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Contribuye la LVIII Legislatura a brindar certeza al proceso electoral local

  • El diputado Apolinar Escobedo dijo que los ciudadanos saldrán ganando con las nuevas reglas electorales aprobadas recientemente, durante la ponencia de apertura del curso organizado por el Inesle “Medios de impugnación en la reforma electoral del 2014”
  • Ante los diputados Alfonso Guillermo Bravo, Enrique Mendoza y Annel Flores, el magistrado Juan Carlos Silva Adaya expuso el tema “La reforma electoral de 2014 y el servicio público”
  • El titular del Inesle, Jorge Alberto Huízar Ríos, explicó que el curso busca actualizar en este tema a los legisladores, sus asesores y público en general

/Pasaporte Informativo/

La LVIII Legislatura del Estado de México contribuye a darle certeza y seguridad al próximo proceso electoral, en el cual serán los ciudadanos quienes saldrán ganando con las nuevas reglas, estableció el diputado Apolinar Escobedo Ildefonso, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al clausurar la Conferencia Magistral con la que dio inicio el curso “Medios de impugnación en la reforma electoral de 2014” organizado por el Instituto de Estudios Legislativos (Inesle) del Poder Legislativo.

Ante sus compañeros legisladores, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente del Comité de Estudios Legislativos; Enrique Mendoza Velázquez, presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático; Annel Flores Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, así como el vocal ejecutivo de esta dependencia, Jorge Alberto Huízar Ríos, agregó que el espíritu de la reforma electoral es “garantizar, dar certeza y seguridad al ciudadano en el ejercicio de su derecho de voto para nombrar a la autoridad que le satisface para dar respuesta a las demandas más sentidas de la sociedad”.

En presencia del magistrado Juan Carlos Silva Adaya, presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien expuso el tema “La reforma electoral de 2014 y el servicio público”, así como Javier Domínguez Morales y Victorino Barrios Dávalos, secretario de Asuntos Parlamentarios y Contralor del Poder Legislativo, respectivamente, el diputado Alfonso Guillermo Bravo detalló que “su objetivo es empoderar al ciudadano, buscar que quienes tienen la soberanía del pueblo lo puedan hacer de la mejor manera, informados, en una contienda equitativa, con herramientas que permitan conocer quién ha sido mejor para que pueda merecer el respaldo del voto, y quién no, para castigarlo con el rechazo”.

Busca, agregó, “que el ciudadano pueda hacer la mejor elección, porque es una reforma para él, no para los partidos políticos. En este marco, es importante la actuación de las autoridades, del tribunal electoral local como el federal. Estos serán garantes de que esta reforma sea respetada por todos”, acotó.

Por su parte, el diputado Enrique Mendoza, en presencia del magistrado Héctor Hernández Tirado, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad, y Hugo López Díaz, magistrado del Tribunal Electoral de la entidad, invitados especiales al evento, explicó que dicha reforma “va a ser uno de los principales instrumentos y herramientas para dirimir cualquier tipo de controversia de carácter electoral antes, durante y después del proceso”.

Precisó que se trata de “un nuevo andamiaje donde será factible llevar a cabo procesos cada vez más transparentes y menos impugnados. Tiene como signo distintivo una nueva forma de llevar a cabo el mandato ciudadano de que el escrutinio sea la prueba reina de la selección de las aspiraciones populares. Advierte sobre figuras que son inéditas: reelección, candidaturas independientes y oportuna fiscalización de los recursos utilizados, así como las decisiones respectivas.

Además, los partidos políticos, los actores políticos, las instituciones y los organismos civiles serán los primeros garantes de que efectivamente tenga peso suficiente la elección de cada ciudadano y el respeto a participar”, concluyó.

En su momento, el vocal del Inesle, Jorge Alberto Huízar, al destacar que con este curso se retoma el papel legal y ético de actualizar a los diputados, sus asesores y todos los interesados en la materia, aseguró que la democracia es el germen que da origen a esta institución, y debe ser actividad constante que edifique una patria próspera y noble.

Puntualizó que el curso constará de ocho módulos con diferentes ponentes y una conferencia magistral de clausura el 28 de noviembre próximo a cargo del también magistrado y especialista Salvador Nava Gomar.

El magistrado ponente advirtió que, si bien la reforma electoral de 2014 amplía y agrega nuevos medios de impugnación para permitir una mejor defensa de los derechos electorales de las personas y los partidos políticos, lo deseable es conocerlos para no incurrir en las conductas que muevan a su uso, y evitar así una supuesta estrategia orientada a la nulidad de las elecciones.

Apuntó que la reforma se apoya en diversos principios para garantizar precisamente procesos electorales legales y justos, entre ellos la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas; equidad en la contienda electoral; imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos; carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social de la propaganda gubernamental; transparencia y acceso a la información, así como rendición de cuentas; autenticidad de la información periodística o noticiosa y derechos del servidor público.

Estas nuevas reglas, explicó, demandan servidores públicos que sean verdaderos demócratas y republicanos con una probada fidelidad a la Constitución federal. “Debe actuar circunscrito a sus atribuciones y obligaciones; debe privilegiar la autocontención y atender los códigos de ética”.

Precisó que “durante los procesos electorales no se paraliza la acción gubernativa y sólo existen modalidades temporales para el ejercicio de determinadas atribuciones y cumplimiento de ciertas obligaciones, en función del respeto y garantía a ciertos valores y principios democráticos”.

Puntualizó que “no se debe incurrir en acciones paranoicas ni tampoco en actos de simulación, de abuso del derecho o fraudes a la Constitución federal. El mejor remedio es el conocimiento y la difusión de información idónea, veraz y oportuna sin manipulaciones. No debe realizarse una instrumentación partidaria de la Constitución federal ni del resto de la normativa, porque nadie está colocado por encima de la Constitución federal, por lo que no existen zonas de inmunidad al control de constitucionalidad y convencionalidad”.

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