- Ficrea, muchos implicados y cero resultados
- Inseguridad, tema que frenará inversiones
- Gruyeros en el DF, personajes de vómito
Por Gerardo Flores Ledesma (*)
A CASI UN año de que tomó posesión como nueva procuradora Federal del Consumidor (Profeco), la hidrocálida Lorena Martínez Rodríguez, está dispuesta a sacar en el Congreso de la Unión, una nueva ley que tiene dos objetivos fundamentales: hacer sentir el peso de una institución que hasta hace unos años era parte del circo y los pitorreos de quienes burlaban a los consumidores , y hacer efectivo el cobro de multas que hasta el momento nadie sabe y nadie supo cuál es la cifra devengada en los últimos 10 años, en qué se gastaron esos recursos, y quienes fueron los responsables de la canalización y sus beneficiarios directos. Lo cierto es que la Profeco está dispuesta a que los legisladores aprueben cambios para que la cobranza de multas y sanciones se realice en un lapso no mayor a 3 meses, contado ya el proceso de la notificación y el emplazamiento o proceder al embargo de bienes. Con esta advertencia, queda claro que deben entrar en cintura los negocios como gasolinerías, telefónicas, agencias de viajes, aerolíneas, fabricantes de productos de belleza y suplementos alimenticios, entre otros, que encabezan la lista de quejas del público y la mayor cifra monetaria de sanciones.
Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase pues: ¡Sobre advertencia no hay engaño!
FICREA SE LLEVO al baile a casi 7 mil usuarios, a quienes defraudó casi 3 mil millones de pesos, pues creyeron que harían grandes ganancias con promesas incumplidas y con productos o papeles sostenidos en altas tasas de interés. La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que buscaba ser banco, cuyo principal socio es Rafael Olvera Amezcua, se llevó entre las patas a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyo presidente Edgar Elías Azar, confirmó una inversión de casi 100 millones de pesos, vía recomendación de Banco Santander en valores renta fija, ahorros que simplemente se esfumaron. La misma película la vieron en Coahuila, en donde su Poder Judicial invirtió 20 millones de pesos en Ficrea,y sólo en 2014 se invirtieron 90 millones de billetes más en el Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado. Dicen los encargados de impartir la justicia en ambos casos que van a ir con todo, como un defraudado más, en contra de Rafael Olvera Amezcua y sus secuaces. Si el dicho se asume al pie de la letra, tendrán que llamar a cuentas al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario di Costanzo, y a varios de sus subalternos por omisión y negligencia, ya que dejó avanzar el problema y no le dio solución. También deberán asumir su responsabilidad el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé y todo su equipo de inteligencia financiera, que han solicitado sobornos por casi 100 millones de pesos, según un audio publicado por El Universal en su versión on line. También debería comparecer el titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, Luis Madrazo Lajous, por omisión y dejar crecer el problema de un intermediario financiero que debió ser atajado hace meses, cuando el problema fue denunciado por primera vez al ser acusado de operaciones fraudulentas y operaciones irregulares con fondos. Mucho tendrán que decir el vicepresidente Jurídico de la CNBV, Edgar Bonilla del Angel, quien recibió las primeras 200 solicitudes por parte de los ahorradores para el pago del seguro de depósito, y hasta ahora no ha informado nada sobre el particular. Asimismo, debe ser investigado el coordinador general de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, Eduardo Cruz Gómez, porque la indagación sobre el fraude, simplemente se frenó desde los primeros días de diciembre, ante el advenimiento del periodo vacacional navideño y el puente Guadalupe-Reyes. La reparación del daño es sólo uno de los eslabones de este asunto que revela que la autoridad no está haciendo bien su tarea ante vivales que presumen amistades en el gobierno y usan los recursos de los ahorradores como propios. Ser funcionario no es cobrar puntualmente la quincena, los bonos, gastar lo que no se han ganado, es decir con cargo al erario público, sus llamadas telefónicas, sus comilonas, sus buenas bebidas, boletos de avión, secretarias, trajes, autos que son patrimonio nacional, con todo y choferes y vales de gasolina, entre otras muchas prerrogativas. Ser funcionario es atender denuncias, investigarlas, proceder y atajar a los hampones, sean criminales con armas largas o cortas o de cuello blanco.
LA INSEGURIDAD EN el año que se acaba fue el halito perverso que nos persiguió como cauda venenosa y que nos impidió crecer, confiar, esperar y creer. Miles de negocios cerraron porque sus dueños sufrieron en carne propia el secuestro, el robo, la amenaza, la extorsión y el vilipendio por parte de las bandas criminales. En todos los sitios del país hay miedo, se respira indignación y cunde la ruindad. Aquí en el Distrito Federal, las autoridades no aceptan que hay delincuencia organizada, pero hay cientos de familias que no comparten su opinión, sobre todo aquellas familias que han sido afectadas con la muerte de un familiar que fue abandonado en la zona del Ajusco, sin que las autoridades pongan en marcha un plan de acción en esos lugares donde el modus operandi de los plagiarios asesinos es similar al de hace 10 años. Pasan las décadas y no ocurre nada. La impunidad y la corrupción campean en esos pueblos que antes eran orgullo de hijos de la revolución y sus ejidatarios. Guerrero es el otro caso. En Iguala, en Chilpancingo, en Taxco, en Petatlán, en Ciudad Altamirano, en Ayutla, en Marquelia y San Luis Acatlán, la guerrilla se contaminó con el aroma del dinero de la mafia de narcotraficantes y ahora es una región tan insegura, que sólo un demente estaría pensando en invertir ahí…LOS GRUYEROS DE la Ciudad de México se han convertido en los seres más despreciables del Distrito Federal. Se llevan autos de turistas que vienen el fin de semana a la capital; remiten a corralones autos con todo y enfermos que acuden a hospitales a tratamientos; enganchan automotores con niños a bordo, en cualquier punto de la capital. No tienen horarios, ni días festivos, al contrario trabajan como tiendas de conveniencia, casi las 24 horas, porque tienen cuotas que cubrir, todo ello en medio de una corrupción que da asco. Dijeron los legisladores que pondrían solución al asunto. Como dice el tango ¡fumando espero!
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