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RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, RETO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: BRENDA ESCAMILLA

RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, RETO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: BRENDA ESCAMILLA

/Pasaporte Informativo/

Toluca de Lerdo, Méx.- Al resaltar que la corrupción es un fenómeno que lastima constantemente a la ciudadanía, afecta la economía y vulnera las instituciones y la democracia, la diputada Brenda Escamilla Sámano advirtió que uno de los grandes retos que enfrentan los partidos políticos, y las instituciones políticas en general, es recuperar la confianza de la población.

Participante en el Foro de Transparencia, Anticorrupción e Integridad Electoral, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, la legisladora del PAN señaló que la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para combatir la corrupción de forma más efectiva, por lo que fortalecer a las instituciones responsables de garantizar la vida democrática y los procesos electorales en el Estado de México requiere convertir a la transparencia en aliada.

La presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la 60 Legislatura dijo que los ciudadanos tiene derecho a conocer el uso de los recursos destinados a mantener la democracia en el país y a hacerlo sin medidas burocráticas de por medio, y agregó que hoy los aliados no solo deben ser actores políticos, sino también, y de forma permanente, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. “Solo de esa forma alcanzaremos la integridad y el comportamiento ético que los mexiquenses merecen”.

Recordó además que en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 135 de una lista de 180 países y es el peor evaluado entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, junto a Rusia, lo es también del G20.  

            Asimismo, señaló que en el país los partidos políticos se perciben como las instituciones más corruptas (91%), seguidos por la Policía (90%), los servidores públicos (87%) y el Poder Legislativo (83%), mientras que las instituciones con menor índice son el Ejército y la Marina, con 12%.

De este estudio se desprende que los partidos políticos son las instituciones que más pagos extraoficiales de empresas reciben, en tanto que en los últimos años  41 gobernadores fueron señalados por actos de corrupción, de los  cuales 16 fueron investigados y solo cuatro, detenidos.

La diputada refirió que estos escándalos de corrupción son un ejemplo que explica la deslegitimación que enfrentan los partidos políticos, que va desde el mal manejo de recursos en campaña, hasta el cobro indebido de funcionarios emanados de partidos políticos para la gestión y asignación de recursos a los gobiernos de los estados y municipios

Por ello apuntó que en un régimen democrático, los partidos políticos no solo son instrumentos de acceso al poder, sino que ejercen funciones sociales y político-electorales y, de acuerdo con la normativa en la materia son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder.

De los ocho partidos políticos que cuentan con registro en la entidad, seis cumplen con la obligación legal de tener en su sitio de internet una pestaña que redirige a la página donde se encuentra su información (morena, PAN, PRI, PRD, PT y MC), y sólo uno (el PRD) presenta en su página principal el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.

 Brenda Escamilla destacó que los formatos en los cuales se presenta la información no son  de fácil comprensión para el público en general, además de que no se presenta  fácil acceso o información referente a los órganos de transparencia internos.

Finalmente, mencionó que para construir integridad en los partidos políticos, se requiere la promoción de las leyes en materia de transparencia; identificar con claridad lo que es la protección de datos personales, realizar fiscalizaciones ajenas al Poder Ejecutivo y evitar que los partidos políticos influyan en las decisiones de gobierno.

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