Recordó que la minuta de ley prevé el uso de dispositivos tecnológicos para la geolocalización por lo que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un estudio sobre el nivel de gasto que implicará poner en marcha este marco jurídico aprobado ya por el Senado y recibido el 29 de abril por la Cámara de Diputados.
Indicó que en breve la comisión a su cargo iniciará el análisis formal de la ley y adelantó que coinciden con 90 por ciento del articulado pero resaltó que la minuta considera un impacto presupuestal cero cuando sí requerirá recursos.
“Los brazaletes que pueden instalarse como geolocalizadores tienen un costo de entre cuatro mil y seis mil pesos al mes, más los problemas técnicos que implican, ya que funcionan a través del celular” resaltó.
Comentó que la propuesta establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) será responsable y auxiliar para determinar si hubo o no tortura, de acuerdo al Protocolo de Estambul, proceso que exige peritajes de especialistas de la CNDH para apoyar a las comisiones estatales que soliciten un servicio de esta índole, y eso exigiría más presupuesto, abundó.
Los diputados también evaluarán si no se afecta el debido proceso en las indagatorias. Resaltó que para tomar decisiones hay que saber de dónde saldrá el dinero para costear estas obligaciones, aunque precisó que no es sólo una cuestión económica, sino técnica.
Además, explicó, tienen que examinar otras repercusiones de tipo normativo, como la definición de exclusión de prueba de una declaración obtenida bajo tortura, que no puede ser válida y debe anularse en un juicio; evaluar la confesión de un delito y si existen testimonios de convicción, independientemente de que hubiera tortura; en ese caso, acotó, los abogados pueden anularlo.
Respecto a la iniciativa sobre matrimonio igualitario, Luna Canales informó que los integrantes de la comisión sostendrán una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para evaluar este tema y el de la minuta para erradicar y combatir la tortura.
Recordó que ese marco jurídico exige reformar el artículo cuarto constitucional y adecuar diversos ordenamientos legales como el Código Civil Federal, a fin de armonizarlos con principios de igualdad y no discriminación además que la CNDH ha recomendado a los congresos estatales legislar en la materia.
En cuanto a la elaboración de la opinión presupuestal, resaltó la necesidad de realizar un balance transversal sobre el uso de dinero para salvaguardar los derechos humanos.
