- Debe ser viable el juicio político sobre autoridades cuyas omisiones o acciones deriven en la tragedia humanitaria de la desaparición forzada, el secuestro, la extorsión y las ejecuciones extrajudiciales, planteó la diputada federal
Ante el pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora federal María Elena Orantes López presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tendente a endurecer sanciones a quienes en el ejercicio de la función pública incurran en violaciones graves a los derechos humanos.
La iniciativa de la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, propone ampliar la vigencia de la responsabilidad para propiciar condiciones que hagan viable el juicio político contra autoridades responsables de dichas violaciones, es decir, que el periodo para la prescripción de un delito violatorio de los derechos humanos, sea de seis años, no de uno como está previsto actualmente.
Y es que, conforme con el fundamento de dicha iniciativa, implica reformar la fracción tercera del artículo 7º y una adición al 9º, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque como se encuentra contiene ambigüedad y, por tanto, requiere de una adición para encauzar la declaración de procedencia del juicio político, por ejemplo contra responsables de ejecuciones extrajudiciales.
Al respecto, en la exposición de motivos, la diputada federal chiapaneca afirmó que una de las expresiones más indignantes de la corrupción, es la que deriva en el contubernio de autoridades y delincuencia para extorsionar, desaparecer, matar y violar los derechos humanos de la población.
Hoy, puntualizó, la violencia de algunas autoridades hacia la población se ha incrementado desde la represión y persecución a los opositores y periodistas, casos en que han complementado las atrocidades de la delincuencia organizada como sucedió en Iguala o en Veracruz.
Bajo esa referencia, la diputada ciudadana sostuvo que “la impunidad es intolerable y para combatir este fenómeno, se debe hacer viable el juicio político sobre autoridades cuyas omisiones o acciones deriven en la tragedia humanitaria de la desaparición forzada, el secuestro, la extorsión y las ejecuciones extrajudiciales que vemos todos los días en distintas partes de nuestro territorio”.
Y es que, insistió, “es inaceptable que la clase política no actúe decididamente, en contra de la proliferación de fosas clandestinas y no actué de manera oportuna o decidida para definir responsabilidades políticas en este tipo de tragedias humanas”.
Por ello, dijo, es imperativo impulsar desde la Cámara de Diputados “cambios en nuestros mecanismos de control político, para que se destrabe el bloqueo de los mismos, al menos en lo concerniente en defender los Derechos Humanos, especialmente el Derecho a la vida”.
