Mochila Política
LA PERSECUCIÓN
/Por Héctor Moreno/
Conforme el proceso electoral avanza, el gobierno federal ha acentuado su perfil
autoritario para perseguir a opositores y a quienes no piensan como ellos.
El disenso con el poder se paga con descrédito público y persecución legal. La
docilidad al poder se paga con millones de pesos.
No importa la división de poderes ni la legalidad se trata de impulsos desde el poder
para imponer a cualquier costo su proyecto ideológico.
Desde el poder se instrumentan las estructuras de gobierno para armar casos
legales y se compran aliados en los medios para operar una pinza en contra de
quienes expresan sus diferencias políticas.
Esa persecución se ha dado desde el inicio de este régimen desde distintos frentes
y a diversos opositores, y ahora con la polarización electoral los hechos son más
visibles.
En los casos más significativos la persecución se ha dictado desde la Presidencia y
en otros han sido grupos dentro del mismo poder quienes han asumido la misma
actitud de intolerancia y persecución.
Obispos, jueces y gobernadores
Desde que Olga Sánchez Cordero asumió como secretaria de Gobernación, varios
de sus aliados en el mismo gobierno federal, en el Congreso de la Unión y en
congresos locales impulsaron su agenda para legalizar el aborto, cumplir la agenda
internacional del movimiento lésbico gay; legalizar las drogas, entre otros temas.
Conforme líderes religiosos y políticos de otros partidos fueron expresando sus
posturas, la respuesta de esos grupos fue demandarlos, ya fuera ante las
comisiones de derechos humanos, ante la Conapred e incluso judiciales. Por
ejemplo, son varios obispos sobre quienes pesan demandas por haber expresado
su doctrina en distintas materias.
La iniciativa de promoción de la “igualdad sustantiva” impulsada por unas
legisladoras radicales del partido oficial, Morena contempla como uno de sus puntos
principales poner mordaza y procesar legalmente a quienes disientan del contenido
de esas leyes.
La gravedad del asunto dio pie al documento del Episcopado Mexicano, “Unidos por
el Bien Común” en términos no vistos hasta ahora en este sexenio.
Dos de los casos más recientes son el del juez que concedió los amparos a
particulares en contra de la reforma eléctrica y los consejeros del INE que
sancionaron a candidatos de Morena, el partido oficial.
En el primer caso fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien desacreditó
-sin ninguna prueba al juez- y exigió al presidente de la Suprema Corte una
investigación fundamentada solo en su enojo y sospechas. Ante la respuesta de
respaldo desde diversos frentes ciudadanos, gremiales, políticos el presidente de la
Corte emitió una tibia respuesta.
En el caso más reciente, los consejeros del Instituto Nacional Electoral votaron por
mayoría retirar el registro a varios candidatos de Morena a distintos puestos de
elección popular por no cumplir con sus obligaciones legales de transparentar el
uso de recursos y la respuesta de los legisladores del partido oficial y sus aliados
fue promover juicio político en contra del presidente del INE y de otro consejero.
Pero lo más grave ha sido hasta ahora la utilización de la Unidad de Inteligencia
Financiera para perseguir a opositores políticos.
La UIF es un ente administrativo dependiente de la secretaría de Hacienda, pero el
protagonismo de su titular, Santiago Nieto cobijado por el presidente López Obrador
la han colocado como un ente con una gran presencia mediática, pero sin resultados
reales.
La razón es que la UIF no tiene facultades legales de persecución y sus casos los
debe sujetar a la Fiscalía General de la República.
Tan es así que en lo que va de este gobierno, la FGR abrió 273 carpetas de
investigación a partir de denuncias presentadas por la UIF por posible lavado de
dinero y otros delitos, pero solo un caso ha sido judicializado y no hay sentencia.
La evidencia habla por sí sola.
Y aunque los resultados legales son nulos, el despliegue mediático a los temas de
la UIF es inusitado.
Algunos de los preferidos del coro mediático de este gobierno también se han visto
beneficiados económicamente.
El escándalo más reciente es el de Epigmenio Ibarra, cuya empresa Argos recibió
un préstamo de Bancomext por 150 millones de pesos. Su socio es Carlos Payán,
ex director de La Jornada. Ibarra es uno de los acérrimos defensores del régimen
actual y al único a quien López Obrador ha concedido una entrevista videograbada
en Palacio Nacional.
Pero no es el único caso. Ahora se comienzan a desvelar los pagos a Carmen
Aristegui.
En una cuenta de Twitter, @alephbio se publicó el 21 de marzo que la empresa Saio
Servicios había recibido 8.3 millones de pesos por 19 contratos de publicidad
adjudicados de manera directa por el actual gobierno federal entre 2019 y 2020.
Y en la columna A la Sombra de El Sol de México, cuatro días después se
abundaron algunos detalles:
“Es el mismo caso de la empresa Saio Servicios S.A., propiedad de la periodista
María del Carmen Aristegui Flores y de María Aurea Aristegui Flores, que ha sido
favorecida por el gobierno federal por un monto de $8,392,488.00 durante los años
2019 y 2020, por servicios a dependencias como el IMSS, Fonacot, Segob, FND,
Pronósticos Deportivos, SHCP, Banobras, INBA, SFP, Grupo Aeroportuario CDMX,
IMCINE, SSA y Banco del Bienestar. Saio crea y difunde contenido a través de
internet. Actualmente la agencia de publicidad es proveedora del Gobierno federal,
según consta en el RUPC de la SHCP”.
Aristegui junto con otros periodistas y analistas, como Edgardo Buscaglia, se han
convertido en los más fuertes impulsores de Santiago Nieto.
Los casos de Epigmenio y de Carmen Aristegui son paradigmáticos, tienen el mismo
tufo autoritario y dictatorial, pues ahora el dinero se los dieron los puros y buenos.
El enriquecimiento al amparo del poder ahora es bueno, porque se los dan los
limpios y puros y no los que ellos acusaban de corruptos.
La única forma de detener esas actitudes dictatoriales es la participación ciudadana
y la oportunidad son las elecciones del próximo seis de junio.
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