- El diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz (PRI), presentó el dictamen que propone sanciones de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa al que sin derecho y sin consentimiento de su titular adquiera información confidencial como contraseñas, claves, nombres de usuario o cualquier otra que permita, el acceso a cuentas bancarias, o de correo electrónico
- /Pasaporte Informativo/
Toluca de Lerdo, Méx.- Por unanimidad, la LIX Legislatura mexiquense avaló la iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el Código Penal Federal con la finalidad de agravar las penalidades por adquirir información confidencial de cuentas bancarias o de correo electrónico y hacer uso indebido de la misma, así como por atentar contra la dignidad humana a través de medios electrónicos de comunicación.
En sesión del Segundo Periodo Extraordinario, el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz (PRI), presentó el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo estatal, por el cual se propone que, al que sin derecho y sin consentimiento de su titular, adquiera información confidencial como contraseñas, claves, nombres de usuario o cualquier otra que permita, el acceso a cuentas bancarias, o de correo electrónico, que los identifique como titulares de tales cuentas sin serlo, para su uso indebido, se le impongan de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa.
También plantea reformar los párrafos quinto y sexto del artículo 149 ter, el cual establece que se aplicará de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa al que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, para que dicha pena se incremente en dos tercios cuando se publiquen audios, imágenes o videos destinados a denigrar a una persona o grupo de personas, utilizando medios electrónicos de comunicación alámbrica o inalámbrica.
Al respecto, la diputada María Fernanda Rivera Sánchez (PAN), presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades jurisdiccionales, quienes analizarán e interpretarán la norma, a no limitar la libertad de expresión y que realmente sean protegida la dignidad humana de inocentes, niñas, niños, mujeres, discapacitados, indígenas y cualquier grupo o sujeto en situación de vulnerabilidad.
