Prisma empresarial
La guerra del acero que se viene
Golpe de Estado técnico o anulación de elecciones
Por Gerardo Flores Ledesma
EU PREPARA la aplicación de aranceles hasta en un 25% al acero mexicano, debido a las acusaciones de triangular ese producto con los chinos, ejercer prácticas desleales de comercio e introducirlo a precios dumping.
De poco han servido las pláticas entre Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos. Tampoco han sido ciertas las declaraciones de empresarios mexicanos sobre “ciertos avances” logrados en las negociaciones no sólo de acero, sino también del aluminio que está en el radar de EU para imponerles cuotas compensatorias y gravámenes adicionales.
La aplicación de los aranceles al acero y al aluminio podría llegar antes de las elecciones del 2 de junio, porque hay mucha presión de los 5 sindicatos más poderosos de EU que exigen a Tai medidas concretas e inmediatas sobre las prácticas de China en la construcción de barcos y de paso contra México porque nos acusan, al igual que con el fentanilo, de ser el puente de transportación hacia la Unión Americana.
La embajadora Tai ha sido muy clara al señalar que la administración de Biden “trabaja cada día para poner a las familias estadounidenses primero y reconstruir la manufactura en Estados Unidos”.
México también ha sido propio en sus declaraciones, pero parece que la fracasada negociación nos llevará a la imposición de los aranceles.
La guerra comercial entre EU y China pone a México en la carretera del enfrentamiento, y dejará a T-MEC en la senda de una revisión minuciosa en 2025.
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LO QUE dijo el presidente López Obrador sobre un golpe de Estado técnico, luego de las elecciones del 2 de junio próximo, parece más un boomerang para quien siempre se ha caracterizado por crear escenarios falsos o anticipar lo que él mismo puede encabezar.
La anulación de las elecciones no es una ocurrencia ni forma parte de un montaje para exhibir una comedia o un drama. Si Morena pierde la contienda presidencial, la anulación de los resultados no sólo los podría encabezar la oposición, sino el mismo partido en el gobierno.
Claro que la coalición “Fuerza y corazón por México” podría demandar la anulación de la justa electoral si el crimen organizado encabeza el acarreo o la amenaza para que los mexicanos desistan de votar o también si los vicios de antaño se repiten y el sufragio es inducido. También lo haría si autoridad judicial electoral señala faltas graves a la ley, vengan o no desde Palacio Nacional.
Tampoco debemos ignorar que habrá cientos de observadores, incluyendo a los de la OEA, que darán o no su aval a la elección.
Si se procede a la anulación de la elección se dará paso a una crisis político-electoral, pero en cualquiera de los escenarios posibles el Ejecutivo tendría su último ejercicio de poder el 30 de septiembre de 2024, y mientras se convoca a nuevas elecciones un personaje que podría no gustarle a López Obrador asumiría el Poder Ejecutivo de manera interina o provisional.
Queda como colofón la advertencia de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto: “El órgano estará atento a cualquier irregularidad que ocurra durante la campaña y el día de las elecciones del 2 de junio, incluyendo la posible intervención de funcionarios públicos de todos los niveles, con el objetivo de garantizar la validez de los comicios presidenciales”.
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