- ¿Y qué hicieron los sacerdotes y obispos en la pasada campaña electoral? Francamente hubo violación a lo previsto por la ley. Bien, la nueva relación Estado-Iglesias fue anunciada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, en su tercer informe de gobierno el 1 de noviembre de 1991, aunque en la práctica pareciera que se dio manga ancha a las Iglesias porque la autoridad ha sido omisa en aplicar las sanciones de ley
- /Moisés Sánchez Limón/
Discutir en torno de la religión suele ser como adentrarse en terreno pantanoso en el que el más culto y demócrata, incluyente y tolerante ciudadano resulta francotirador dispuesto a trenzarse en un debate con argumentos francamente ultra radicales y de corte oscurantista, dispuesto a defender una verdad amalgamada con los más disímbolos argumentos que incluyen mentiras no del todo piadosas mas sí discriminatorias y hasta de una fantasía intolerante.
Así, mientras en el Congreso de la Unión ocho partidos políticos (PRI, PAN, PVEM, PRD, MC, PANAL, PES y Morena) se ha dado un debate –con los bemoles partidistas de siempre– para parir una nueva legislación en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, un entramado de leyes y reglamentos tendentes a dar un nuevo marco de procuración y aplicación de justicia con equidad y paridad de género, en los púlpitos el clero católico despliega una singular guerrilla para castigar con el voto ciudadano a los perversos políticos que pretenden llevar a México a escenarios que la modernidad y globalización demandan.
Veamos. El sacerdote Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México y presidente del Consejo Editorial del semanario católico “Desde la Fe”, dice que no hubo proselitismo en el pasado proceso electoral y que orientara el voto de castigo contra el PRI. Lo que hubo, dijo el clérigo, fue una serie de orientaciones de obispos y sacerdotes que advirtieron el peligro de la iniciativa presidencial en materia de matrimonios de personas del mismo sexo.
Sin embargo, hay pruebas documentales de que en el proceso electoral que se dirimió en las urnas el domingo 5 del mes en curso, sacerdotes y obispos de entidades como Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, por citar una de las doce en las que se eligió gobernador, hicieron campaña, entre la feligresía católica, en contra del PRI.
Mire usted, no se trata de llamar al Partido Revolucionario Institucional a usar su fuerza legislativa y de poder público, para aplicar las sanciones de ley, que por supuesto proceden, contra los ministros de culto que se treparon al carro de las campañas para acarrear agua a su molino y de pasada darle un empujoncito a los candidatos contrarios al PRI.
No, me parece que llegó el momento de profundizar en la reforma que, mediante enmiendas y adiciones a los artículos 130, 27, 24, 5º y 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de enero de 1992 derivó en una nueva relación entre el Estado y las Iglesias, aunque subrayadamente con la católica que más de 60 años atrás le declaró la guerra armada al Estado Mexicano, días aquellos posrevolucionarios y de radicalismo presidencial del caudillo Plutarco Elías Calles y los mártires del bajío.
En contraste, en los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se privilegió la iniciativa de reforma constitucional bajo el argumento de que la relación Iglesias-Estado fuera más acorde con la realidad y los requerimientos modernos.
Merced a dichas reformas, se reconoció una nueva figura jurídica, la “asociación religiosa”, sujeta al registro en la Secretaría de Gobernación, previo cumplimiento de los requisitos señalados en la ley; además, se otorgan derechos políticos y civiles más amplios a los ministros de los diversos cultos, como el derecho votar pero no ser votados y sólo los representantes de las asociaciones religiosas deben ser mexicanos, ya no todos los ministros.
Por tanto, los ministros de culto no pueden ocupar puestos de elección popular o cargos públicos si no se separan de su ministerio y, por ende, no pueden asociarse con fines políticos, hacer proselitismo o propaganda contra partido o candidato, ni oponerse a las leyes, instituciones y símbolos nacionales.
¿Y qué hicieron los sacerdotes y obispos en la pasada campaña electoral? Francamente hubo violación a lo previsto por la ley. Bien, la nueva relación Estado-Iglesias fue anunciada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, en su tercer informe de gobierno el 1 de noviembre de 1991, aunque en la práctica pareciera que se dio manga ancha a las Iglesias porque la autoridad ha sido omisa en aplicar las sanciones de ley.
Sería largo citar pormenorizadamente los alcances de aquella reforma constitucional, pero vale recordar que el PRI fue impulsor –por instrucciones presidenciales, por supuesto—de éste giro político y social.
Hoy, el PRI con sus bancadas mayoritarias y las asociadas del PVEM y de Nueva Alianza, incluso con la simpatía de lo que queda de la izquierda, está en condiciones de impulsar una iniciativa encaminada a ampliar obligaciones y responsabilidades de los ministros de culto. No para procesarlos por violar un ordenamiento constitucional, sí con el objetivo de despojarlos de ese doble lenguaje y actitud frente a feligreses que son los que votan y nada cuestionan a quienes desde el púlpito se han convertido en uno de esos poderes fácticos, cuya operación tiene características de una singular guerrilla urbana y rural que encabeza movilizaciones políticas.
La modernidad demanda de la sociedad despojarse de máscaras y superar el doble lenguaje. Y si la postura del clero católico es estar de lado de la oposición –eso de los desposeídos tiene tufo a demagogia–, entonces que haya definición y al pan, pan y al vino, vino.
Porque eso de los francotiradores desde el púlpito y publicaciones de sedicente reflexión, deben instalarse en el ámbito de su influencia cívico-política. ¿Votar y ser votados? ¡Perfecto! Y así nos quitamos de las medias verdades o medias mentiras, de la descalificación velada en la homilía. Ya lo dijo el papa Francisco: discutan como hombres.
Iglesias y capitanes de empresa, dirigentes del sector privado han saltado la valla instalándose en la franca rebeldía que rechaza lo que huele a gobierno federal. ¿No comulgan con Enrique Peña Nieto? Usen las tribunas y ajústense al marco legal. ¡Vaya guerrilleros! Descalifican al vecino y resultan peores que aquel peligro para México que se ha gastado una millonada, sin trabajar, en la permanente campaña por la Presidencia de la República. Conste.
VIERNES. ¡Vaya con el berrinche de Emilio Gamboa! Sí, fue berrinche eso de pretender aplicar la Ley 3de3 al sector privado que hace negocios con el gobierno mediante proveeduría, es decir, desde la construcción de una carretera que la venta de papel higiénico. ¿Olvidaron los senadores que en la Ley de Transparencia están referidos los entes particulares que deben rendir cuentas porque reciben dineros públicos? Digo.
@msanchezlimon
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