SIN POLÍTICA AGROPECUARIA, SADER ES DISPERSORA DE TARJETAS PLÁSTICAS CON DÁDIVAS MIENTRAS MÉXICO SE ENFILA AL FRACASO EN AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

SIN POLÍTICA AGROPECUARIA, SADER ES DISPERSORA DE TARJETAS PLÁSTICAS CON DÁDIVAS MIENTRAS MÉXICO SE ENFILA AL FRACASO EN AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

/Pasaporte Informativo/

El Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos, aseguró en México, no existe una política que asegure mayores derechos laborales a los trabajadores agrícolas; no existe una política agropecuaria, forestal o pesquera de fomento a la producción, productividad, investigación, transformación y comercialización porque la Secretaría de Agricultura se convirtió en dispersora de tarjetas plásticas con dádivas y en un “cascaron” para pequeños y medianos agricultores.

Al participar en el Foro “Hacia un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis”, donde participaron representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de la Digital Policy & Law, del Frente Amplio Social Unitario (FASU), de Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI), de la CEPAL, del BID, del Centro Tepoztlán, del H. Congreso de la Unión y del Consejo Coordinador Empresarial, Wilfrido Hernández Jarquín de la CNPA-MN señaló que el Estado abandonó su papel rector en política agropecuaria, procura la dádiva y dejó al mercado como rector de los procesos productivos en el país.

De ahí que la estrategia gubernamental nos aleja de la autosuficiencia alimentaria, profundiza la importación de alimentos y el Estado nos conduce a una crisis de producción de alimentos así como de derechos humanos, situación que se agrava con la pandemia del COVID-19 y el T-MEC.

En representación de El Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos, Hernández Jarquín, afirmó que las condiciones del país exigen que el Estado logre un “Acuerdo de Unidad para Construir un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico para el Campo”, con justicia, inclusión social, equidad, democracia y prosperidad con base en una “nueva relación entre el Estado, la sociedad, los mercados y la naturaleza.”

Con ello, se podrían asegurar los derechos de millones de mujeres y hombres, campesinos e indígenas, que participan en los procesos de producción para alimentar a este país pero aun así son marginados.

“Hacemos un llamado al Estado mexicano a asumir su papel rector en la conducción de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, para garantizar la alimentación de la población así como alcanzar la soberanía alimentaria ante el embate del T-MEC (antes TLCAN)”.

En su participación, el también integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, externó la preocupación que existe en el medio rural de que no consolide una política de financiamiento real pues han anunciado la creación de FINAGRO que resulta de la fusión de 4 instituciones: FIRCO, FOCIR, AGROASEMEX y Financiera Nacional de Desarrollo, pero hasta el momento no hay nada concreto.

Se sabe, dijo, que se busca incluir a 5.5 millones de pequeños productores, meta muy ambiciosa cuando de 2001 a 2018 solo bancarizó a 200 mil productores, con esto el Estado busca suplir los mínimos subsidios al sector mediante créditos, sin embargo es sabido que solo del 10% de productores que reciben algún tipo de financiamiento y del total de financiamiento solo el 15% lo recibió de la Financiera Nacional de Desarrollo, lo cual indica que es mínimo su efecto en el fomento a la producción.

La fuente de financiamiento la obtienen, el 25% de productores, de quienes les van a comprar la producción; el 23% de Cajas de Ahorro y solo el 15% lo obtuvo de la Financiera Nacional de Desarrollo mientras que un 13% provino de las empresas o proveedores de insumos, el 11% de algún banco, el 6% de amigos o conocidos y otro 6% de otras fuentes.

Explicó Wilfrido Hernández Jarquín que en México existen 3.5 millones de ejidatarios y 5.5 millones de jornaleros agrícolas quienes forman parte de una población rural pero solo 13 de cada 100 personas cuentan con cobertura de seguridad social de un total de 28.5 millones de habitantes en el medio rural.

Tanto los ejidatarios como los jornaleros tienen precarias condiciones laborales, alta marginación y explotación en el sistema actual.

En el país, el 52% de las parcelas pertenece a pequeños productores, las cuales tienen una superficie menor a 2 hectáreas en promedio. En su mayoría están sembradas de cultivos anuales de temporal (maíz, frijol, sorgo) y perennes (café, caña de azúcar, naranja y alfalfa).

En cuanto a la tecnología empleada por las Unidades de Producción, el 78% usa semilla criolla, el 68% usa fertilizantes químicos, el 61% usa herbicidas químicos, el 57% usa coa o azadón y el 49% usa insecticidas químicos.

Del total de Unidades de Producción del país, el 52% comercializa su producción con intermediarios, el 26% directo con el consumidor, el 11% coloca en empacadora o industria, el 6% a centros de acopio o bodegas y el 8% busca otro tipo de canales para vender sus productos.

Reveló Wilfrido Hernández Jarquín, que la problemática en zonas rurales reporta altos costos de insumos y servicios; pérdida de cosecha o animales por causas climáticas; pérdida de cosecha o animales por causas biológicas; falta de capacitación y asistencia técnica; dificultad para la comercialización debido a precios bajos; infraestructura insuficiente para la producción.

Asimismo dificultad para la comercialización debido a la existencia de intermediarios para la transportación y almacenamiento; productores de edad avanzada e inseguridad.

Con lo anterior se explica que el grado de explotación de las grandes masas de jornaleros y campesinos (incluidos indígenas) los cuales trabajan durante su vida productiva para obtener satisfactores sin embargo, no son sujetos de derechos más allá de una remuneración económica situación que no siempre se aplica a mujeres y niños.