- Y, bueno, hoy está en medio del escándalo el gobernador de Morelos, Graco Ramírtez, cuya decisión para atender la urgencia de respuestas a una situación que detonó con la ejecución de la alcaldes de Temixo, fue decretar el Mando Único en todos los municipios morelenses, incluido el de Cuernavaca, donde el futbolista Cuauhtémoc Blanco se niega a asumirlo
/Moisés Sánchez Limón/
¿En qué nos quedamos? La ejecución de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo indigna, preocupa y aterroriza.
Las condiciones de seguridad que privan en el país no son, por mucho, muestra de una mejoría en ese rubro que detonó cuando los gobiernos de transición perdieron el control en el combate a la delincuencia organizada y posibilitaron que ésta se incorporara abierta e insultante en la estructura del poder público.
Hace unos días, Diego Fernández de Cevallos respondió a la versión del abogado José Elías Romero Apis de que fue invitado por el entonces debutante presidente Ernesto Zedillo Ponce de León a ocupar la cartera de procurador General de la República, pero la rechazó por considerar que podría haber sido interpretado como premio de consolación por haber perdido la elección presidencial.
Pero, lo que no refiere Fernández de Cevallos, es que el nominado a ocupar ese cargo fue su pupilo, el entonces diputado federal panista Fernando Antonio Lozano Gracia, cuya administración, de la mano y complicidad de Pablo Chapa Bezanilla, desbarrancó la credibilidad y honorabilidad que le quedaba a la Procuraduría General de la República, amén de abrir la puerta al crimen organizado en puestos clave de la entonces Policía Judicial Federal.
Por supuesto, la relación de personajes policiacos de alto, mediano y bajo rango con capos no fue un asunto primigenio del PAN en la PGR, pero en esa administración a cargo de Lozano Gracia que concluyó el lunes 2 de diciembre de 1996, cuando Zedillo decidió despedir a Lozano Gracia porque la procuración de justicia era el hazmerreír dentro y fuera del país, merced a la empecinada venganza zedillista contra Carlos Salinas de Gortari, fue de galopante alianza.
La ejecución de la alcaldesa de Temixco, unas horas después de haber asumido la encomienda y el juego del poder en la repartición de cargos para quedar bien o pagar una factura, como la habría interpretado Fernández de Cevallos y el equívoco de designar a Lozano Gracia y Chapa Bezanilla en un encargo de suyo delicado, evidencia ausencia de voluntad política por atender el llamado social a combatir a los criminales que son poder alterno e influyente, o como le dicen eufemísticamente: el poder fáctico.
Lozano Gracia y Chapa Bezanilla recibieron la encomienda de investigar los asesinatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta, José Francisco Ruiz Massieu y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Al final convirtieron los casos en lo que fue evidencia de la venganza personal de Ernesto Zedillo y, de paso, de estos personajes en el papel de procurador y fiscal.
Podrá usted decir que la PGR ya había perdido credibilidad. Sin duda tiene razón, pero la praxis de ese periodo en el que el PAN, vía uno de sus prohombres, despedazó el poco honor que le quedaba a esa instancia de procuración de justicia. Y de ahí en adelante.
Los gobiernos de la transición no encontraron la fórmula para contener a esa delincuencia que se organizó para pelear el poder público, el político, más allá de las plazas al contrincante. Vicente Fox desmanteló al CISEN y Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado sin contar con estrategia ni elementos comprometidos con esa tarea. Genaro García Luna levó el tema a espacios de telenovela y al ridículo.
En otras entidades, gobiernos de filiación perredista y priista atendieron improntas electoreras y soslayaron la lucha contra ese endemoniado mal que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), por cierto de filiación panista, en la última década asesinó a 37 presidentes municipales en funciones, siete electos y 31 ex alcaldes. La cifra aterroriza porque, si usted me permite la referencia, no se trata de ciudadanos comunes. No, son víctimas de un rango político en ascenso, con poder y, sobre todo, representatividad social.
Asegura Isidro López Villarreal, presidente municipal de Saltillo, Coahuila, y presidente de la ANAC, que “los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas”.
Y, bueno, hoy está en medio del escándalo el gobernador de Morelos, Graco Ramírtez, cuya decisión para atender la urgencia de respuestas a una situación que detonó con la ejecución de la alcaldes de Temixo, fue decretar el Mando Único en todos los municipios morelenses, incluido el de Cuernavaca, donde el futbolista Cuauhtémoc Blanco se niega a asumirlo.
¿Es necesario el Mando Único policiaco para enfrentar al crimen organizado? De acuerdo con López Villarreal éste debe aplicarse solo por excepción y no como regla. En diversos foros –citó– representantes de la sociedad civil y expertos en seguridad han expresado que el problema de fondo es la calidad, el ambiente de corrupción actual y los mecanismos de supervisión son muy débiles.
Y acotó que de los 2445 municipios del país, solo 280 tienen acceso al subsidio para la seguridad pública, el llamado SUBSEMUN, e incluso en 2015 la bolsa para este fondo fue por la cantidad de 4 mil 869 millones de pesos la cual se distribuiría en dos ministraciones. En la primera ministración se entregaron 2 mil 434 millones de pesos. Para la segunda de las ministraciones se anunció por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un recorte por mil 223 millones de pesos, que deja fuera del otorgamiento de este subsidio a 141 municipios.
De estos 141 municipios 53 han cumplido con los requisitos de comprobación de la primera ministración y por lo tanto ya están en condiciones para recibir el recurso, que es por la cantidad de 443 millones. A 57 municipios aún les falta cumplir con alguno de los lineamientos del subsidio y el monto es por 566 millones.
Pero ya estamos en 2016 y la resultante de esa ausencia de voluntad política en un escalón de los tres órdenes de gobierno y la errática decisión de enfrentar el aterrador clima de inseguridad se agrava en el trámite burocrático. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Conste.
MIÉRCOLES. ¿Cuánto se habrá gastado Rafael Moreno Valle Rosas en la promoción personal con pretexto de la despedida del año viejo desde Puebla en el Canal de las Estrellas? Digo.
@msanchezlimon
Vanguardia Digital
