Aprueban Comisiones Régimen de Responsabilidades Civiles en contrato electrónico de Transporte

• También avalaron la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila para instaurar la evaluación de confianza a responsables de seguimiento a la obra pública y sanciones a contratistas que infrinjan la normatividad administrativa
• La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios aprobó convenios limítrofes entre Villa Guerrero y Tenango del Valle, y entre Calimaya y Tianguistenco

/Pasaporte Informativo/

Toluca de Lerdo, Méx., 28 de octubre.- Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron establecer el régimen de responsabilidades civiles en el contrato electrónico del transporte; que los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la residencia y supervisión de obras públicas se sometan a evaluaciones de confianza, y que la Secretaría de la Contraloría pueda sancionar a particulares contratistas o licitantes de obra pública cuando incumplan la normatividad administrativa correspondiente.

En la reunión presidida por el diputado Raymundo Martínez Carbajal (PRI), los legisladores acordaron precisar que el responsable por cualquier incumplimiento del contrato electrónico de transporte privado de personas a través de una prestadora de servicios electrónicos será directamente el proveedor privado de transporte.

De acuerdo con el dictamen a la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas, remitido al Pleno legislativo para su votación definitiva, existen dos tipos de relaciones contractuales entre particulares, una cuando el usuario adquiere la aplicación electrónica, cuya finalidad es la intermediación, y otra cuando el usuario demanda el servicio al proveedor privado de transporte.

Así, la prestadora de servicios electrónicos no será responsable de manera directa, toda vez que su vínculo con el usuario, así como con el proveedor privado de transporte, se limita únicamente a la intermediación entre ambos.

En caso de que el proveedor privado de transporte no tenga un seguro vigente que cubra lo relativo a la responsabilidad civil, la prestadora de servicios electrónicos será obligada solidariamente, hasta por el monto de la cobertura del seguro que por tal riesgo obligatoriamente haya contratado la prestadora de servicios, de acuerdo con la reforma al tercer párrafo del artículo 7.880 Ter y la adición de un cuarto párrafo al artículo 7.880 Ter del Código Civil del Estado de México.

Durante el análisis, el diputado Ignacio Beltrán García (PRI) apuntó la relevancia de la iniciativa porque brinda garantías a los usuarios de este servicio, mientras la legisladora Juana Bonilla Jaime (PRD) destacó que se trata de una modalidad nueva que requería ser regulada, y que el objetivo es proteger a los usuarios, en tanto Víctor Hugo Gálvez Astorga (PAN) resaltó los avances normativos para establecer responsabilidades.

En su oportunidad, los diputados Francisco Vázquez Rodríguez y Jacobo David Cheja, coordinadores parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano, respectivamente, se pronunciaron a favor de la propuesta que contribuye a la regulación de las empresas que ya brindan este servicio de transporte y convocaron a trabajar en una mayor regulación del transporte público.

Los legisladores, Mario Salcedo González, coordinador parlamentario de Encuentro Social, dijo que con la aprobación del dictamen “estamos trabajando para brindar certeza” a los usuarios, en tanto Tassio Benjamín Ramírez Hernández (Verde Ecologista) señaló que las reformas se suman a otras acciones del gobierno estatal, como establecer la edad mínima de 21 años para ser chofer de transporte público, la implementación del transporte masivo y el reordenamiento de rutas.

MAYOR CERTEZA Y TRANSPARENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la residencia y supervisión de obras públicas, además de contar con su título profesional y cédula legalmente expedidos, deberán acreditar el procedimiento de evaluación de confianza, la cual tendrá una vigencia de dos años, que deberá renovarse antes de su vencimiento, establecen las reformas al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo, por las cuales se adiciona el Capítulo Noveno «Del Procedimiento de Evaluación de Confianza de los Responsables del Seguimiento de la Obra Pública».

El dictamen, remitido al Pleno legislativo para su votación definitiva, que también incluye reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, precisa que dichos servidores públicos deberán presentar la Certificación de Confianza por ingreso, por reingreso, por promoción o por permanencia, y que su incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa.

Por otro lado, establece multas de 300 a tres mil veces el salario mínimo general y/o inhabilitación de tres meses a cinco años para participar en los procedimientos de contratación, a los particulares contratistas o licitantes que infrinjan las disposiciones contenidas en el citado Libro y su Reglamento.

De avalarse por el Pleno, la Secretaría de la Contraloría sustanciará el procedimiento respectivo y determinará la responsabilidad administrativa correspondiente.

Al respecto, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) destacó que las reformas benefician a la sociedad que demanda obras y servicios de calidad, y que la función de los servicios públicos sea transparente, en lo cual coincidió el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jacobo David Cheja Alfaro, quien destacó que contribuyen a dar certeza jurídica, mientras que el legislador Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN) resaltó que se promueve la profesionalización del servicio público y el uso adecuado de los recursos públicos.

AVALAN CONVENIOS AMISTOSOS DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MUNICIPIOS

La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios avaló los convenios amistosos para la precisión y reconocimiento de límites entre Tenango del Valle y Villa Guerrero, y entre Calimaya y Tianguistenco.

En reunión presidida por el diputado Francisco Javier Fernández Clamont (PRI), los diputados coincidieron en que los convenios propuestos por el Ejecutivo favorecen la certidumbre legal de los habitantes de estas cuatro localidades. Asistió a la reunión el director de legalización y del periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, Aarón Navas Álvarez.