- Senadores urgen investigar por qué la presidenta municipal panista primero descalificó las licencias y hoy las valida
/entresemana/
Frenar la apertura de dos casinos en Monterrey, autorizados por la alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes, por evidentes irregularidades que implicarían actos de corrupción, demandaron legisladores del PRD y del PRI.
El pasado fin de semana, senadores integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales demandaron detener la apertura de dichas casas de apuesta mientras no se concluya una investigación a fondo que deslinde responsabilidades, porque de acuerdo con información pública la presidenta municipal de Monterrey ha incurrido en severas contradicciones de procedimiento administrativo que evidencian sobornos.
Margarita Arellanes prácticamente está en la entrega del cargo, pero semanas atrás autorizó reabrir a dos casinos cuya operación prohibió en su momento, porque supuestamente los permisos eran apócrifos. La sospecha es que la presidenta municipal fue corrompida.
El jueves de la semana pasada se conoció que la licencia presentada por los apoderados del casino Broadway, antes Crystal Palace, que hace unos días el municipio de Monterrey validó para reabrir, es la misma presentada en 2013 en un juicio de amparo contra la decisión de la autoridad municipal de clausurar el negocio, porque sostuvo que la licencia era apócrifa.
Ante ello, la Comisión de Gobernación del Senado de la República reiteró que dará seguimiento al caso y denunciará cualquier irregularidad en la anunciada reapertura de casinos, por lo menos ya dos inminentes, en Monterrey, Nuevo León. Incluso, en la capital regia legisladores locales han advertido la solicitud de juicio político contra Margarita Arellanes frente a la evidencia de que hay corrupción en este asunto.
El senador por el Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles Montoya reiteró que la bancada perredista planteará, como prioritario en la Comisión de Gobernación, el tema de los casinos.
En entrevista, Robles Montoya recordó que, como Senado de la República, tienen atribuciones para pronunciarnos y dar seguimiento a un tema de suyo delicado como es la reapertura de dos casinos antes de concluir la gestión de la alcaldesa Arellanes.
Integrante de la Comisión de Gobernación del Senado, el legislador oaxaqueño sostuvo que se debe investigar el tema de posibles actos de corrupción en la reapertura de estos casinos autorizador por la saliente presidenta municipal, a cuyas licencia, en agosto de 2013, restó validez.
Y es que, el 27 de agosto de 2013, Margarita Arellanes calificó de poco congruentes a los magistrados que pretendían dar valor a la licencia presentada por los apoderados legales del entonces casino Crystal Palace, contra su clausura.
Conforme con información disponible, en esa fecha la alcaldesa sostuvo que los representantes del casino presentaron un permiso falso. “Nosotros inmediatamente decimos que es falso, y el Tribunal dice: ‘Por lo pronto, yo le voy a garantizar que no se le vulneren sus derechos’… Nos parece, la verdad, muy poco congruente”.
Unos meses después concluyó el litigio en tribunales estatales, pero se desconocía qué ocurrió con esa licencia, aunque el tribunal no ordenó al municipio regio levantar la clausura impuesta al Crystal Palace, que ahora aparece como casino Broadway, con autorización de la alcaldesa Arellanes para abrir y, para el efecto, presenta la misma licencia que la propia presidenta municipal consideró apócrifa en 2013.
El Crystal Palace se vincula a los negocios del llamado Zar del juego, Juan José Rojas Cardona, a quien se ha responsabilizado de repartir sobornos para que sus empresas de juegos y apuestas no sean molestadas por la autoridad.
En ese tenor, hace unos días el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García manifestó preocupación por este tema, sobre todo con el antecedente del Casino Royale, que en 2011 fue incendiado por el crimen organizado con un trágico saldo de 52 personas fallecidas.
Burgos dijo que, de forma inicial, las comisiones de Justicia, de Seguridad y de Gobernación del Congreso de Nuevo León deben actuar e intervenir para conocer de esta situación y denuncias que se hacen”.
Y consideró que, en todo caso, el nuevo cabildo de Monterrey deberá analizar el alcance de estas supuestas reaperturas de casinos y analizar si hay alguna irregularidad al respecto, para proceder.
En caso de que a nivel municipal y estatal no se aclare y solucione este tema, dijo, el Senado de la República, a petición de algún legislador, puede emitir un pronunciamiento.
Empero, se conoció que entre abril y mayo de este año, aparecieron licencias municipales de uso de suelo favorables a los casinos Broadway y Premier, éste que antes operó como París Casino y que igualmente fue clausurado por la administración de Arellanes.
En el caso del Crystal Palace, su licencia tiene fecha de febrero 2005 y firmada por Jorge Longoria, entonces titular de Desarrollo Urbano; la licencia del París Casino fue validada en 2008 por Sergio Ríos, secretario de Desarrollo Urbano en ese trienio municipal, pero Arellanes restó validez.
Hoy, vísperas de entregar el cargo, la alcaldesa valida dichas licencias y dispuso quitar los sellos de clausura. De acuerdo con el saliente director Jurídico municipal, José Francisco de la Cruz, las licencias fueron validadas en un procedimiento administrativo y no mediante litigio.