Es una demanda histórica, señores

Las reformas legislativas para establecer normas de paridad en los sistemas electorales y el marco político, no son un invento chapín. Solo en América Latina 14 países introdujeron, desde 1991, acciones afirmativas de género a nivel de cuotas y paridad, las cuales se tradujeron en una mayor presencia femenina en las cámaras y otros espacios de decisión. Sin embargo, existe una fuerte resistencia al cambio en algunos foros parlamentarios, como el de Guatemala, bajo la excusa de que esos espacios solo deben abrirse por mérito y no por ley.

Aquí, resulta pertinente insistir en el hecho de que no existe el concepto de mérito alguno en el actual sistema electoral, ya que los puestos en los listados de candidatos están abiertos a un mercado de oferta y demanda, manejado a conveniencia de las cúpulas partidarias. Los resultados están a la vista.

Los avances en la conquista de los derechos de las mujeres ha sido un camino empedrado y sembrado de obstáculos. Es una batalla desigual en la cual de un lado están quienes tienen las llaves del poder y de la elaboración de leyes y, en el otro, la mitad de la población sujeta a un régimen de sumisión obligatoria. Un tema por demás apropiado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y echar un vistazo a sus luchas por la igualdad.

Desde el voto femenino, el derecho al aborto, el ingreso a las universidades hasta la práctica del deporte en arenas olímpicas, la mujer ha tenido que pelear sus espacios a brazo partido. Esto le ha costado descrédito, prisión, muerte y destierro. Sus ambiciones han sido calificadas de ridículos intentos de colocarse a nivel del hombre, cuya ilegítima autoridad ha estado amparada por leyes destinadas a preservar sus privilegios.

En la actualidad ya no se discute la capacidad de las mujeres para aportar sus conocimientos, experiencia y calidad de trabajo en los ámbitos político y administrativo, pero los candados siguen cerrados para su acceso a cargos de elección y posiciones de poder. Las reformas a leyes opuestas a la norma constitucional, las cuales ponían obstáculos al libre ejercicio de los derechos de las mujeres, costaron años de argumentaciones por parte de este sector. Lo mismo sucedió con la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, a cuya aprobación se resistía la mayoría de representantes, quienes veían en ella una fuerte amenaza a su estatus. Hoy esos avances son una realidad.

La legitimidad del sistema democrático depende, entonces, de una participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad. Ante eso no puede existir la menor duda, al quedar demostrado que la marginación de la mujer responde a una estrategia de dominación patriarcal en sistemas diseñados con ese fin. En países como los nuestros, en donde la población más pobre está compuesta mayoritariamente por mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hace imperativo introducir cambios radicales en el modo de administrar los recursos del Estado y establecer políticas públicas en consenso con todos los sectores.

Guatemala posee una riqueza inmensurable en recurso humano, creatividad y capacidad de producción, bienes actualmente desperdiciados y convertidos en una carga social por falta de oportunidades de desarrollo. Una mayor presencia de las mujeres en todas las instancias de decisión, pero fundamentalmente en el organismo legislativo, pondría un acento nuevo y el equilibrio indispensable para el ejercicio de un gobierno más dinámico, mejor administrado y con la posibilidad de consolidar las relaciones humanas sobre una plataforma más justa y democrática.

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