- La Ciudad de México tendrá su propia Constitución Política, que regirá la conducción del estado, con lo que se proporcionará estabilidad a las reglas que determinan la forma en que se ejerce el poder público por parte de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad
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La discusión se centró principalmente en la integración de la Asamblea Constituyente, ya que la representación de Morena quería modificar su conformación y que sus integrantes fueran electos por los capitalinos.
Sin embargo sus reservas fueron rechazadas por el pleno de la Cámara de Diputados. En la discusión salieron a relucir las diferencias entre perredistas y la gente de López Obrador.
El perredista Arturo Santana Alfaro consideró que el tipo de designaciones que busca proponer Morena es a través de tómbola, por lotería o pirinola y se le olvida que estamos en una discusión seria para sacar adelante la Reforma Política del Distrito Federal.
Al inicio de la discusión en lo particular la Comisión de Puntos Constitucionales presentó un Adendum en donde se establecía que en la integración de la Asamblea Constituyente podrán participar candidatos independientes y que no pertenezcan a ningún partido político o hayan participado en un proceso electoral.
También, se precisa que será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) quien emita la Convocatoria para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación del decreto.
La discusión de este decreto se extendió por cerca de seis horas y al final fue aprobado en lo general y particular, donde los legisladores del los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza se abstuvieron de entrar al debate, mientras Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) se enfrascaban en una discusión que no condujo a ningún acuerdo.
Fueron 16 diputados que presentaron 58 reservas a 10 artículos del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, las cuales fueron rechazadas por la asamblea.
La propuesta avalada por el pleno modifica 54 artículos de la Carta Magna y se derogan dos, para darle a la capital igualdad jurídica como a las demás entidades del país y otorgarle obligaciones, facultades y prerrogativas.
El documento que fue devuelto al Senado de la República para los trámites constitucionales correspondientes, indica que la Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico.
El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Con la enmienda se asegura que los capitalinos dejarán de ser “ciudadanos de segunda o menores de edad” y tendrán los mismos derechos que los mexicanos de los otros estados.
La Ciudad de México tendrá su propia Constitución Política, que regirá la conducción del estado, con lo que se proporcionará estabilidad a las reglas que determinan la forma en que se ejerce el poder público por parte de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad.
También se dotará de una herramienta política para reconocer y proteger los derechos fundamentales, preservar las libertades y dotar de seguridad a la sociedad.
Se elimina la figura jurídica de las delegaciones políticas y se crean las demarcaciones territoriales, que serán encabezadas por un alcalde y concejales, lo que les proporcionará mayor autonomía de la que hoy en día gozan.
Dejarán de ser administraciones unipersonales y se abrirá la posibilidad de la pluralidad de ideologías.
La Asamblea Legislativa se convertirá en un Congreso local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales, como el resto de las legislaturas estatales, formando parte del Constituyente.
La reforma política conlleva grandes avances basados principalmente en el goce de una autonomía inédita, debido a que el gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud.
Por lo tanto, recibiría más recursos por parte del gobierno federal para programas sociales.
El Ejecutivo local podrá nombrar libremente a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ya que actualmente el Presidente de la República debe dar su visto bueno, tal y como se estipula en el Artículo 122.
También se elimina la facultad del Senado para poder remover de su cargo al jefe de Gobierno, como lo establece actualmente la Constitución en la fracción IX del Artículo 76.
