presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios de las ligas mayores mexicanas.

La causa de este escándalo –que data de 2012 pero estalló en abril del año pasado– fue la pertenencia y operación del llamado SIVA (Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio) en todas las autopistas de cuota del Estado de México, entre ellas las del Circuito Exterior Mexiquense. Un negocio millonario de concesión que Infraiber peleó para operarlo, pero cuando falló en el intento, recurrió al chantaje y la difamación.

Hoy, de acuerdo con Monroy Portillo, están identificados y denunciados ante la PGR los autores de esa campaña que a OHL ha provocado severas pérdidas económicas y desprestigio como grupo internacional de concesiones y construcción con una historia centenaria en países de los cinco continentes y que, de acuerdo con Monroy Portillo, tiene una plantilla laboral ponderada en 26 mil personas, cuatro mil 186 están en México.

Por supuesto, si se pregunta a un político si es corrupto, le dirá que no. Pero negar una acusación grave, requiere de soporte, más en tratándose de un tema en el que hasta el Presidente de la República sale raspado.

Por eso, cuando Hidalgo Monroy Portillo responsabilizó ayer a la empresa Tecnología Aplicada Infraiber S.A. de C.V., sin citar por su nombre al propietario de ésta, Pedro Topete Vargas, de estar atrás de acusaciones mediáticos, con las grabaciones filtradas y denuncias presentadas ante autoridades diversas, llevaba en la mano el respaldo documentado.

El problema, decía, data del año 2012 cuando el Gobierno del Estado de México decidió instalar el SIVA, en todas las autopistas de cuota del Edomex, e instruyó a OHL a que se cobrara por cuenta y orden del Estado, 50 centavos por cruce vehicular, para sufragar los gastos de instalación y operación del SIVA por parte de Infraiber, la que tres meses después de su constitución formal, recibió el contrato por el que habría obtenido recursos del orden de los 4 mil millones de pesos.

Sin embargo el gobierno mexiquense decidió cancelar el contrato de Infraiber y ahí vino la venganza porque, citó Hidalgo Monroy Portillo, como respuesta a dicha decisión y pese a que OHL no tiene ni ha tenido relación contractual alguna con Infraiber, ésta promovió varios juicios contra el gobierno estatal, en los que se involucró a OHL México como tercera perjudicada.

A principios de 2015, recapituló Sergio Hidalgo, Infraiber pidió verbalmente a OHL que interviniera con las autoridades mexiquenses para que se reinstalara el SIVA en la autopista, “con la advertencia de que si no lo hacíamos, ellos presionarían”, incluso representantes de Infraiber hablaron a las oficinas de OHL en Madrid para insistir a sus funcionarios que si no se arreglaba el asunto del SIVA se crearía un gran escándalo para perjudicar a la empresa.

De ello hay una denuncia penal por extorsión interpuesta por OHL México ante la PGR el 10 de septiembre del año pasado OHL México interpuso ante la PGR.

Por supuesto, los responsables de la campaña de desprestigio y autores de las grabaciones ilegales identificados ante las autoridades, han tratado de ampararse, pero el recurso les fue negado y está en revisión.

Sergio Hidalgo informó detalles como que, desde principios de 2015, primero, de forma anónima y con prestanombres, luego ya sin esconder la autoría vino la embestida de Infraiber, que ha transitado con el manto de víctima, cuando se trata de una empresa que presentó en su acta constitutiva un capital de 50 mil pesos y ha invertido, ponderadamente, más de 3 millones y medio de pesos en desplegados. ¿De dónde, apá?

También envió y sigue enviando comunicados a diversas dependencias gubernamentales e instituciones financieras tanto en México y América Latina, como en España, denostando a OHL México y al Grupo OHL.

Por ello, de acuerdo con Sergio Hidalgo, OHL México presentó una demanda civil por daño moral que obliga a Infraiber y a sus representantes, a demostrar en tribunales 36 imputaciones que ha incluido en su campaña y que son falsas.

Por la intervención y difusión de comunicaciones telefónicas ilícitas y editadas, se presentaron cuatro denuncias también radicadas ante la PGR.

“No descansaremos hasta que los responsables de estos actos sean juzgados por la ley. Confiamos en el Estado de Derecho, en las garantías legales y en la seguridad jurídica que ofrece México a sus inversionistas. Estamos seguros que un delito como este no quedará impune”, planteó el directivo en la conferencia de prensa, ilustrativa sin duda.

Y es que, incluso, OHL México ha sido objeto de diversas investigaciones y auditorias, como el procedimiento administrativo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició. Hasta ahora, citó Sergio Hidalgo, la CNBV solo ha observado diferendos en algunos criterios de contabilización de la compañía. Uno de ellos, el tratamiento contable que OHL sigue en las concesiones en que tiene una cláusula de rentabilidad garantizada.

Claro, hubo respuesta de Infraiber, aunque sólo enunciativa. Papelitos hablan. Conste.

MIÉRCOLES. ¿Habrá ajuste en el gabinete presidencial? Digo.

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