Mochila Política
Una lucrativa dictadura
Por Diego Hernández y Héctor Moreno
La dictadura venezolana no es un proyecto ideológico, es, ante todo, un estado lucrativo administrado por Nicolás Maduro.
Es cierto el riesgo de un conflicto geopolítico por el involucramiento de prácticamente todas las potencias internacionales, pero el desenlace depende también de una serie de factores al interior de ese país.
“Un nuevo Vietnam”
En Cúcuta, uno de los puntos fronterizos de Colombia con más intenso tránsito a Venezuela, espera el primer cargamento de alimentos y medicinas enviado por Estados Unidos y países de la región a solicitud del Parlamento. Brasil acaba de anunciar que abrirá un nuevo centro de acopio en Roraima.
Nicolás Maduro aseguró que la “crisis humanitaria es un farsa montada por la derecha” y que no permitirá el ingreso de ese material. Guaidó respondió que no descarta pedir apoyo militar estadounidense para garantizar que no “sigan muriendo niños por falta de alimento y pacientes por falta de medicina”.
En consonancia, el jueves 7 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, autorizó al presidente interino a solicitar la apertura de un corredor de ayuda humanitaria “por medios diplomáticos o por cualquier otro, incluida una coalición militar internacional en misión de paz”.
En entrevista al periódico mexicano La Jornada, Maduro Moros dijo que una eventual intervención extranjera no haría más que “crear un nuevo Vietnam” ya que cuenta con “dos millones de milicianos listos para defenderse”.
¿Está blofeando? Es difícil saberlo. En este momento los actores de la crisis parecen estar previendo el uso de todas las fichas y el dictador está cada vez más aislado. Acorralado. Eso lo torna peligroso e imprevisible.
Una narcodictadura
¿Por qué Maduro rechaza sistemáticamente una salida negociada y con garantías? ¿Por qué se niega tenazmente a dejar el poder? ¿Por qué las Fuerzas Armadas le apoyan, aparentemente, como bloque indiviso?
Para responder a tales preguntas es indispensable considerar que el régimen de facto que domina en Venezuela no es una “dictadura común”.
En ese país se instaló en el poder – primero por vía democrática y luego a través de la usurpación – un grupo con un proyecto de poder de largo plazo que contemplaba el control absoluto de todos los órganos del Estado y la eliminación de la oposición política y civil. Como en Cuba.
Ese proyecto se presentó, inicialmente, como una agenda disruptiva y de renovación, de lucha contra el stablishment, la oligarquía y su sistema corrupto, pero progresivamente reveló su verdadera cara. El “socialismo para el siglo XXI”, no era nada más que comunismo puro. Como en Cuba.
Ese grupo político desarrolló vínculos orgánicos con mafias de corrupción, organizaciones criminales, narcotraficantes y terroristas. Esta fauna, junto a un grupo de empresarios locales y “nuevos ricos”, le han dado sustento al régimen. Como en Cuba.
La consolidación de esa narcodictadura comunista fue posible con el amparo y la complicidad de los otros gobiernos de izquierda de la región y del Foro de São Paulo, esa amplia plataforma de articulación continental fundada por Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva en 1990.
Ese es el régimen de facto que gobierna en Venezuela y que sumió al país en una crisis económica, social y política sin precedentes. Los más de 3 millones de venezolanos que, desde 20215, han pedido asilo a otros países es uno de sus frutos más amargos.
A mediados de 2017, el cardenal Jorge Urosa Savino llegó a definir el conflicto venezolano como “la guerra de una dictadura contra el pueblo”.
El Cartel de los Soles
¿Y las Fuerzas Armadas? Hasta ahora su cúpula ha manifestado irrestricto apoyo a Maduro. Y aunque algunos militares activos de alta patente han reconocido a Guaidó como interino, abrazando la amnistía ofrecida por el Parlamento, es difícil saber que tan vasta o profunda es la división interna.
La división existe: el Foro Penal tiene un registro de 974 presos políticos en el país, uno de cada diez es militar. Son exactamente 82, según una lista, con nombre y apellido, que lleva la periodista Sebastiana Barráez.
Además, el coronel retirado, Teodoro Campos, asegura que actualmente por lo menos 185 oficiales más están siendo investigados por posible traición al régimen.
Con todo, no es fácil que surja un nuevo Wolfgang Larrazábal, el almirante que encabezó la sublevación que derrocó en 1958 al dictador Marcos Pérez Jiménez y encabezó un gobierno de transición.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con información encontrada en archivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Cártel de los Soles, que tiene control absoluto del narcotráfico en el país, es dirigido y operado por los militares.
Aunque el grupo no nació con el chavismo, pues la Administración para el Control de Drogas (DEA) lo investigaba por lo menos desde 1993, sí registró un crecimiento contundente con “la revolución bolivariana”.
Aunque su estructura es oscura, se sabe que entre sus jefes está el teniente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente ilegitima creada por Maduro para usurpar el Poder Legislativo.
Así lo afirman Leasmy Salazar Villafaña, exjefe de seguridad de Cabello, y Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, respectivamente ahijado y sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro.
Los Flores están presos en Estados Unidos por transportar 800 kilos de cocaína. Interrogados, declararon que actuaron bajo las órdenes de Cabello. Aseguran que el cártel ofrece un servicio “de oro”: recibe, almacena y distribuye droga a cualquier parte del mundo bajo la protección del Estado.
Otro capo del cártel es el Mayor General Nestor Reverol, actual ministro de Interior y Justicia. Este hombre fue el poderoso comandante de la Guardia Nacional y, aunque no lo crea, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas.
Hoy la operatividad del cártel es garantizada por el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
Terroristas y mafiosos
En la mesa de mando también está Tareck El Aissami, ex vicepresidente de la República y actual coordinador del gabinete económico del gobierno. La Oficina para Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC), le asoció al cártel mexicano Los Zetas.
Los servicios de inteligencia israelí le imputan vínculos con el tráfico de armas y el terrorismo islámico, especialmente con el Hezbollah, que opera en territorio venezolano explotando minas de oro.
En el país también operan impunemente el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), que recientemente cometió un atentado suicida en Bogotá y las ‘disidencias’ de las FARC. La Fiscalía General de Colombia ha documentado esos nexos.
¿Y el Poder Judicial? Pasó a ser controlado por la mayor mafia de jueces, magistrados y fiscales del país – la “Banda de los Enanos” – a cambio de cuidar los intereses del gobierno y sus aliados.
De acuerdo con Luis Velásquez Alvaray, quién fue magistrado con Hugo Chávez, uno de los jefes de esa mafia es Maikel Moreno Pérez, el actual “presidente” del STJ ilegítimo, que fue tomado por Maduro.
Durante el chavismo los ‘enanos’ extendieron sus tentáculos al narcotráfico y el contrabando por el estrecho vínculo que establecieron con Los Soles. El saqueo de la estatal petrolera PDVSA y el financiamiento y armamento de los colectivos oficialistas tiene también su huella.
¿Por qué Maduro ha rechazado sistemáticamente una salida negociada?¿Por qué se aferra al dejar el poder? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no le han abandonado?
Las preguntas parecen estar respondidas. La dramática crisis venezolana tiene como tela de fondo un lucrativo negocio millonario y sus dueños lo pretenden preservar.
Por ahora, el consenso en la comunidad internacional es la urgente necesidad de ayuda humanitaria para los venezolanos. Ese puede ser el nodo del desenlace.
