- Certidumbre a proveedores y contratistas, ¿será?
- COFECE al quite ante la devaluación del peso
- Amparan a solicitantes de antidumping en fructuosa
- Carlos Septién no cayó en ABC Capital
- Agustín Vargas (*)
En la última década, la deuda de los estados y municipios del país creció de manera exponencial y hasta cínica en algunos casos, sin que hubiera autoridad alguna que tratara de frenar esa situación o al menos, siquiera, poner sobre la mesa la grave situación que representa para las finanzas públicas federales.
Se recuerda la larga lista de gobernadores, senadores, diputados federales y uno que otro presidente municipal deambulando por las oficinas de la Secretaría de Hacienda para solicitar mayores partidas presupuestales ante la escasez de recursos en las arcas locales, bien porque ya habían sido saqueadas antes de tiempo por funcionarios viales o por su mala administración.
Actualmente, la deuda de las entidades federativas asciende a unos 482 mil millones de pesos, lo que equivale al 83.6% de las participaciones federales entregadas como recurso.
En muchos casos el exorbitante crecimiento de la deuda local o subnacional como le llaman las agencias calificadoras se debe a que los estados y municipios contratan deuda pública superior a su capacidad financiera.
Tan sólo en un lustro, es decir entre el año del 2008 y 2013 la deuda de los estados y municipios creció del 1.7% del PIB al 3.1 % y a la fecha existen entidades federativas que presentan ya niveles muy altos de endeudamiento o problemas financieros para el pago de proveedores y contratistas.
Estos últimos, como siempre, son los que pagan los platos rotos de administraciones pasadas, pues las que entran al turno no les reconocen y menos les cubren los adeudos que sus antecesores les quedaron a deber. O sea, todo un círculo vicioso.
Por fortuna, algo se hará para corregir esta situación, pues se prevé que las recientes modificaciones a los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fortalezcan la regulación mexicana de la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria de las entidades federativas y los municipios.
Mediante estos cambios se prevé, además de un mayor control en la contratación de la deuda pública subsoberana, evitar que los recursos se utilicen con fines distintos a la inversión pública.
El propósito de esta reforma constitucional es disciplinar y fortalecer la regulación de la deuda pública de los estados y municipios. Como consecuencia, los contratistas y proveedores del gobierno contarán con mayor certidumbre, pues los estados estarán obligados a asegurar la estabilidad y continuidad en las obras contratadas.
La modificación constitucional transparenta la contratación y el uso de la deuda pública para que esta no se convierta en una carga financiera inútil, sino que pueda realmente destinarse para el beneficio de los ciudadanos de los estados y municipios de la República, aplicado a verdaderas inversiones público productivas, elevando por lo tanto su calidad de vida.
La Reforma Constitucional en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que entró en vigor el pasado 27 de mayo, y cuya iniciativa de legislación secundaria fue enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 17 de agosto a la Cámara de Diputados para su discusión y análisis, establece que es responsabilidad del Estado en su conjunto, de los tres órdenes de Gobierno, el federal, el estatal y el municipal, velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar en la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo.
En resumidas cuentas, de lo que se trata es meter en cintura al endeudamiento de los estados y municipios, pero más que la deuda, a quienes se debe meter en cintura y a la cárcel es a los pillos que saquean las arcas locales con cargo al erario federal. Y de eso los gobernadores y ex gobernadores saben mucho.
COFECE al quite
En el contexto de la depreciación del peso frente al dólar la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que encabeza Alejandra Palacios Prieto, advirtió a las cámaras y asociaciones empresariales a abstenerse de exhortar o auspiciar entre sus agremiados a que se tomen acciones coordinadas para fijar precios en bienes y servicios.
La depreciación de la moneda nacional no necesariamente debería traducirse en un aumento de precios. En cualquier caso, e independientemente del curso de las variables macroeconómicas relevantes, el precio debe ser una decisión individual e independiente de cada agente económico, destacó el organismo regulador.
Por tal motivo está prohibido generar acuerdos, convenios, contratos o combinaciones o intercambios de información entre agentes competidores entre sí, que tengan por objeto o efecto fijar, elevar, concertar o manipular los precios,
También está penado coadyuvar, propiciar o inducir en representación o por cuenta y orden de los competidores en el acuerdo para fijar o manipular precios, y que las cámaras o asociaciones instruyan, recomienden o establezcan estándares comerciales entre sus agremiados para que tomen acciones coordinadas que tengan como propósito o consecuencia fijar o manipular los precios.
Estas conductas pueden ser sancionadas como prácticas monopólicas absolutas en términos del artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y el 3 de sus Disposiciones Regulatorias, y ameritarán severas sanciones que incluyen multas de hasta el 10% de los ingresos del agente económico y, para el caso de personas físicas, inhabilitación para ocupar puestos directivos hasta por 5 años, multas económicas de hasta 200,000 veces el salario mínimo general diario vigente para el DF y de 5 a 10 años de prisión. Ahí la advertencia a los especuladores.
Ampara juez a solicitantes de antidumping en fructuosa
Es lamentable que los empresarios mexicanos tengan que recurrir al Poder Judicial para que obligue a funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña, a cumplir con sus obligaciones y peor aun cuando su supuesta misión es fomentar las actividades que apoyan al crecimiento económico tan depauperado en los últimos años.
Este es el caso del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el director de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPIC), Víctor Manuel Aguilar Pérez, quienes se han negado a dar respuesta a la solicitud para que inicien investigaciones de posible importación de fructuosa de Estados Unidos a precios de dumping, no obstante que ya pasó más de un mes de la fecha límite que marca la Ley, luego de que los quejosos presentaron toda la información pedida por las autoridades para determinar si se procede o no.
Ante esto, las empresas productoras de azúcar líquida Metco de Héctor Álvarez y Sucroliq de Enrique Bojórquez –también presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE)-, obtuvieron un amparo de un juez con el que se obliga a las dependencias a dar una respuesta en 15 días hábiles.
Mientras tanto, el presidente de la Unión Nacional de Cañeros, Carlos Blackaller, teme que con la entrada del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés), Australia aumente sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos y desplace a las mexicanas.
Asegura que si los norteamericanos “aceptan la propuesta de Australia, México tendría la alternativa de poner un tope de entrada a la fructuosa proveniente de Estados Unidos, pues a pesar del precio de dumping al que se comercializa, no tiene ninguna restricción, de estar forma se buscaría compensar la baja de las ventas del azúcar al exterior”.
Y asevera: «La fructuosa nadie la toca, pareciera ser que nadie se preocupa de ella y el gobierno mexicano no quiere conflictos con los maiceros norteamericanos y ni siquiera con éstos sino con las empresas de fructuosa». ¿Así o más claro?
Carlos Septién no cayó en ABC Capital
Vaya borregazo que corrió la semana pasado en el sentido de que el exdirector de Banca Metropolitana de Bancomer, y ex director general de Banco del Atlántico, Ixe Banco y Banco Azteca, Carlos Septién Michel, caería nuevamente parado, pero en la dirección del banco ABC Capital que preside Mario Laborín y que dirige su protegido de toda la vida Steven Saide.
Y es que llamó la atención porque también había corrido la versión de que Septién estaba enfrentando problemas legales luego de su estancia como director general de Caja Libertad, puesto al que lo llevó el ya detenido en Miami, Martín Díaz Álvarez, presunto defraudador de Banamex a través de Oceanografía, de la que es accionista al igual que de la caja.
Finalmente se aclaró que en realidad fue nombrado director general de un … ¡laboratorio clínico!
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*Periodista. Director de la Revista HábitatMx
