ACTUALIZAN LEGISLADORES NORMATIVIDAD EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS
/Pasaporte Informativo/
A fin de actualizar la normatividad en materia de justicia laboral en el sector público mediante el mejoramiento procesal de los litigios, de las condiciones que favorezcan el pago de laudos con protección de las haciendas municipales y la modernización del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para garantizar a las partes involucradas justicia pronta y expedita, la 59 Legislatura aprobó reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Orgánica Municipal.
La diputada Leticia Mejía García (PRI) dio lectura al dictamen de la iniciativa presentada por el coordinador de Nueva Alianza, legislador Aquiles Cortés López, el cual explica que la Ley Orgánica Municipal se reforma para establecer que es atribución del ayuntamiento aprobar acciones en materia de terminación o recisión de las relaciones de trabajo con sus empleados, así como implementar acciones para la prevención, atención y pago de las responsabilidades económicas derivadas de los conflictos laborales.
Adicionalmente, deberá entregar al Cabildo, de forma mensual, la relación detallada de los compromisos económicos derivados de litigios laborales en contra del ayuntamiento, a fin de que se implementen los programas y acciones de prevención, atención y, en su caso, pago de esas responsabilidades.
Las reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios previenen la acumulación de litigios laborales e incluyen la caducidad del juicio por inactividad procesal de 120 días, la participación de los terceros interesados en la etapa de depuración procesal, las notificaciones vía correo electrónico, el incidente de suspensión de salarios vencidos, la aplicación de multas a las partes que presenten en el juicio documentos o testigos falsos y a los titulares de los demandados que promuevan acciones notoriamente improcedentes.
Se refieren también a la posibilidad de que, a las funciones generales de los servidores públicos de confianza se puedan agregar las que determinen los reglamentos que rigen las condiciones de trabajo de cada institución pública.
Durante la deliberación del dictamen, el diputado Abel Valle Castillo (morena) explicó que su grupo parlamentario no comparte esta nueva definición de empleado de confianza, la figura de suspensión de salarios vencidos ni los medios de apremio para exigir a las instituciones y ayuntamientos el pago de laudos, por lo que anuncio su voto en contra.
Por el PRD, la legisladora Juana Bonilla Jaime expresó que si bien aceptan las mejoras a los procesos, la implementación de notificaciones vía electrónica y el uso de la firma electrónica, así como las mejoras al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, señaló que rechazan las medidas punitivas.
Por el PT, su coordinador, el diputado Carlos Sánchez Sánchez expresó su preocupación por el riesgo de que la ley, antes que velar por el derecho de los trabajadores, se emplee para perseguir a los ediles.
