Mejorar calidad y garantizar seguridad del servicio público de pasajeros

A fin de proporcionar a la sociedad un mejor y moderno servicio de transporte público, el diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI) propuso reformar los códigos Penal y Administrativo del Estado de México para establecer medidas que contribuyan a disminuir el número de lesionados y ciudadanos afectados a causa del mal uso o imprudencia por parte de algunos operadores.

Por lo tanto, plantea aplicar de seis meses a dos años de prisión y de 40 a 100 días de multa cuando las lesiones sean producidas a causa del descuido de concesionarios, permisionarios o conductores del servicio. Además, en términos de la legislación aplicable, podrá imponerse la suspensión o revocación de la concesión respectiva.

El documento, turnado a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, explica que el Código Penal estatal califica las lesiones como toda alteración que cause daños en la salud producida por una causa externa, mientras que el delito de daño en bienes se configura cuando por cualquier medio se dañe, destruya o deteriore un bien ajeno o propio en perjuicio de otro.

Acorde con lo anterior, “gran parte de los delitos de lesiones y daño en bienes, e inclusive el llamado homicidio imprudencial o culposo, han sido ocasionados por el inapropiado manejo de los medios de transporte público; la imprudencia o falta de capacidad para operar las unidades destinadas al transporte público de pasajeros, sin duda alguna, han propiciado este mal. Al erradicar este fenómeno, se han implementado diversas medidas; sin embargo, éstas deben complementarse”.

En tribuna, el legislador también manifestó su respaldo a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ante el litigio que sostiene por la operación del Sistema de Transporte Escolar Universitario «Potrobús».

Al respecto, el legislador Saúl Benítez Avilés (PRD) propuso un punto de acuerdo, remitido a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y Transportes, para exhortar al Ejecutivo estatal a que se realicen las gestiones necesarias para respaldar la puesta en marcha de este sistema de transporte universitario, con la finalidad de que siga prestando su servicio, al cual se adhirió el diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN).

INCORPORAR AL CÓDIGO CIVIL FIGURA DE “DERECHO REAL DE SUPERFICIE”

También del Grupo Parlamentario del PRI, el legislador Irad Mercado Ávila presentó la iniciativa para incorporar al Código Civil de la entidad la figura conocida como “derecho real de superficie”, entendida como “el derecho que el dueño de una finca otorga a un tercero para que edifique, plante o siembre, a su costa, por un tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de una renta o en forma gratuita, quedando facultado para disfrutar y disponer libremente de las construcciones, plantaciones y siembras que hiciere mientras subsista el derecho, o sobre las ya existentes en el terreno que sean adquiridas por él”.

Remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictamen, adicionaría al Libro Quinto de dicho Código, “De los Bienes”, un Título Octavo denominado “Del Derecho Real de Superficie”.

SANCIÓN A LAS COBRANZAS ILEGÍTIMAS, AMENAZANTES Y VIOLENTAS

A fin de sancionar los actos de cobranza ilegal, amenazantes y violentos, el diputado Jocías Catalán Valdez (PRD) presentó una iniciativa para perfeccionar el tipo penal de requerimiento ilícito de pago para sancionar estos actos, condenándose las conductas de hostigamiento, violencia, falsificación de datos vía telefónica o por escrito.

Establece que, a quien con la intención de requerir el pago de una deuda se valga del engaño o intimide, u hostigue al deudor, a su aval, fiador, referencia, o a cualquier otra persona ligada con éstos, se le sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión y de 180 a 360 días multa.

Propone precisar las malas prácticas de cobranza susceptibles de ser sancionadas penalmente, de tal forma que ésta se realice bajo criterios de respeto y observando formas éticas en una relación entre personas libres y con derechos plenos. Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia analizarán el proyecto.

PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS POR CASOS DE DESPROPORCIÓN EN OBLIGACIONES

Con la intención de respaldar a la ciudadanía con recursos insuficientes o sin instrucción jurídica en caso de existencia de lesión civil, el legislador Silvestre García Moreno (PRD) propuso que sea el propio juez el que, en caso de observar la existencia de una lesión, reduzca, a su criterio, las prestaciones reclamadas hasta un punto en que sean consideradas como justas.

Con esta propuesta se previene que la prescripción de la acción de nulidad para la lesión sea la misma que la acción que se podría intentar para la exigencia de obligaciones, pues actualmente es de seis meses, situación que agrava aún más la inequidad entre las partes, ya que el autor de la lesión podría tener una prescripción mayor para la exigencia de las obligaciones, mientras que el lesionado únicamente cuenta con seis meses para exigir la nulidad.

Asimismo, se busca adecuar la legislación con la finalidad de que no únicamente se pueda solicitar la nulidad del acto lesionante a través de la acción, sino que también por vía de excepción haya posibilidad de equiparar las obligaciones y así evitar la desproporción entre los contratantes. La iniciativa, que reforma diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, fue remitida a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.

AMPLIAR DIFUSIÓN DE ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO

El diputado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo (PAN) propuso un punto de acuerdo para exhortar al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense a que se otorgue a esta Soberanía el mismo espacio y tiempo equiparado al que se le otorgó al titular del Ejecutivo estatal para dar su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, a efecto de que los Grupos Parlamentarios puedan hacer su posicionamiento de conformidad con el artículo 46 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Recordó que el objetivo de este organismo es “operar, diversificar y ampliar los canales de comunicación radiofónica y televisiva para dar a conocer a la opinión pública las manifestaciones políticas, culturales, artísticas, educativas y deportivas que se suscitan tanto en territorio mexiquense como en los ámbitos nacional e internacional, así como difundir las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de México, para ofrecer una comunicación de servicios públicos, fortalecer la identidad mexiquense, propiciar la solidaridad de los habitantes de la entidad y fomentar la cultura democrática y de equidad de género».

La propuesta de punto de acuerdo fue remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y al Comité de Comunicación Socia