EL GOBIERNO DE LA 4T DEBE DE RESPETAR LA DIVISIÓN DE PODERES Y FORTALECER LA AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL
/Pasaporte Informativo/
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, calificó que después de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el sentido de eliminar la prisión preventiva oficiosa, posibilidad que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.
“Si este proyecto llegara a declararse viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos”, dijo ante diputados de Morena.
Gutiérrez Yáñez recalcó que una medida de carácter punitivo que daña la presunción de inocencia, que afecta al Derecho de la Defensa y transgrede el Articulo 8.3 de la Convención Americana no debe estar esta decisión en manos del poder ejecutivo.
Consideró que México con este tipo de presiones donde el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y su Gabinete violentan los Derechos Humanos ya que no respeta los tratados internacionales que ha venido ratificando, principalmente sobre las Garantías Judiciales como lo señala la Convención Americana.
Exhortó a los integrantes de la Suprema Corte de Justica de la Nación que es necesario analizar y hacer valer el SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS que encabeza la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y la autonomía de esta honorable institución en favor de la dignidad humana.
Manifestó que es necesario generar una coordinación nacional de SEGURIDAD que cubra aspectos interdisciplinarios, para que se pueda orientar al Gabinete de la de Seguridad y se pueda implementar una estrategia efectiva con varios factores que ayuden a disminuir la violencia que va en aumento, donde se deban considerar aspectos como : La prevención del delito, programas que ayuden a la restructuración del tejido social, fortalecimiento de organizaciones civiles de apoyo psicológico y atención a víctimas, programas efectivos desde el nivel municipal y Estatal sobre cultura de paz, educación para la paz y aulas para la paz, programas de reinserción social que permitan generar un cambio en las personas que han cometido algún delito y la profesionalización del servicio publico en la atención del posible delito.
Lamentó que la 4T este militarizando al país, y que busque establecer un estado marcial punitivo con acciones que violentan a todas luces el debido proceso, al no apoyarse con estrategias que prevengan situaciones que están dañando el tejido social.
Consideró que México debe fortalecer la autonomía del Poder Judicial, generar mayor control en los requisitos para ser Jueces Locales y Federales, certificación en los controles de confianza mediante acciones de revisión constante para evitar la corrupción.
Señalo que México ha avanzado en materia de Derechos Humanos después de la Reforma Política del 11 de Junio del 2011, y que este logro histórico no debe caer por presiones políticas con el fin de tratar de poner orden, sin ninguna estrategia efectiva que ayude a fortalecer la dignidad humana, ya que la omisión de una estrategia de seguridad también debe ser considerada un acto de corrupción, al devengar un salario por servicios públicos de seguridad ciudadana y no realizar estas actividades de manera eficiente.
