DIARIO EJECUTIVO
>> Cuidado con los medicamentos de Jalisco
>> La Loma, NAICM, Alcaldes, AM, GPTWI
ROBERTO FUENTES VIVAR
Un asunto que pone en riesgo lo que queda de paz social en México y también puede cavar la tumba definitiva de la reforma energética, es la falta de una regulación adecuada para que las empresas relacionadas con el sector de la energía cumplan con los requisitos de impacto social en cada una de sus obras.
De acuerdo con algunos principios rectores de la reforma energética, las empresas productoras de energía deben cumplir con la presentación de un programa de impacto social, similar al que tiene que elaborarse en materia ecológica.
Lamentablemente, la falta de claridad en los lineamientos actuales ocasiona graves problemas no sólo entre las empresas y los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, sino también entre las autoridades y muchas veces entre las propias comunidades que se ven afectadas.
El caso es tan grave que sociólogos y antropólogos, principalmente, señalan que una sola obra puede romper todo el tejido social que se ha mantenido inalterable durante siglos, a lo que se ha sumado en meses recientes un nuevo fenómeno: la aparición de organizaciones no gubernamentales que no siempre velan por el principio de las comunidades, sino que buscan obtener hasta beneficios financieros adicionales, aprovechándose de la buena fe de empresas y pobladores.
En síntesis, cualquier empresa que realice una obra relacionada con energía tiene que presentar un plan o proyecto de impacto social que beneficie a las comunidades en donde se asentará. En este caso están desde mineras hasta productoras de energía solar o eólica, pasando por las petroleras. Hay muchos casos en los cuales la ausencia de un plan de este tipo ha puesto a las comunidades en pie de guerra, como sucede en buena parte del Istmo de Tehuantepec, principalmente en las zonas zapotecas y huaves.
Lamentablemente, al no haber reglas claras se presentan graves problemas como los siguientes:
1.- Las empresas pueden presentar su programa de impacto social, pero no pueden presentarlo ante las comunidades.
2.-Los ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios no pueden entablar negociaciones con la empresa, sino que deben tratar ante funcionarios públicos.
3.-Los funcionarios públicos encargados de esta interlocución rara vez tienen conciencia del tejido social de una comunidad y únicamente velan por los intereses de las empresas.
4.-Muchas empresas, sobre todo las españolas, intentan únicamente velar por sus intereses financieros sin tomar en cuenta las necesidades y problemas de las comunidades.
5.-Prácticamente la única autoridad federal que tiene que ver con el impacto social es la Secretaría de Energía, que carece en su infraestructura de personal especializado en impacto social.
6.- Las empresas consultoras en materia de impacto social no pueden entrar en contacto con las comunidades, sino que tienen que actuar con los interlocutores gubernamentales.
7.- Hay organizaciones no gubernamentales que llegan a las comunidades y mienten a los pobladores, por ejemplo, con promesas de que les entregarán recursos financieros que no pueden tocarse, como el fondo forestal.
8.-Por la falta de transparencia, algunas empresas serias que están interesadas en proyectos sociales de largo plazo para las comunidades, no encuentran interlocutores válidos para la explicación de sus proyectos. Por lo tanto, incluso hasta pueden desviar sus inversiones a otros países.
9.-La secretaría de Energía, que juega un papel de juez y parte. No tiene experiencia. Un ejemplo es que en toda su historia sólo ha realizado seis consultas indígenas. Ahora tiene que celebrar ocho eventos de este tipo, tan sólo para un proyecto de Yucatán.
10.- Muchas comunidades están dispuestas a proteger, con la vida de sus habitantes, su patrimonio, lo que puede costar mucha sangre si no se atiende este problema.
Ojalá Pedro Joaquín Coldwell, como titular de la secretaría de Energía, tenga conciencia del problema que significa no regular adecuadamente el impacto social en ese sector. Por lo pronto muchas empresas que vieron una oportunidad en la reforma energética, ya lo piensan dos veces antes de invertir.
Por cierto que este martes se presentará el reporte: “La Gobernanza de los reguladores. Impulsando el desempeño de los órganos reguladores en materia energética de México”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la sede de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Es deseable que los reguladores tomen en cuenta algo tan importante como el impacto social.
Licitaciones y política en Jalisco
El viernes pasado oficialmente se abrieron las propuestas para una de las licitaciones más importantes y neurálgicas del estado de Jalisco. Se trata de un concurso para surtir medicamentos. Lamentablemente parece ser que la política está contaminando lo que debería ser un asunto estrictamente financiero.
El asunto, desde el punto de vista social, es grave porque por el momento hay un fuerte desabasto de medicamentos que afecta no sólo a los 10 mil jubilados del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), sino también a los usuarios del Seguro Popular.
Existen serios problemas en lo que se refiere a la salud en esta entidad, porque el Régimen Estatal de Protección Social, que dirige a nivel nacional el comisionado Gabriel O’Shea y encabeza en la entidad el secretario de Salud, Antonio Cruces, tiene una deuda de más de 900 millones de pesos con las empresas que mantienen el contrato de administración de medicamentos y materiales de curación.
Esta deuda pendiente ya tiene tres años y hasta el momento parece no haber solución y el gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, es ya cuestionado por el asunto. Incluso el titular de la secretaría de salud estatal culpa a las compañías porque no han realizado el abasto en tiempo y forma. En síntesis, los actuales proveedores no han podido cumplir con el compromiso.
Ahora, el Seguro Popular convocó al proceso de licitación pública 43068001-0081-17 para renovar el mismo servicio. La junta de aclaraciones ya se llevó acabo y, como lo mencionamos en párrafos anteriores, el viernes se presentaron las propuestas técnicas y económicas para ofrecer el servicio integral de administración de farmacias, medicamentos, material de curación, mezclas de medicamentos oncológicos, antimicrobianos y nutrición.
El valor del contrato es de aproximadamente 700 millones de pesos, por lo que muchas empresas serias están interesadas en participar, pero ahí es donde entra la política y que ha causado muchas dudas acerca del proceso.
Concretamente, uno de los participantes es Abastecedora de Insumos para la Salud, (Abisalud) que dirige el regidor de Zapopan por Movimiento Ciudadano, José Hiram Torres Salcedo. Esta empresa es causante de buena parte del desabasto de medicamentos que tiene en graves problemas a los jubilados de Jalisco.
Concretamente Abisalud ya fue sancionada por no cumplir con el contrato de 501 millones de pesos para dispensar los fármacos en las farmacias de Ipejal a la que tan solo se le fijó una multa de un millón de pesos, cuando el desabasto que provocó es de varias decenas de millones de pesos.
Una de las preguntas que salta a la vista es ¿por qué se permite que Abisalud participe en una licitación cuando ya se ha visto que no puede cumplir con los contratos?
La respuesta es, definitivamente, política, pues a la empresa se le liga con otras figuras de Movimiento Ciudadano y, en especial, con Ismael del Toro y Carlos Lomelí Bolaños.
Una de las tesis que se manejan entre la clase política jalisciense es que el gobernador Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, pretende tener cercanía con Movimiento Ciudadano, partido que arropó y lanzó al actual alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.
Según el propio Movimiento Ciudadano, Alfaro encabeza las preferencias para sustituir al actual gobernador, con 36 por ciento, contra 17 por ciento del Partido Revolucionario Institucional.
En este entorno parece ser que la protección de una empresa farmacéutica que ya ha sido demandada y hasta castigada por no cumplir sus compromisos, puede convertirse en una maniobra política del gobernador Sandoval.
Ojalá, los resultados de la licitación no tomen en cuenta la política, sino el servicio que merecen los jaliscienses y el interés de la comunidad prevalezca sobre el interés de la partidocracia. Dice el filósofo del metro: si la política contamina a la salud, la sociedad se enferma.
Tianguis
El caso de La Loma en Morelia tomó un nuevo derrotero, a declarar el Instituto Nacional de Antropología e Historia ilegal el ramal Camelinas. De acuerdo con el INAH cualquier obra en la zona del portal de salida del Túnel 2 del Ramal Camelinas afectaría un Monumento Histórico y por tanto se violaría la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta declaración de ilegalidad se suma a otras que impiden legalmente que se construya el capricho del grupo Altozano en colusión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De acuerdo con otra información del caso, el Ayuntamiento de Morelia, admite que no existe el expediente del Ramal Camelinas, por lo que se incumple una vez más con la transparencia… De acuerdo con el portal de internet de la Cartera Pública de Inversión de la SHCP (http://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/cartera-publica-de-inversion-16287), la secretaría de Hacienda debe ser la encargada de actualizar costo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El factor de actualización de todos los proyectos de inversión del Gobierno Federal es determinado anualmente por Hacienda. La información se relaciona con los 186 mil millones de pesos actuales del proyecto del nuevo aeropuerto, los cuales son los mismos 169 mil millones de pesos originalmente presupuestados y actualizados al valor presente, como se calculan los diversos proyectos de inversión del sector público… En el “Encuentro de Alcaldes Fronterizos” que se realizó el fin de semana en Nuevo Laredo y en Laredo, al que asistieron presidentes municipales fronterizos de México y Estados Unidos, Enrique Vargas del Villar, Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), dijo que “No habrá muro que nos separe; juntos rechazamos las políticas de persecución de migrantes de Trump, y nos abrazamos como símbolo de hermanamiento de nuestra gente y ciudades, culturas, y economías, refrendando así nuestros lazos, que hoy se tornan más fuertes que nunca” y dijo que está en marcha, un programa de apoyo a las empresas extranjeras que mantengan sus inversiones en el país… El jueves concluyó el concurso de 66 frecuencias de radio en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de amplitud modulada, contenido en la licitación IFT-4. Las ofertas más altas recibidas superaron, en promedio, 7 veces la suma de los Valores Mínimos de Referencia establecidos para esas frecuencias, al acumular 133 millones de pesos. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), “este concurso, al igual que el de la banda de FM, rebasó las expectativas que sobre él se tenían”… La organización evaluadora de ambientes laborales Great Place to Work Institute, que en México dirige Michelle Ferrari, suscribió un acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Alfonso Navarrete Prida, para conjuntar esfuerzos y recursos con el fin de realizar actividades y proyectos orientados a la promoción de entornos organizacionales favorables de trabajo que prevengan o disminuyan los factores de riesgo psicosocial.
Ferrari comentó que “la responsabilidad social que tenemos con México es fortalecer cada vez más las culturas de las organizaciones que mueven al país”.
