PUNTALES
CAMBIO DE PRIORIDADES
· Responsable modificar PEF 2024
· Reasignaciones nada claras
· Acapulco, foco de atención
· Se requieren más de 15 mmdd
Agustín Vargas *
Aprobado ya en lo general por la Cámara de Diputados, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, atenderá no las prioridades de la población o del país, sino que básicamente estará orientado a las del gobierno federal, mejor dicho, las de presidente de la República.
El dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el próximo año, cuyo gasto neto total previsto asciende a 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 4.2 % comparado con el 2023, fue avalado con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención.
El documento detalla de manera precisa que las previsiones propuestas se destinarán a la atención los compromisos gubernamentales y que “busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población, promueve la no discriminación en el marco de la legalidad, acceso a la justicia y nutre acciones de gobierno que tienen el objetivo de garantizar una movilidad humana segura, regular y ordenada”.
De lo expuesto en el dictamen es claro que se definen las prioridades del gobierno en el año electoral, destinando mayores recursos a las obras y programas gubernamentales con mayor renta política para el señor de Palacio y sus secuaces de Morena y partidos aliados.
No hay duda que la devastación de Acapulco y otras comunidades cercanas por el huracán “Otis” ejercerá una importante presión sobre los recursos del erario.
Las circunstancias serían propicias para que los diputados consideren e incluyan en el PEF 2024 — aún falta la aprobación en lo particular de más de tres mil reservas–, las necesidades requeridas para atender la devastación causada por el huracán Otis de forma transparente, democrática y constitucional, con el fin de mitigar la evidente destrucción que trajo consigo.
La responsabilidad es exclusiva de la Cámara de Diputados y procedería una modificación al proyecto de PEF 2024, con el fin de prever el gasto público necesario, con la mejor estimación posible por ahora, para atender el desastre natural en Acapulco. La responsabilidad radica en considerar el cambio de prioridades de la política económica que trajo consigo.
El gobierno anunció un plan de emergencia para Acapulco por 61 mil 300 millones de pesos. Otras instancias sitúan el costo en alrededor de 15 mil millones de dólares, unos 270 mil millones de pesos.
Oscuras reasignaciones
Si bien por el momento es casi imposible estimar el costo de la emergencia y la reconstrucción el dictamen del PEF 2024 debería considerar al menos el programa de emergencia anunciado por el gobierno en cuanto a las reasignaciones previas a su aprobación con total transparencia. Hasta ahora no ha sido así.
El dictamen aprobado en lo general por los diputados de Morena y los de sus partidos satélites el pasado lunes 6 de noviembre, considera sólo reasignaciones por 13 mil 500 millones de pesos, claramente motivadas por intereses políticos al estar concentradas en el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral principalmente (11.5 mmp), el Poder Legislativo y otros órganos autónomos. Además, en dicho dictamen no se especifica el uso de los 13.5 mmp que se propone recortar.
El discurso oficial sostiene que hay recursos suficientes para todo lo necesario. La Secretaría de Hacienda anunció en este sentido que hay 600 mil millones de pesos “disponibles” en la Tesorería de la Federación. Pero la suficiencia de recursos que se presume simplemente no procede debido a que, por ley, los recursos de la Tesorería sólo se pueden utilizar para gasto público si así está explícito en el decreto de PEF 2024 que se apruebe.
Todo indica que la oportunidad de hacer adecuaciones al proyecto de PEF con tiempo y de manera transparente aparentemente no está siendo considerada por el gobierno y su partido.
De tal suerte que la falta de presupuesto asignado al desastre causado por el huracán Otis y la imposibilidad legal de utilizar los recursos de la Tesorería (al no estar en el PEF) complicarán la recuperación, reconstrucción y rehabilitación de Acapulco y las otras ciudades y regiones gravemente afectadas.
Así que todo apunta a que las legítimas protestas y marchas de los damnificados que claman apoyos y ayuda irán en aumento hasta que sean escuchados por el señor de Palacio. Aunque ayer vimos cual fue la respuesta del mandatario: darles con el portón en la nariz.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
