Aprueba Cámara de Diputados reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato
- Ambos instrumentos dan oportunidad a la participación ciudadana para fortalecer la soberanía: Miroslava Carrillo
- Remiten el documento al Senado
/Pasaporte Informativo/
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con la mayoría calificada, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución Política, en materia de consulta popular y revocación de mandato.
El documento, avalado por 329 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece el procedimiento de revocación de mandato del Presidente de la República, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En lo particular, el dictamen se aprobó por 326 votos a favor y 127 en contra, los artículos 83, 116, Primero y Segundo Transitorios de la Carta Magna, en términos del dictamen.
El Pleno aceptó las modificaciones de los artículos 35, 41 y 122, impulsadas por el diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) para que el umbral de participación en las consultas populares quede en 25 por ciento y no en 34 como se prevé en el dictamen. Lo anterior para hacer efectivo un instrumento de democracia directa que incentive la participación de la ciudadanía, y fomente el ejercicio de gobierno en forma cercana a la gente.
El dictamen estipula que no serán temas de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte, ni las garantías para su protección; las bases y las tasas impositivas, los montos del financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Subraya que las consultas populares pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y no el dos por ciento como en la actualidad se establece. Asimismo, disminuye de 40 a 34 por ciento el requisito de participación del total de la lista nominal.
La revocación del mandato del Presidente de la República se sujetará a lo siguiente: será convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República y el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.
También, por ciudadanas y ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Con excepción de esta última hipótesis, la solicitud deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.
Este proceso se solicitará durante el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura; la votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que únicamente se elijan a diputados federales.
La revocación de mandato será vinculante por mayoría absoluta de los votos depositados en las urnas, siempre que concurra a votar al menos el cuarenta por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), expresó que estas reformas fortalecen la figura de consulta popular e integra la revocación de mandato para permitir la destitución de aquellos servidores públicos que hayan incumplido con sus obligaciones frente a la sociedad.
Destacó que el dictamen se integra por una decena de iniciativas presentadas por legisladores del PRI, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, las cuales plantean impulsar mecanismos participativos para fortalecer democracia directa, rendición de cuentas, evaluación del desempeño institucional y control del poder político desde la ciudadanía.
Se perfeccionó la puesta en marcha de la consulta popular para distintos temas gubernamentales en las que se considere prudente realizar procesos que requieran o exijan la participación ciudadana, sobre todo en aquellos que serán impactados por las decisiones del poder público del Estado.
En el caso de la consulta popular no se busca sustituir a la democracia representativa ni el mandato que tienen los poderes constituidos del Estado, tanto de manera directa como indirecta, porque se considera a este tipo de modelos participativos como un factor incisivo que fortalece a las decisiones públicas.
Carrillo Martínez expuso que para el caso de la revocación de mandato del gobernante, se busca incentivar el cumplimiento del servicio público de manera tal que si no lo hace, la ciudadanía tiene la posibilidad de buscar sustituirlo. “Esto, alienta prevenir el daño a las instituciones sobre la base del cumplimiento del servicio público”.
Mencionó que la revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir, por medio de votación, a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue electo, y abre la posibilidad a la ciudadanía para que una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario antes de que venza el plazo para el que fue designado.
“Ambos instrumentos le dan la oportunidad a la participación ciudadana para fortalecer la soberanía y los derechos de participación política, en el marco de los instrumentos internacionales, asimismo para regular los órganos estatales de poder, en aras de consolidar un gobierno moderno, democrático, estable y equilibrado en su ejercicio”, destacó.
Este nuevo modelo de participación ciudadana, dijo, impide, entre otras cosas, poner a consulta popular los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección, también las bases y las tasas impositivas, los montos de financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y permite consultas populares con menores requisitos y mayor factibilidad por parte de los interesados.
Además, extiende al ciudadano el derecho a participar en consultas con carácter de revocación del mandato, lo que no se encuentra en la normatividad vigente. Se mandata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de consulta, interpretara las disposiciones constitucionales conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano.
La diputada de Morena expuso que actualmente la Constitución establece que, a petición de un número de ciudadanos del 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, alrededor de un millón 800 mil firmas, se realice una consulta, lo que resulta sumamente complicado. Ahora dispone que se solicite con el 1 por ciento con la finalidad de hacerlo más viable. Establece la posibilidad de aceptar propuestas para que las consultas populares se lleven a cabo en las fechas que así marquen las convocatorias y flexibiliza su realización.
De igual modo, fortalece el ámbito de derechos a la participación política, pues ahora se podrá votar en los procesos revocatorios el mandato del Presidente de la República. Estos serán convocados por el Congreso de la Unión, a petición del propio Presidente de la República, o por el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Ambos supuestos deberán ser aprobados por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.
También serán solicitados por ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley, y la votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que sólo se elijan diputados federales.
“Este modelo considera que la revocación del mandato será vinculante, siempre y cuando se dé por mayoría absoluta de los votos depositados en las urnas y hayan ocurrido a votar al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Establece que cuando sea determinada la revocación por el Instituto Nacional Electoral, el presidente de la República tiene el derecho a impugnar dicha declaratoria en un plazo de 30 días naturales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no procede o no impugna, este cesará en sus funciones en un plazo improrrogable de 60 días”.
Se faculta al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, participe en los procesos de consulta popular y de revocación de mandato a través de convenios, en la medida de que dichas entidades federativas así se lo soliciten. Se faculta al Congreso federal para que legisle en esta materia de consulta revocatoria y popular.
Para el caso local señala que las constituciones estatales podrán establecer que se realice el proceso de revocación del mandato del gobernador o gobernadora del estado, o de la Ciudad de México, el cual es de carácter democrático y tiene por objeto que la ciudadanía decida sobre la permanencia de la o del mandatario en su encargo.
Este proceso se llevará a cabo durante el tercer año del periodo para el cual fue elegido. Durante el lapso constitucional de gobierno sólo podrá realizarse un proceso de revocación de mandato, y la legislación electoral local establecerá los procedimientos de conformidad con la Constitución federal.
Miroslava Carrillo afirmó que se trata de establecer mecanismos para que los servidores públicos se apeguen a las leyes y a la observancia de la sociedad, incentivar un buen gobierno que acate la premisa de servir a la ciudadanía bajo el principio de bienestar común. “Es decir, pasar del desengaño a la confianza en el poder público”.
También fortalece las condiciones para que los procesos político-participativos favorezcan la gobernabilidad y gobernanza democrática y participativa. Ello para promover el cumplimiento del servicio público acompañado de la ciudadanía y vigorizar a la democracia representativa.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Mario Delgado Carrillo, destacó que el dictamen modifica la Constitución para darle más poder al pueblo. “No es una reforma para el Ejecutivo, sino para cambiar para siempre nuestro sistema político y que nadie, ni siquiera el Presidente de la República, sea inamovible o intocable y que lo único fijo y soberano sea la voluntad popular”.
“Hay quienes piensan que el pueblo es ignorante y que hay que mantenerlo relegado en la pobreza para tenerlo a su disposición, manipularlo y llegar al poder con la compra del voto o el fraude, pero hay quienes pensamos que el pueblo es sabio y que tiene conciencia; por ello, queremos profundizar de manera irreversible nuestra democracia”, expresó.
Estimó que la democracia electoral no ha sido suficiente para garantizar el interés general; por eso “queremos transitar hacia una democracia participativa en la que los grandes acuerdos y decisiones no sean sólo producto del gobierno, sino que la legitimidad de las decisiones esté en la voluntad popular, a través de la consulta”.
Si el pueblo tiene derecho de permitir la reelección legislativa, continuó, debe tener derecho a revocar el mandato. “Se necesita mucho valor político para que un gobernante que apenas rebasa los 100 días de mandato se sujete a la evaluación del pueblo para ver si concluye o no su mandato”.
En los posicionamientos, el diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna expuso que la aprobación de este dictamen es un compromiso con la ciudadanía porque la toma de decisiones ya no puede ser únicamente de los políticos. Necesitamos involucrar a la sociedad.
“El pueblo pone y el pueblo quita. No tenemos miedo, los que se oponen es porque consideran a la ciudadanía incapaces para distinguir el ejercicio de su voto. Está en nuestras manos generar herramientas de participación a la sociedad, efectivas y de verdad; no pongan obstáculos ni desperdicien esta oportunidad con pretextos sin sustento”.
Del PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega expresó que el dictamen establece que las consultas populares serán convocadas por el Congreso, a petición del uno por ciento de la lista nominal que ronda los 89 millones 125 mil ciudadanos; es decir, que se requerirán 891 mil 250 firmas, lo que es un poco menos de toda la participación de la consulta realizada por el Ejecutivo, la cual tuvo 925 mil 168, por lo que propuso reducir este requisito a 0.13 por ciento para se soliciten tan sólo 115 mil 862.
Además, resaltó que es necesario incorporar que cuando se trate de una consulta solicitada por los ciudadanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre la materia. Asimismo, se fije un día específico para su realización. “Nosotros proponemos que sea el primer domingo del mes de junio de cada año, en lo referente al procedimiento de revocación de mandato este debe ser convocado por el Instituto Nacional Electoral y no por el Presidente de la República o legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión”.
María Alemán Muñoz Castillo, diputada del PRI, destacó que la revocación de mandato es un instrumento de los ciudadanos para decidir sobre la destitución del Presidente; por eso, “sí apostamos por la revocación de mandato siempre y cuando ésta sea convocada por los ciudadanos, tal como lo definió el constituyente en la Constitución de la Ciudad de México”.
Comentó que para que el ciudadano pueda realmente hacer una valoración objetiva del desempeño del Presidente, es necesario que, cuando menos, transcurra la mitad de su periodo constitucional; es decir, al término del tercer año de ejercicio. “Usar esta herramienta de manera distinta no tiene más que la clara intención de llevar al Presidente a la boleta electoral en la elección de diputados federales”.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) sostuvo que no se puede seguir regateando a los ciudadanos el legítimo derecho a ser escuchados, por lo que esta reforma les da la posibilidad de que en las decisiones públicas sean copartícipes, lo cual, sin duda, abonará a generar confianza, certeza y define una ruta hacia el progreso del país, por ello, “iré a favor de este dictamen”.
Hoy, finalmente serán los ciudadanos y no las élites gobernantes las que definan si algún servidor público, incluyendo al Presidente de la República, tiene que seguir o no en el ejercicio de su función, lo cual fortalece y alienta a la democracia que exige México.
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, resaltó que es fundamental dotar al ciudadano de mayores instrumentos de control, respecto de quienes ha elegido para que los representen en el Poder Legislativo o en los órganos ejecutivos, federal y de los estados. El INE será el encargado de llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato del Presidente de la República, y de organizar la consulta popular o de revocación en las entidades federativas.
Destacó que con esta aprobación se estará estableciendo el acto de fundación del nuevo Estado mexicano al regresar a la ciudadanía algo que de origen es suyo. “Este acto significa un auténtico parteaguas en la vida política institucional del país. Nunca más un gobernante que traicione el interés de la gente, que viole la Constitución a su arbitrio y que utilice el poder conferido por la ciudadanía para que sus cercanos medren al amparo del poder público”.
La diputada de MC, Adriana Gabriela Medina Ortiz precisó que aprobar una reforma, como se plantea en el dictamen, es defraudar a la nación, construir un mecanismo que traerá esquemas de competencia electoral inequitativa, engañar a la ciudadanía ofreciendo mayor democracia en el discurso, pero
“planteando los aparatos de manipulación más burdos que hemos visto en el presente siglo”.
Convocó a las fuerzas políticas para que sean conscientes del retroceso que “generaremos al aprobar el dictamen y eviten la vergüenza histórica de tener que justificar una actitud dócil e ingenua ante eventuales instrucciones del Ejecutivo federal. Buscaremos se blinde el mecanismo para evitar excesos. No aceptamos ni aceptaremos diseños constitucionales a modo, para que desde el Ejecutivo se gesten competencias electorales inequitativas, con el pretexto de consultas populares o procesos de revocación de mandato. No avalamos ni avalaremos ese retroceso electoral”.
Mónica Bautista Rodríguez, diputada del PRD, resaltó que su partido está de acuerdo con reducir como solicitantes de una consulta popular al 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y por el carácter vinculatorio del resultado, pero “rechazó que se quieran realizar en cualquier momento, pues de esta forma el instrumento se convertirá en un juguete en manos del gobernante”.
Se manifestó por democratizar los términos de la consulta popular para que ésta sea realizada una vez al año con independencia de los procesos constitucionales programados. Además, la revocación de mandato debe aplicarse al mal gobernante, concluida la primera mitad de su periodo gubernamental y fuera del calendario electoral para elegir diputados federales. “Debemos corregir el dictamen para democratizar la consulta popular y democratizar la reforma constitucional de revocación de mandato”.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) señaló que esta propuesta hace más fácil el acceso a la consulta pública, lo que sin duda abona al fortalecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos. “Votaremos a favor porque se disminuya el porcentaje necesario para que una consulta sea vinculante, lo que da eficiencia al voto emitido por el ciudadano, fortaleciendo por ende sus derechos”.
Subrayó que hoy se garantiza que todas las consultas públicas del futuro sean organizadas por el INE y avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Votaremos a favor porque consideramos que los ciudadanos en México son mayores de edad desde hace años y han entendido para lo que sirve un voto. Vamos a tener mejores gobernantes, más tolerantes y objetivos y, sobre todo, contaremos con instrumentos que generan gobernabilidad en beneficio de todos”.
Durante la discusión en lo general, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) puntualizó que la lucha histórica de la ciudadanía organizada y cansada de abusos ha sido llamar a cuentas al Ejecutivo federal, por ello la revocación de mandato se añade como un derecho político de todos. “El día de hoy podremos hacerla realidad si votamos a favor. El mandato que nos otorgaron los electores fue claro: dejar a un lado la democracia de pocos y construir la de todos. Bienvenida la democracia participativa”.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) afirmó que sí quieren la revocación de mandato, siempre y cuando sean los ciudadanos quienes tengan la llave y se reduzca el porcentaje de firmas; asimismo, que el proceso de revocación no coincida con elecciones intermedias y el dictamen no tenga efecto retroactivo, porque “mientras esto no suceda no podemos avalar esta simulación, porque lo que se propone no es un mecanismo de revocación, sino de ratificación de mandato”.
José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, dijo que está claro que la participación ciudadana es el motor de cambio en la toma de decisiones sobre temas de gran relevancia; por ello, “convoco a las y los diputados en confiar en la entrega de esta condición; el Partido del Trabajo está a favor de esta propuesta”.
Del PRI, el legislador Héctor Yunes Landa subrayó que van en contra de la iniciativa porque la figura de revocación de mandato debe ser un instrumento para empoderar al ciudadano y lo que proponen es empoderar al Presidente de la República. “Se pretende pervertir a la democracia, institucionalizar el culto a la personalidad y perpetuar a una persona en el mando de la nación. Esta iniciativa es insensata y peligrosa para la estabilidad de la República”.
El diputado David Orihuela Nava (Morena) dijo que plantear la necesidad de someter a consideración de la sociedad la continuidad del Ejecutivo a su cargo es reconocer al pueblo su papel fundamental como eje rector de la soberanía y recordar a los gobernantes de que los jefes máximos de la nación son los ciudadanos. “Debemos posibilitar al pueblo los instrumentos que le permitan legitimar, desconocer o revocar una ley, una política pública o incluso un gobierno”.
Por el PAN, el diputado Ricardo Villarreal García aseguró que bajo el falso argumento de darle más poder a los ciudadanos, “lo que se pretende únicamente es darles atole con el dedo” y un duro golpe a la democracia simulando que habrá consulta popular para que la gente decida sobre los grandes temas del país y que con la revocación de mandato habrá un instrumento para que el ciudadano le refrende su confianza al Presidente de la República, “cuando lo único que pretenden es abusar del poder presidencial”.
Francisco Javier Saldívar Camacho, diputado del PES, consideró que con esta reforma se establecen las bases para que el pueblo proceda a la revocación de mandato, en su caso, del cargo del Presidente de la República; ello, dijo, permitirá escuchar a la ciudadanía con mayor participación política en los asuntos de la nación.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) se manifestó en contra del dictamen al considerar que la reforma no fortalece la democracia “que es lamentable que sea insípida aún en nuestro país, sino todo lo contrario, se empodera aún más a los gobernantes, partidos políticos y a la figura del Presidente de la República”.
Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña afirmó que la oposición le tiene miedo al pueblo y a su voto, “por eso no quiere la revocación del mandato y están usando mentiras para descalificar esta iniciativa que será una herramienta para el pueblo de México”.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) señaló que este proyecto no propone la revocación de mandato sino la ratificación. “Lo que están buscando es hacer campaña permanente”, con cargo al presupuesto. Sostuvo que el presidente en turno no puede ser quien solicite por sí mismo una consulta de revocación de mandato, “la Constitución lo dice, es un cargo sólo renunciable por causa grave”. Enfatizó que “estamos en lo que podría ser la antesala de una dictadura y yo no quiero eso para mí país”.
El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) dijo que estas reformas son para la construcción de ciudadanía participativa que conozca, opine e incida en la toma de decisiones públicas. “También pretenden dar claridad al texto constitucional precisando que no podrá haber consultas populares sobre la base y tasas impositivas, los montos de financiamiento y el presupuesto público”.
En su intervención, el legislador José Elías Lixa Abimerhi (PAN) comentó que en el documento no se establece la revocación a manera de obligación, sino como una opción, si quiere el Presidente. “Si es un derecho ciudadano, el poblador debe saber que lo tiene y tener la certeza de que lo va a ejercer”.
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya argumentó que nadie nunca más secuestrará la voluntad soberana del pueblo. “Si un gobernante hace mal su trabajo, como sucedió en el pasado, caerá con todo el peso de la voluntad popular. En México la nube negra del autoritarismo, de la represión y del presidencialismo omnipotente está despareciendo. Hoy es muestra de cómo el Congreso puede ir a la dirección de la madurez política”.
Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, señaló que el “dictamen tiene dedicatoria especial para que el presidente López Obrador aparezca en la boleta electoral de 2021. Razón por la que decimos rotundamente que no estamos de acuerdo y le pedimos al Presidente que saque las manos del proceso electoral. Este mecanismo tiene todo para convertirse en una encuesta de satisfacción y un modelo de intromisión del Ejecutivo en elecciones intermedias”.
La diputada Margarita García García (PT) enfatizó que la revocación de mandato es una figura que fortalece la democracia y prevé a las y los ciudadanos como un canal para refrendar su voluntad en términos de su representación, la cual es una instrumentación normativa y jurídica que expresa el sentido de la democracia. Asimismo, permitirá definir cuándo el actuar de quienes nos gobiernan no está siendo satisfactoria.
Por el PRI, el legislador Eduardo Zarzosa Sánchez subrayó que la revocación de mandato no debe ser un privilegio del Presidente, sino el instrumento que empodere a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. “Este dictamen es una burla para los mexicanos”.
El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) expresó que es tiempo de democracia participativa y esta propuesta es un acto de congruencia. “Nosotros no estamos simulando, vamos a profundizar la democracia, vamos a seguir nuestras convicciones y postura siempre. En honor de los ciudadanos y ciudadanas que ofrendaron su vida por las libertades democráticas y oponerse al autoritarismo es que vamos a votar a favor”.
Del PAN, el legislador Raúl Gracia Guzmán afirmó que es impresionante la ignorancia de quienes han dicho que están a favor de la reforma porque no saben lo que significa revocación de mandato y de dónde vienen los regímenes socialistas. “La Unión Soviética tenía revocación de mandato y Cuba lo incorporó a su Constitución ¿cuántos años duró Castro? ¿Cuántos años hundió a su país? Esa figura se ha utilizado sistemáticamente no para que el pueblo decida, sino para que el Presidente perdure en el poder”.
La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) refirió que el diseño vigente de la consulta popular ha imposibilitado la consolidación de un modelo de apertura gubernamental que impulse la toma de decisiones compartida. Adelantó su voto a favor del dictamen, el cual, dijo, tiene como objetivo hacer accesibles las consultas populares e inaugurar la revocación de mandato como mecanismo de rendición de cuentas.
Por MC, el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz enfatizó que impera “la necedad de violentar el próximo proceso electoral”. Con la reforma, dijo, México sería el único país en el mundo donde el presidente o el encargado del Ejecutivo, podría solicitar la revocación de mandato y no los ciudadanos. “Entonces, simplemente será una ratificación de mandato con los dardos cargados”.
La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez (sin partido) afirmó que con esta modificación se recupera el espíritu original de que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. Manifestó su voto de confianza, “reconociendo la necesidad de robustecer estos mecanismos”.
El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) sostuvo que el dictamen no es un mecanismo democrático ni de participación ciudadana: “no se equivoquen, esto no es revocación de mandato”. Enfatizó que si este instrumento de verdad busca fortalecer al ciudadano, entonces que no sea el Presidente de la República en turno el que lo pueda convocar y que no sean concurrentes con ningún proceso electoral municipal, estatal o federal.
Por el PT, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel señaló que esta propuesta se convierte en un filtro democrático para la autoridad elegida popularmente, donde el pueblo de manera directa puede suprimir al gobernante que no cumpla con su función. Este dictamen constituye un mecanismo de control político para una nueva democracia en nuestro país, indicó.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) señaló que “este día pasará a la historia cuando se trató de echar atrás décadas de lucha por tener elecciones equitativas, transparentes, limpias y justas”. Consideró que hoy se traiciona la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que pidieron un cambio y que se hicieran las cosas bien. “Hoy lo único que estamos viendo es que le quitan el derecho para participar y tener elecciones donde todos estén en igualdad de circunstancias”.
Previo a los posicionamientos, se desechó una moción suspensiva de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), para devolverlo a la comisión dictaminadora para su respectiva valoración y estudio, porque, externó, no contiene el impacto presupuestal que debiera erogarse por la realización de consultas populares recurrentes.
Aval en lo particular
El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) mencionó que con los cambios en lo particular se trata de disminuir el umbral de votación que el texto del dictamen exige para el resultado de una consulta popular y sea considerado vinculatorio para las autoridades correspondientes.
“Alcanzar ese nivel de votación es factible para los procesos de consulta popular que se desarrollen en una fecha diversa al de la jornada electoral. Pensamos que no es un umbral demasiado bajo que pudiera fomentar la manipulación político-partidista, que significaría el uso de ese instrumento democrático para presionar o dificultar la ejecución de políticas públicas de un determinado gobierno”.
Precisó que el dictamen contiene algunas erratas, que es necesario resolver, específicamente en el artículo 41, fracción V, apartados A y B, en donde se adicionan sendas redacciones para incluir, entre las facultades del Instituto Nacional Electoral, el desarrollo de las consultas populares y los procesos de revocación de mandato.
Además, se recupera un texto vigente que aclara en qué casos se trata de las facultades que podrán ejercerse en procesos federales y locales, y en qué casos son facultades aplicables únicamente a los federales.
En el artículo 122, apartado A, fracción III, se recobra la señalización de un párrafo vigente que no es modificado por este decreto, y cuya omisión ha sido involuntaria.
En términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para el miércoles 20 de marzo, a las 11:00 horas
