• Donde también parece haber un silencio extraño es con las titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres, incluido el de la Ciudad de México, y no se diga de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (la CONAVIM), ausentes en pronunciamientos de condena o posicionamientos sobre tales casos

En memoria de Dante Limón

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

¿En qué nos quedamos? Sin duda, las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia arrastran crisis de credibilidad atadas a administraciones federales, estatales y municipales de todos colores y siglas. Justicia retrasada es injusticia; justicia negada implica confabulación y prohíja impunidad.

Por eso, carentes de credibilidad plena, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros han sido obligados –tiempos de globalidad y por intereses políticos—a abrir puertas a representantes de organismos internacionales para hurgar en expedientes bajo su tutela, en busca de lo que, en lo doméstico, se niegan a aceptar y juzgar.

La praxis política ha dictado el proceder de las procuradurías de justicia del país y de manera relevante de la Procuraduría General de la República, igual de los juzgados y hasta en la Suprema Corte de Justicia, donde ministros de aparente imparcialidad y despojados de simpatías políticas, han sido pillados en ejercicio de acuerdos y compadrazgos que influyeron en sus fallos.

En ese tenor, respecto del tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, buena parte de la opinión pública se ha inclinado por las versiones marginales de, por ejemplo, estos miembros del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con remuneraciones onerosas han puesto en un predicamento al Estado mexicano.

Lo cierto es que los gobiernos del México contemporáneo, a partir de la administración de Carlos Salinas de Gortari, se han obligado a atender resolutivos de organismos internacionales para juzgar asuntos y personajes nacionales. Desde las organizaciones que vinieron a apoyar al EZLN y disfrazarse de luchadores sociales que dieron pauta al “turismo guerrillero”.

Tenga o no razón la PGR acerca del informe cuestionado por miembros del GIEI, la intervención de estos expertos –quiero creer que lo son–, desmadró una investigación, la manoseó de forma tal que ninguna de las partes tendrá el respaldo social; ambas transitarán por linderos de la sospecha.

Y, bueno, ¿en qué otro tema el Estado Mexicano tendrá que importar justicia? Porque, de continuar en ese rumbo, sin asideros legales para defender por ejemplo al Presidente de la República, qué caso tiene seguir con la PGR si ha llegado al nivel de oficialía de partes porque, ya sea que atienda recomendaciones o sentencias de instancias internacionales o línea para el cobro de facturas políticas. ¿Será fiscalía?

Porque los problemas de carácter federal se acumulan y no hay evidencia que indique una decisión política para detener a delincuentes de cuello blanco ni amigotes o bravucones como Ángel Heladio Aguirre Rivero y Javier Duarte de Ochoa, Guillermo Padrés Elías y Rodrigo Medina de la Cruz. Los chivos expiatorios tienen la virtud de evidenciar sociedades perversas en el poder público y privado.

Ahí tiene usted el creciente número de feminicidios. Porque la condición machista en sociedades de raigambre conservadora como la mexicana, arraigo insolente que indigna, ha sido factor generador de impunidad desde las esferas de previsión e impartición de justicia. Decíamos.

Sólo hasta años recientes la legislación avanzó a pasos apresurados bajo presión de organizaciones de mujeres como ha ocurrido en las representativas de la comunidad lésbico-gay y transgénero.

Sin embargo, pese a los esfuerzos que desde el Estado Mexicano se han hecho para establecer un marco jurídico sólido, con instituciones que cuentan con atribuciones expresas para hacer políticas públicas y con fiscalías especializadas orientadas a la investigación y sanción de la violencia de género, la realidad es que ésta violencia se mantiene como un fenómeno social que cada día se recrudece más, dejándose mostrar en acciones cada vez más brutales y patológicas.

Casos como los de las jóvenes periodistas violentadas, en espacios públicos y a plena luz del día, en la Ciudad de México y el Estado de México, así como el de una joven estudiante que sufrió las atrocidades de una banda de juniors conocidos como los Porkys de Costa de Oro en el estado de Veracruz, de ninguna forma representan casos excepcionales.

Lamentablemente son situaciones de violencia de género que cotidianamente viven las mujeres, particularmente las niñas y jóvenes, en muchas partes del país cualquiera que sea su condición.

La situación es complicada, ya que más allá del castigo que legalmente deben merecer los presuntos responsables de los delitos, las víctimas se han encontrado con un entramado institucional que da muestras de una resistencia cómplice y pasiva para procurar justicia frente a los hechos denunciados.

Donde también parece haber un silencio extraño es con las titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres, incluido el de la Ciudad de México, y no se diga de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (la CONAVIM), ausentes en pronunciamientos de condena o posicionamientos sobre tales casos.

En este escenario, sólo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) planteó “urgente llamado” al gobierno de Veracruz para que garantice los derechos humanos de la menor de edad que fue violada hace más de un año por aquellos juniors apodados Los Porkys.

La postura de Inmujeres ocurrió más de una semana después de que el caso trascendiera públicamente en redes sociales. Y lo hizo mediante un comunicado en el que, ¡aleluya!, reconoció que en México la violencia sexual contra las mujeres “es una de las expresiones más normalizada” del machismo, y muchas veces no les creen o retrasan injustificadamente las investigaciones, lo cual debe ser sancionado.

Por ello, regístrelo, dijo que es fundamental que el estado de Veracruz cumpla las obligaciones de diligencia debida y adopte las medidas necesarias para que no sea revictimizada, como ya lo ha sido. Y, vaya, sostuvo que si hay responsables por esos hechos “deben ser llevados ante la justicia, para que rindan cuentas sobre sus actos”. O sea. Pero, no aludió a otro caso de una menor de edad que fue alcoholizada y ultrajada por un joven, hijo del director general de Pesca y Acuacultura del gobierno Veracruz, Rafael Cruz Hernández.

¿Acaso no es el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia una de las tantas causas que promueven y defienden desde sus instituciones?

Esto no debe ser sorpresa para nadie. Las titulares de los Institutos y de la CONAVIM no pueden exponer con un escándalo mayor a sus mecenas de partido, menos ahora que se tienen elecciones en puerta. Para que luego no digan que el sistema está podrido.

Es un hecho que la violencia de género es un asunto sumamente politizado. Las autoridades participan, dentro y fuera del país, con sus pomposos pero estériles discursos, y en la realidad responden con la complicidad de sus inacciones y omisiones que sólo han servido para seguir manteniendo a la impunidad y la injusticia como grandes amenazas en contra de las mujeres mexicanas y el debido ejercicio de sus derechos humanos.

¿Permitirá el Estado Mexicano que, como ha ocurrido con otros eventos similares, estos casos escalen hasta los órganos jurisdiccionales de nivel internacional? ¿Llegarán a formar parte de los informes periódicos ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la CEDAW) y ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará (el MESECVI)? Justicia importada. Conste.

LUNES. ¿Quién es ese personaje que parece tener el monopolio del manejo de prensa de los candidatos priistas, vendiéndoles ideas ajenas? Dicen autorizó el discurso de Omar Fayad, que fue una pieza impresentable. Hay que regalarle una llenadera. Digo.

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