AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA GENERA DAÑO HÍDRICO IRREPARABLE EN 7 MUNICIPIOS DE EDOMEX QUE AFECTARÁ A 1.5 MILLONES DE HABITANTES
/PasaporteInformativo/
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA- MN) demandó la cancelación del aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, debido al daño hidrológico en la zona lo que propiciará grave riesgo de desabasto de agua potable para 1.5 millones de habitantes en siete municipios al impulsar el crecimiento poblacionaly habitacional así como industrial desordenado y desproporcionado y sumará a por lo menos un millón de personas más.
Para tratar ese tema y otros asuntos de relevancia magisterial y legislativa en el estado México, la CNPA MN y la Federación Independiente del Valle de Zumpango (FIVAZ) urgieron una reunión de trabajo con el Gobernador, Alfredo del Mazo Maza y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
A ambos funcionarios les dejaron en claro que “los derechos no están en cuarentena, el encierro no nos calla” de tal suerte que Santa Lucía, los derechos magisteriales; un retorno a los salones de clase privilegiando la salud de los estudiantes y profesores ante el COVID así como la reciente iniciativa de Ley de Amnistía presentada en el Congreso Local, son prioridad en la a agenda estatal, a resolver.
En el marco de la “Caravana Magisterial y Popular” que realizó de la Marquesa hacia palacio de gobiernoen Toluca, los contingentes de la CNPA-MN y magisterio denunciaron el grave riesgo de desabasto de agua potable en la región de Zumpango que abarca los municipios de Nextlalpan, Tonanitla, Jaltenco, Zumpango, Apasco, Hueypoxtla y Tequixquiac, debido a lo que propiciará el Aeropuerto de Santa Lucia, con crecimiento poblacional y a la instalación de naves industriales que consumen grandes volúmenes de agua.
Además, recordó Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de CNPA-MN, la CONAGUA, en 2018 señaló que el estado de México es la segunda entidad del país con menos disposición per cápita de agua y que existe desde entonces un déficit de 106 millones de metros cúbicos de agua al año en la región de Zumpango.
A pesar de lo anterior, sostuvo, el gobierno de la república se empecinó en la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en la base área de Santa Lucía, ubicada al sureste del municipio de Zumpango, lo cual ha traído como consecuencia inmediata la escases del vital líquido en las comunidades aledañas a dicha base por las labores de construcción que se están realizando.
Pero esto es aún más grave, debido al volumen de agua adicional que se ocupará cuando entre en operación y funcionamiento dicho aeropuerto por el que transitarán millones de personas.
Actualmente, dijo, en la región viven alrededor de un millón y medio de habitantes, se calcula que en 6 a 8 años se sumen un millón de personas más.
Asimismo, crecerá el establecimiento de zonas industriales, unidades habitacionales, hoteles, etc lo cual conllevará a una crisis de escases del vital líquido como incluso lo reconoce el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el documento denominado Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en dicho aeropuerto, dado a conocer el pasado 6 de mayo del presente año.
En el apartado “Síntesis del Diagnóstico y Prospectiva”, señala:
Sin duda unos de los retos más importantes para la zona es lograr una sostenibilidad hídrica, la cual se ve amenazada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, como el acuífero Cuautitlán-Pachuca que presenta de acuerdo con la información actual un déficit 106 millones de metros cúbicos anuales, así como por la falta de infraestructura para la dotación de agua potable en varias de las zonas ya urbanizadas, destacando los municipios de Tonanitla y Zumpango.
De no resolverse esta situación, prevalecerán importantes problemas para enfrentar demandas futuras, lo cual sitúa a la ZNVM en un estado de fragilidad ante la necesidad del recurso hídrico.
De esta manera, la disponibilidad del agua se presenta como la principal limitante para el desarrollo urbano y un umbral de carácter estratégico.
En materia magisterial otorgó su total respaldo a las demandas del magisterio mexiquense aglutinado en diversas expresiones organizativas, tales como: CNTE, MMCRE, MMVT, MORESI, RUA, entre otras.
Dichas demandas, son: regularización de plazas y basificación inmediata de profesores “eventuales”, pago de honorarios a los maestros y directivos que no lo han recibido.
Asimismo, construcción de aulas, sanitarios e infraestructura escolar; dotar de equipo de cómputo a estudiantes y profesores con la conectividad gratuita para el trabajo en línea, entrega de becas, incluso adelantadas, a estudiantes de todos los niveles escolares.
También es urgente el pago de prestaciones establecidas, atención médica oportuna y con medicamentos suficiente en el ISSEMYM y los recursos necesarios para garantizar un retorno a los salones de clase privilegiando la salud de los estudiantes y profesores.
La pandemia ha desnudado la grave desigualdad que existe entre estudiantes de familias que viven en pobreza y es una gran mayoría, y aquellos que cuentan con recursos para tener Tecnologías de Información y Comunicación, además de la conectividad; hoy se vive una doble marginación, la que provoca la exclusión y desigualdad, y la que implica la falta de infraestructura educativa, instrumentos tecnológicos y de comunicación.
En otro orden de ideas, la CNPA MN celebró la iniciativa de Ley de Amnistía en el estado de México, sin embargo, exceptúan del beneficio de la misma los delitos contra la vida o la integridad corporal; cuando se haya utilizado algún tipo de violencia; los delitos graves establecidos en el Código Penal del Estado de México; así como si se utilizó en la comisión del hecho arma de fuego.
Al establecer la iniciativa de Ley estos supuestos de excepcionalidad para el beneficio de la Amnistía, soslaya una realidad, al dejar fuera a personas que han sido o pudieran ser acusadas falsamente por delitos de alto impacto.
Por ejemplo, la experiencia nos demuestra que cuando el Gobierno estatal o federal ha criminalizado la protesta social, se les ha imputado a las personas defensoras de derechos humanos, luchadoras sociales y activistas, delitos graves -en sentido amplio- para que el proceso lo enfrenten privados de la libertad en cárceles de máxima seguridad, y para estigmatizarlos ante la sociedad, tal fue el caso de los presos por motivos políticos de San Salvador Atenco.
Por ello hacemos un llamado a la legislatura local a que haya la apertura para que las organizaciones sociales, organismos defensores de derechos humanos, colectivos y personalidades podamos participar y emitir nuestras propuestas para enriquecer dicha iniciativa, concluyó.
