- Las sanciones máximas serán de 12 años de prisión para actos de corrupción en licitaciones, contrataciones, cobro de comisiones por gestión de recursos o información que beneficie a empresas particulares. La pena se aumentará en una mitad tratándose de agentes aduanales y en un tercio si son funcionarios por elección popular
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular reformas al Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción, que fija distintas penas de cárcel dependiendo de la gravedad del ilícito y la inhabilitación de 20 años a los funcionarios que incurran en prácticas de ese tipo.
La reforma, que forma parte del paquete de leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, fue avalado por 104 votos a favor y siete en contra, fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.
Las sanciones máximas serán de 12 años de prisión para actos de corrupción en licitaciones, contrataciones, cobro de comisiones por gestión de recursos o información que beneficie a empresas particulares. La pena se aumentará en una mitad tratándose de agentes aduanales y en un tercio si son funcionarios por elección popular.
Se incorporara el beneficio de la reducción de penas para el particular que haya participado en la comisión de delitos y proporcione ayuda eficaz para la investigación y condena de los servidores públicos involucrados.
Dicho beneficio aplica de igual manera al servidor público que estando involucrado en un delito y denuncie, presente pruebas y preste colaboración para la investigación y condena.
Asimismo, se incrementan en un tercio las penas para los servidores públicos que hayan cometido delito y hayan sido electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso.
Se tipifican como delitos de la utilización ilegal de información confidencial y de colusión, relacionada con la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos del Estado.
En la reforma se incluyen a las empresas productivas del Estado en la definición de servidores públicos para los efectos del Código Penal Federal en materia de casos de corrupción.
