EL PERIODISMO DEBE SER RECONOCIDO COMO UNA ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO, COINCIDEN DIPUTADOS DE MORENA
/Pasaporte Informativo/
Los diputados del Grupo Parlamentario de morena en la 60 Legislatura, Azucena Cisneros Coss, Max Correa Hernández y Julio Alfonso Hernández Ramírez coincidieron en que el periodismo debe ser reconocido como una actividad de interés público, que el Estado de México no puede ser omiso ante la situación tan alarmante que viven los periodistas en relación con su seguridad, así como en escuchar al gremio periodístico a fin de contar con una legislación adecuada.
Lo anterior, durante la conferencia magistral “Ley de Protección a Periodistas, una mirada desde el análisis internacional”, dictada por el periodista italiano Francesco Forgione, moderada por el periodista José Reveles Morado.
Azucena Cisneros afirmó que es obligación de los órganos institucionales garantizar un libre trabajo de los periodistas, así como de establecer los mecanismos que permitan el ejercicio de su labor sin censura, con responsabilidad y respeto.
Ante directores de medios de comunicación y periodistas mexiquenses, la legisladora refrendó el compromiso de la Legislatura con la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, la transparencia y las garantías a los periodistas para que puedan realizar su trabajo libremente, ya que “son la voz que visibiliza lo que pasa en el país”.
Señaló que este encuentro es uno de los muchos espacios de reflexión que se abrirán para hacer de su propuesta de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, un entramado jurídico más maduro y completo.
Max Correa, presidente de la Comisión Legislativa de Protección Civil, sostuvo que la actividad periodística debe ser catalogada como de interés público, y coincidió en que la referida iniciativa de ley es perfectible y se nutre de las sugerencias y propuestas de los propios periodistas.
Indicó que tanto la propuesta de ley, como el resto del andamiaje jurídico relacionado con esta, debe incluir la seguridad y el salario digno para los trabajadores del periodismo y la protección de la información que generan, a fin de mejorar las condiciones en que laboran y se desenvuelven, además de la reglamentación de la contratación de publicidad.
Reiteró la voluntad y disposición de morena de establecer comunicación con los periodistas para aprender de ellos, y reconoció que el evento es una muestra de las acciones que su bancada quiere llevar a cabo a su favor. Destacó que este tipo de reuniones se realizarán en varias regiones y municipios de la entidad para conocer las circunstancias y dificultades que enfrentan.
Julio Alfonso Hernández, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, coincidió en que la propuesta de ley es perfectible, que debe garantizar el derecho a la información y al periodismo y que debe verse como una herramienta de interés público.
Señaló que, ante el nuevo panorama del periodismo y la libertad de expresión, no se trata de polarizar sino de que la actividad periodística se pueda ejercer con plenitud y con la debida protección del Estado mexicano y mexiquense; celebró la realización del evento y reconoció que la manifestación de opiniones e inquietudes por parte de los periodistas permite enriquecer la ley y garantizar así una verdadera protección del ejercicio de su labor.
Señaló, además, la resistencia de lo que llamó la “mafia del poder” para garantizar la libertad de expresión.
Aribel García Pérez, representante de la Dirección General de Estrategia para la Atención de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, mencionó que esta institución comparte la visión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de promover y ser garante de los derechos humanos.
Explicó que una de las líneas de acción de esta Subsecretaría es la violencia contra los periodistas, así también la ejercida contra las mujeres, la trata de personas, las violaciones graves a los derechos humanos, la discriminación y el desplazamiento forzado, y aseguró que mediante la suma de esfuerzos y de voluntades es posible lograr un estado de derecho en el que las violaciones a los derechos humanos no sean normalizadas.
