*¿Es tiempo que regresen soldados y marinos a cuarteles?
*En la “guerra fallida” de Peña contra el narco las cifras de muertos alarman
Por Luis Repper Jaramillo*
Está a discusión si las fuerzas armas (Ejército y Marina) deben regresar a sus cuarteles y dejar de “cuidar” las calles del país, ante la presencia y control que tiene el crimen organizado de la tranquilidad, paz social y el derecho de piso, así como la recuperación de plazas de los Cárteles, para dejar que la Policía Federal y la Gendarmería, bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación, se hagan cargo de devolver a los mexicanos lo que la corrupción, impunidad, incapacidad, colusión, etc. ha arrebatado a la sociedad: su derecho a mejor calidad de vida y tranquilidad para caminar sin miedo.
El tema es harto difícil, al grado de que el Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue, en reunión con los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT), sugirió que no es conveniente suspender la presencia de ambas instituciones, a riesgo de que “nos vaya peor” pues de alguna manera el patrullaje de los militares inhibe o impide que de una vez por todas la delincuencia organizada tome en definitiva la vida institucional y social de México.
A lo población en todo el país nos asusta, nos aterroriza lo que un día sí y otro, y otro también, sucede en las calles: asaltos, enfrentamientos, levantones, robos, tráfico de drogas, y todas las calamidades propias de un gobierno federal fallido, paralizado, shockeado, incapaz y cómplice del hampa. No pasa un día en que nos enteremos de que en Acapulco, Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, hubo 5, 6, 10 asesinatos o fuego cruzado de sicarios al servicio de los Cárteles… y lejos de resolverse, las fuerzas armadas tienen que “salir a poner la cara”, para salvar la imagen del sexenio que no atina a resolver lo que su inutilidad provoca.
Y sólo es un tema, las muertes inútiles o estúpidas –como las he calificado- pues muchos inocentes que estuvieron en la hora, el lugar y la fecha inoportuna, fueron el daño colateral de una “guerra fallida” que inicio con el panista Felipe Calderón Hinojosa y prolonga el priista Enrique Peña Nieto.
Más adelante daré cifras de estas masacres, de ambos “mandatarios”, pues el tema central es la presencia de los uniformados haciendo labores que no les corresponde.
Así como el Rector Graue, sostiene la inconveniencia de quitar la presencia de los castrenses de las calles, el pueblo clama no retirarlos, pues esto ha impedido de manera definitiva “la toma de la plaza (México)” como en su momento sucedió en Colombia y en los tiempos de la prohibición en Estados Unidos, de los traficantes de licor, especialmente en Chicago.
Si bien la labor de los verde olivos y albos, es proteger el territorio nacional de fuerzas extranjeras, blindar nuestras fronteras por aire, mar y tierra, la incompetencia de los gobiernos federales PAN y PRI, obligaron a “sacar de sus cuarteles” a la milicia. Primero por la falta de planeación y/o protocolo para erradicar y encerrar a los delincuentes organizados. Segundo, la corrupción, ADN de los gobernantes que por miedo, intereses personales y de grupo, prefieren “pactar” con las mafias –en donde todos ganan- menos la sociedad. Y tercero, el descontrol del “socio” cuando éste sabe que tiene en sus manos a los gobiernos (federal, estatal y municipal) y asume como propio los territorios que a base de miedo, terror y balas hace suyos.
Si los militares no estuvieran en las calles, desde hace muchos años estaríamos colombianizados. De una u otra manera, los enfrentamientos pie a tierra, o aéreos contra sicarios, ha detenido la intención de sembrar el terrorismo de las drogas, pues las leyes constitucionales que aprueba el Congreso ni los Decretos presidenciales no han impedido esta ilícita actividad, pues “los malos” sólo entienden a balazos, muertes o detenciones.
Debe revisarse a fondo la actuación del Poder Judicial, de los corruptos jueces o MP’s, que a pesar que la milicia detecta, enfrenta, detiene y entrega sicarios, jefes de cárteles, líderes del narco, etc. más tardan en ser remitidos, que en salir libres, por los “favores” que algunos togados o representantes legales de la federación dan al delincuente, por la consabida “dádiva” o “entre” desde la misma barandilla, sin que procedan siquiera a entablarles el juicio.
Mal han entendido legisladores y funcionarios públicos la lucha contra el crimen organizado, pues creen que con emitir una reforma constitucional y decretarla, los “malos” se asustarán y dejarán de delinquir. Estos malandrines sólo entienden el lenguaje de las balas y de corromper a las “autoridades”, por eso, el Estado debe responderle con la misma medicina, enfrentarlos con las armas y ordenar el decomiso del dinero mal habido; es decir, si la autoridad le pagara en dónde más le duele, sus finanzas, sus bienes y su bolsillo, la derrota será inminente. Sin recursos económicos el narco no podría operar… pero, el Sistema, o es omiso, inepto y cómplice pues sólo encara y extradita al líder, respetándole sus haberes corruptos, lo que causa hilaridad al capo, pues algún familiar, cercano o suplente continuará cometiendo las fechorías con el dinero atesorado por su nefasta actividad.
Ni legisladores, ni gobierno son sensibles a la realidad del castrense, pues en los enfrentamientos muchos de ellos mueren, dejando en el desamparo a sus familias… Cómo única respuesta, en el homenaje póstumo de cuerpo presente espetan la frase trillada “murió en el cumplimiento de su deber”. No señores, su obligación es velar por la tranquilidad, paz social y defensa del territorio y sus fronteras, y no enfrentar cuerpo a cuerpo, a narcotraficantes, sicarios, matones, que debe estar a cargo de la Gendarmería, la Policía Federal y las Ministeriales federal y estatal.
Para legisladores y autoridad de la república, el trabajo sucio lo hacen los militares, bajo el argumento banal de que son los mejor preparados, capacitados, perdiendo el contexto de que esa no es su responsabilidad; para ello creó la Policía Federal y la Gendarmería, pero todo tiene un límite, las fuerzas armadas están hartas, han sido humilladas, ellos ponen los muertos, de ahí que Generales y el mismo Secretario de la Defensa Nacional, han pedido que sus huestes regresen a los cuarteles para cumplir y responder mejor a la sociedad en casos de emergencia.
Algunas cifras que ilustran este desgarrador escenario: durante el sexenio del panista Felipe Calderón, que inició su “guerra fallida” contra la delincuencia organizada, fueron 274 militares y marinos abatidos por sicarios de los cárteles de las drogas.
En la administración de Enrique Peña Nieto, sólo en 4 años 10 meses, han muerto 114 miembros de las fuerzas armadas y falta un año 7 meses para que termine, por lo que las cifras negras del peñismo (sólo castrenses) se incrementarán.
Si nos vamos, a las “muertes colaterales” y directas (sicarios, gatilleros, matones) de ambos gobiernos, además de inhumanas, son insultantes, pues familias de los involucrados están destrozadas, separadas, aniquiladas. Van algunos guarismos para comprender el término de “guerra fallida” de los dos gobiernos: en el sexenio de Felipe Calderón los números finales fueron 121 mil muertes violentas, es decir, una cada 30 minutos, de los 2190 días que comprendió la administración calderonista.
Ahora vamos con el priista Peña Nieto, con apenas 4 años 6 meses de gestión. La prolongación de su “guerra fallida” arroja –hasta el momento- 78 mil muertes violentas, entre ellas los 114 soldados y marinos, el resto son directos y colaterales. Por desgracia falta un año y medio para la culminación de su sexenio y cómo van las cosas, estas semejarán o superarán a las calderonistas.
Las entidades que tienen sumido en la ignominia e incapacidad al mexiquense en donde se han dado el mayor número de muertes y enfrentamientos son (su tierra) Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México y Tamaulipas, estadísticas acumuladas a agosto de 2016, por el Inegi, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Ante todo este escenario, retomo la postura del Rector de la UNAM, Enrique Graue, “no es conveniente retirar aún a los militares en la coadyuvancia de contener al crimen organizado en las calles del país, pues podría irnos peor y dejar a un país sin ninguna opción de desarrollo y oportunidad para las nuevas generaciones”.
Ahí está la opinión de una gente inteligente y preparada. La sociedad con las mismas cualidades exige igual, que sigan las fuerzas armadas defendiéndonos. Así debe ser.
La última palabra la tienen los mandos castrenses, el General Secretario Cienfuegos (Ejército) y el Almirante Soberón Sanz (Marina / Armada de México), ellos decidirán lo que procede, claro, a ver que dice el “Comandante Supremo” de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña, cuyo gobierno y guerra fallida contra el crimen organizado, tiene en una encrucijada a los mandos militares. ¿Cuánto muertos más de sus tropas serán suficientes, para que motu proprio, ordenen a sus huestes regresar a los cuarteles?
Los malos esperan que ya. Pero el patriotismo y lealtad al país de Cienfuegos y de Soberón, harán esperar prudentemente un tiempo más…No me equivoco.
*Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT) y de Comunicadores por la Unidad (CxU)
