EXHORTAN DIPUTADOS A ESTABLECER PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA ACOSO SEXUAL EN CENTROS EDUCATIVOS
/Pasaporte Informativo/
Por considerar que en los últimos meses los casos de agresiones sexuales, como hostigamiento y acoso, en planteles universitarios del país y con mayor frecuencia del Estado de México han ido en aumento, la 60 Legislatura aprobó exhortar a los rectores y directores de las universidades públicas y privadas, así como a los titulares de institutos y centros de investigación de educación superior cuyos centros educativos se encuentran ubicados en la entidad a que establezcan protocolos eficientes de actuación para prevenirlos, atenderlos y sancionarlos.
El exhorto, presentado en sesión del Segundo Periodo Ordinario que preside la diputada Mariana Uribe Bernal, fue inicialmente propuesto por el grupo Parlamentario del PAN a través de los legisladores Karla Fiesco García y José Antonio García García y después enriquecido con la propuesta de la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena) de exhortar también, en el mismo sentido, a las autoridades de las escuelas de nivel medio superior y básica, debido a que en ellas se presentan también estos casos.
Dispensada de trámite a comisiones de dictamen, la propuesta establece que, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2018 el acoso y hostigamiento sexual ocuparon en el país el cuarto y quinto lugar de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, pues se tiene registro de 2 mil 674 casos de acoso sexual y mil 674 casos de hostigamiento sexual.
La misma fuente informa que la entidad mexiquense se ubicó en el tercer lugar nacional por denuncias de acoso sexual, solo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de Jalisco, mientras que en delitos de hostigamiento ocupó el sexto sitio.
Para la legisladora Fiesco García, “lamentablemente este tipo de violencia ha escalado ámbitos que no parecieran ser tan vulnerables, como lo es el escolar, y es que datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del año 2016 señalan que, de las mujeres mayores de 15 años que han asistido a la escuela, el 25.3% enfrentaron algún tipo de violencia, siendo las más frecuentes el abuso, hostigamiento y acoso sexual”.
Pese a lo anterior, prosiguió, 91.3% de las mujeres violentadas en espacios escolares no denunciaron, señalando que entre las principales razones por las que decidieron no denunciar se encuentran el miedo a las consecuencias o amenazas y el desconocimiento sobre cómo o dónde hacerlo.
En este contexto, sentenció, resulta trascendental que este tipo de conductas sean erradicadas en favor de las y los estudiantes del nivel superior y así garantizarles un ambiente armónico que propicie su desarrollo personal y profesional.
“Si bien es importante señalar que diversas universidades cuentan ya con protocolos de actuación contra el acoso y hostigamiento sexual, lo cierto que esto no ocurre en la mayoría de las escuelas de educación superior ubicadas en el Estado de México”.
Cabe señalar, finalizó, que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, en el Estado de México se encuentran ubicados 450 centros educativos de Educación Superior, de las cuales 184 son instituciones públicas y 266 privadas, donde se concentran 433 mil 580 alumnos, de los cuales el 50.4% son mujeres.
SANCIONES PENALES Y DESTITUCIÓN DE DOCENTES QUE INCURRAN EN ACOSO SEXUAL
El diputado José Antonio García García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad para precisar que los docentes de instituciones educativas que incurran en los delitos de hostigamiento y acoso sexual, por lo que se les impondrán las penas señaladas en tal Código, podrán ser destituidos del cargo e inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a tres años.
La iniciativa de reforma al artículo 269 consigna además que cuando el hostigamiento sexual se cometa contra una persona menor de 18 años o con alguna discapacidad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirse, se impondrán de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días multa.
Conforme al texto, dispensado de lectura y remitido a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, datos del ‘Panorama de violencia contra las mujeres en México 2011’ indican que de los 1.2 millones de mujeres de 15 y más años que asistieron a la escuela y que sufrieron actos de violencia en su contra, la tercera parte, esto es 395 mil 252, reconocieron haber sido objeto de alguna de sus expresiones infligida por compañeros de clase, profesores o incluso autoridades educativas en los 12 meses previos a la entrevista”.
