ANTE ACTOS DE AUTORIDAD Y FUERZA DE ESTADO, NO DESISTIR; EXHORTA ANTONIO ORTEGA A OPOSITORES DE LAS REFORMAS QUE PROMUEVE AMLO PARA AUMENTAR DELITOS CON PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
· Pese a la clara “goliza” y contundencia con la que expertos en leyes y en derechos humanos, han rechazado la propuesta presidencial de incrementar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva a presuntos culpables, Morena prestará oídos sordos y va a votar a favor
· La propuesta de reformas de AMLO, se han ventilado a través del “Parlamento Abierto”, y todos han dicho que la “prisión preventiva de oficio” no es buena idea para combatir y reducir la delincuencia que vive el país
· Nosotros no vamos a desistir ante una posible derrota política. Pedimos a las y los ciudadanos seguir, insistir y defender nuestra visión. Es nuestra obligación y tarea no condescender en estos temas, dice
/Pasaporte Informativo/
El diputado federal Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en San Lázaro, convocó a expertos en leyes y derechos humanos a no desistir ante la próxima aprobación que Morena y sus aliados en este recinto, tienen definido hacer para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva por oficio; aun cuando se les ha advertido que es un error y que lejos de resolver los problemas de violencia e inseguridad del país, puede detonar otros.
Durante la Tercera Mesa de Audiencias Públicas organizadas -en ejercicio de “parlamento abierto”- por la Cámara de Diputados y en la que se destacó la notoria ausencia de legisladores; Ortega Martínez enfatizó que el PRD “no va a desistir ante una posible derrota política”.
“No se echen para atrás –pidió- sigamos, insistamos, defendamos nuestra visión, seamos muy firmes. No quiero dramatizar, pero es obligación y tarea no ceder en estos temas”, sostuvo.
“Está suficientemente clara la goliza, la golpiza, la contundencia de las audiencias de ayer, de hoy: La prisión preventiva de oficio no es una buena idea para combatir y reducir la delincuencia creciente que tiene y que vive el país. No es tampoco, una propuesta solvente en términos de técnica jurídica. Las evidencias que aquí se han mostrado lo confirman. No es (por si alguien lo ha pensado) una medida eficaz que recupere confianza en las policías, en el Poder Judicial y en la justicia”, precisó.
Censuró en este sentido, el hecho de que el Gobierno Federal se lance con propuestas insolventes sin haber investigado lo que se ha venido haciendo con relación, por ejemplo, al Sistema de Justicia Penal que nos rige.
Se autorizó por parte de los diputados, un presupuesto que el Ejecutivo multiplicó por tres. Quisiéramos que quienes colaboraron con la doctora María de los Ángeles Fromow y que se encuentran en este foro, nos ayudaran a precisar qué es lo que ocurrió con esa Secretaría Técnica que ella encabezó, cuáles fueron los resultados y qué pasó con los recursos económicos que se le asignaron; cuestionó, aunque la pregunta quedó sin respuesta.
“Yo creo que habría que ser muy claros, muy francos con ustedes porque, en unos cuantos días (estoy seguro, ustedes le van a venir dando seguimiento a las comisiones, al dictamen, al debate quizás), se pueden llevar una sorpresa ¿eh? Que la mayoría en la Cámara respalde la propuesta”, dijo a los expertos convocados para dar sus puntos de vista a las y los legisladores antes de que voten esta iniciativa enviada por la presidencia de la República.
El perredista señaló que “pudiera parecer que detrás de este plan hay el espíritu de atender un reclamo social, que alguien frene la descomposición que se expresa en delincuencia; pero lo que para mí –indicó- está claro, es que hay una orden, hay una pretensión política, un acto de autoridad, de poder, y fuerza. Este es el tamaño del despropósito y del engaño ¿eh?”
“Se pretende, en un acto de incapacidad, de demagogia y populismo, atender el ‘reclamo social’, y ofrecer una alternativa y una solución falsas. Este es el verdadero meollo del asunto, de lo que puede pasar en los próximos días: La mayoría va a votar a favor de la Minuta que viene del Senado con algunas reformas”.
“¡El despropósito en el Senado fue absurdo!: ‘Cada Grupo Parlamentario ponga para el catálogo, un delito grave’. La resistencia en la Cámara de Diputados terminó: ‘¡Bueno! Atendamos lo que el Presidente de la República ha planteado: Tres (Corrupción, delitos electorales y huachicoleo)’ que, en diciembre, era el tema mediático y de comunicación, y al final con algunas componendas que no vale la pena mencionar, ‘compañeros, cuando menos huachicoleo metamos’, para atender la pretensión”.
Pero lo cierto es, finalizó, lo que ya se ha dicho aquí: “Es la medida más barata y fácil, pero la más incapaz de responder a un reclamo social”.
Cabe destacar que la prisión preventiva está regulada en los artículos 18 y 19 de la Constitución Política donde se establece que aquella procede solo por “delito que merezca pena privativa de libertad”.
En su caso, el Artículo 19 señala que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
De acuerdo con nuestra actual legislación, el juez podrá ordenar la prisión preventiva, oficiosamente, en casos como: Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
En diciembre pasado, el Senado aprobó los cambios constitucionales que establecen prisión preventiva oficiosa también para: robo de combustible; abuso o violación sexual de menores; corrupción; uso de programas sociales con fines electorales; portación ilegal de armas, y desaparición forzada y entre particulares. Se fijó un artículo transitorio donde se establece que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entrarán en vigor a partir del nombramiento de quien sea fiscal anticorrupción
