INE y su enfrentamiento con la democracia y la libertad
López Dóriga * Murat * Duarte * Carlos Joaquín * Remberto Estrada
Por Gerardo Flores Ledesma (*)
EL CENTRO de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige Luis Foncerrada Pascal, revela que la corrupción en México es el principal factor que inhibe los negocios. El organismo que depende del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo Castañón, hizo una encuesta para evaluar el marco regulatorio vigente y las condiciones de buen gobierno en 56 municipios del país y las delegaciones capitalinas. La encuesta es puntual, pulcra, sensata, con un margen de error de casi cero, y los resultados sorprendentes. Los 10 municipios y delegaciones más corruptas, donde hay «pagos extraoficiales» para obtener licencias o permisos para crear o construir un negocio son Centla, Teapa y Villahermosa, en el estado de Tabasco; Cuernavaca, Morelos; las delegaciones Azcapotzalco y Venustiano Carranza; Acapulco, Guerrero; Ciudad Nezahualcóyotl, y Tijuana y Tlaxcala. Detrás de la corrupción, aparecen la burocracia, la inseguridad y los impuestos, como los principales inhibidores de negocios en México.
EL PRECIO del petróleo será el fiel de la balanza este año en la estabilidad en tipo de cambio, de más crecimiento económico global, de calma en precios de productos de consumo general y en finanzas públicas. El llamado oro negro será factor de garantía de avances o retrocesos en los mercados de capital, por el peso que tienen esas empresas en la canasta de acciones, y me atrevería a decir de la supervivencia de miles de empresas ligadas al mercado del crudo, como Pemex. Por cierto, la otrora incólume paraestatal, intocada y custodiada como la bandera y el himno nacional, dará a conocer este día su plan de ajuste administrativo y de proyectos de inversión para 2016.
EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova Vianello, pierde credibilidad con gran celeridad. La institución autónoma y pletórica de presunciones democráticas no sólo quiere más dinero para organizar comicios, más promoción gratuita vía spots, más dinero público a través de los impuestos y la exitosa recaudación fiscal para los gastos personales de sus consejeros y funcionarios de alto nivel o más genuflexiones de parte de sus aduladores, sino que ahora quiere someter a los medios de comunicación, como lo hizo con los empresarios hace 10 años, a sus decisiones y veredictos torpes y sin apelación.
EL LITIGIO con el periodista Joaquín López Dóriga es un asunto muy grave para la democracia, la libertad de expresión y la relación de los medios de comunicación con el gobierno y los organismos autónomos, llámense INE, UNAM, Banco de México o cualquiera de las más acendradas organizaciones no gubernamentales (ONG). Tener que enfrentar a organismos como el INE, que acusa sin sentido y quiere aplicar su ley, una particular y acomodaticia, contra una general y admisible como la Carta Magna, sólo por fijar una posición contra su abominable espoteo, que en la población que vota provoca más irritación que aceptación, es un tema que causa prurito como el alza de impuestos, como el reglamento de tránsito de la ciudad de México, como los negocios mal habidos entre empresas extranjeras y funcionarios del gobierno en turno del nivel que sean, o como los salarios y prestaciones insultantes que se recetan los jerarcas del Poder Judicial, del propio INE, de la CNDH o del Banxico. Todos los periodistas debemos poner las barbas a remojar si aceptamos que un grupo de «demócratas» y ayatolas adoptados por el manto del supremo derecho electoral, coarten la libertad de expresión que se debe ejercer, esa misma que no se compra ni se vende, ni se cuadra en reglamentos ni tampoco en documentos legislativos. Tratar de acallar a López Dóriga sólo porque se atrevió a decir en una transmisión televisiva a propósito de la visita del Papa Francisco: “Y nosotros vamos a tener que hacer una pausa, ¿por qué? Porque es la ley y la pauta del INE y estos son sus spots», es simplemente una acción reprobable del INE. Eso simplemente se llama dictadura, aquí y en Rusia y en Venezuela, sean los tiempos de Alexandro Solyenitzin o los de Leopoldo López. Sólo falta que nos metan a la cárcel porque no estamos de acuerdo con el INE… ¡Carajo!
OAXACA, Veracruz y Quintana Roo pueden ser tres de los estados que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierda de manera insensible por tratar de imponer, defender o ignorar a militantes que no tienen arraigo, son una divisa negativa para dicho partido o no creen que pueden darle la vuelta a los favorecidos. El asunto está complicado para el tricolor en esas entidades federativas, porque en el caso específico de Oaxaca los que visten la casaca del tricolor saben y dicen recio y quedito que Alejandro Murat no conoce Oaxaca, porque nunca ha vivido ahí; los veracruzanos ya quieren e imploran porque se vaya Javier Duarte de Ochoa que deja un capital político deleznable para el PRI, y en Quintana Roo el asunto político-electoral está color de hormiga por la llegada de Carlos Joaquín González como candidato de otra instancia político-partidista. Este último punto está aderezado por la imposición que quiere hacer el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de sonora y desprestigiada memoria, para que su candidato a la alcaldía de Benito Juárez Cancún sea su diputado federal Remberto Estrada Barba, y pretende que con el apoyo del PRI y Panal sea ungido en esta semana, a pesar de que su labor como legislador ha sido paupérrima y los escándalos en los que se ha visto involucrado superan cualquier cuento imaginado. Muchos preguntan cómo puede llegar a ser candidato del PRI un joven imberbe cuyo partido sólo tiene el 11% de la votación en Quintana Roo y que ya cuenta con 5 regidores, 7 diputados y un senador. En el PRI deben estar chiflados para aceptar que el aspirante sea un político del PVEM si el tricolor puede ganar en ese municipio con los verdes o sin ellos. Si eso ocurre, ahí les va la advertencia: Los grandes beneficiados serán las huestes de Andrés Manuel López y su Morena.
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