• El Grupo Parlamentario del PRD presentó ambas iniciativas a través de los diputados Jesús Sánchez y Eleazar Centeno
• La diputada Yomali Mondragón también propuso reformas para ampliar el catálogo de beneficiarios de los programas, acciones y servicios de asistencia social
/Pasaporte Informativo/
Toluca de Lerdo, Méx.- Combatir la violencia obstétrica, favorecer el pleno acceso a derechos por parte de personas con VIH/SIDA, además de precisar y ampliar a los beneficiarios de los programas de asistencia social, son propósitos de las iniciativas que presentó el Grupo Parlamentario del PRD en la 59 Legislatura mexiquense, a través de los diputados Jesús Sánchez Isidoro, Eleazar Centeno Ortiz y Yomali Mondragón Arredondo, respectivamente.
La propuesta del diputado Jesús Sánchez, para reformar y adicionar el Código Administrativo del Estado de México, busca incluir dentro de los servicios de salud que proporciona el estado en materia de salubridad, el de “Promoción, orientación y vigilancia para erradicar la violencia obstétrica”.
El también presidente de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social señaló que la violencia obstétrica se traduce en prácticas invasivas, tales como el tacto realizado por más de una persona, la episiotomía de rutina, es decir el corte quirúrgico que se realiza en el perineo, el uso de fórceps y la maniobra de Kristeller, que consiste en presionar el fondo del útero para acelerar el parto, además del raspaje de útero sin anestesia, una cesárea sin justificación médica y el suministro de medicación innecesaria.
Por otro lado, la violencia obstétrica psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado, un lenguaje inapropiado y grosero, discriminación, humillación, burlas y críticas respecto al estado de la mujer y su hijo, además de la omisión de información sobre la evolución del embarazo por parte de los profesionales de salud.
El documento, turnado a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud, Asistencia y Bienestar Social y de Administración y Procuración de Justicia, refiere que las manifestaciones de la violencia obstétrica también se observan cuando no se atienden las emergencias obstétricas de forma adecuada, y al obstaculizar el apego del niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente al nacer, entre otras.
Respecto a la propuesta del diputado Eleazar Centeno para reformar el Código Administrativo y las leyes de Educación, para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación y para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar, todas del Estado de México, refiere que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado categóricamente que el VIH/SIDA es un problema de salud pública y que siguen prevaleciendo estigmas, prejuicios y prácticas discriminatorias hacia las personas que viven con esta enfermedad.
En este sentido, se pretende que el Código Administrativo incluya el enfoque de transversalidad y de no discriminación y que los servicios de salud de la entidad implementen campañas permanentes preventivas en favor de la diversidad sexual y para detectar infecciones de transmisión sexual, además de garantizar el acceso a antirretrovirales y profilácticos gratuitos para la población no derechohabiente y promover la adopción de la cartilla de derechos sexuales y de salud reproductiva amplia.
En cuanto a la Ley de Educación se propone que incluya la promoción entre los estudiantes de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos y que las autoridades educativas, en conjunto con las del sector salud, instrumenten campañas permanentes encaminadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de respeto a la diversidad sexual.
También plantea incluir en la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de Discriminación, medidas que fomenten la igualdad, aunadas a campañas permanentes entre la población a fin de que en el núcleo familiar se respeten las preferencias sexuales de sus integrantes y se elimine cualquier forma de discriminación y violencia familiar, mediante reformas a la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar.
Para su estudio se remitió a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud, Asistencia y Bienestar Social y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En cuanto a la iniciativa de la diputada Yomali Mondragón pretende reformar la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios para ampliar y precisar las personas que tienen derecho a ser beneficiarios de los programas, acciones y servicios de asistencia social.
El documento, remitido a la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, señala que en este ordenamiento no existe una definición de “vulnerabilidad” y “situación de riesgo”, por lo que propone que el primer concepto se entienda como la situación que tiene una persona o grupo de personas, que debido a sus condiciones de pobreza, marginación y condiciones de vida se encuentre en riesgo de pérdida o disminución de un bienestar o de sus capacidades básicas, riesgo que puede ser producto de un fenómeno natural o bien situaciones antropogénicas como inseguridad, relación con zonas de incidencia de crimen organizado, violencia de género, entre otros.
En cuanto a “situación de riesgo”, señaló que no solo implica las condiciones de marginación o pobreza, sino las posibilidades de enfrentarse a participar en actividades ilícitas debido al contexto social en que se desarrolla el individuo o bien las condiciones culturales y sociales que podrían llevarlo a una condición victimizante, por lo que puede definirse como la posibilidad de que una persona sufra un daño en su integridad física o emocional y que tiene su origen en una causa de tipo social.
En cuanto al catálogo de beneficiarios de los apoyos que otorga el Estado, propone que se considere a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y no sólo en pobreza extrema, a mujeres y personas en estado de marginación media o baja, así como a los afectados de desastres según el impacto del fenómeno y no las condiciones sociales de la zona.
