Por Moisés Sánchez Limón (*)
/Colaboración especial/
El asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de su colaborador Heriberto Núñez Ramos provocó –entre los políticos de todos colores y siglas– sentimientos de coraje, indignación y, por supuesto, impotencia frente a un crimen político.
Es un mensaje, indudablemente. ¿Del crimen organizado?, tal vez. Pero un mensaje finalmente que evidencia el grado de descomposición social que priva en México y el insultante oportunismo de quienes, a río revuelto, echan redes en aras de descalificar a autoridades, restar capacidades y demandar renuncias.
¿Resuelve el caso y amaina el clima de inseguridad la renuncia de un funcionario público como el Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera? Mire usted, no conozco al abogado Nájera y mucho menos he cruzado palabra con el gobernador jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pero hay evidencias de que su administración tiene severos conflictos de seguridad, aunque ello no es privativo de Jalisco. Solo por citar un caso, recién iniciado su sexenio, en marzo del año pasado, ejecutaron al secretario de Turismo de su administración, José de Jesús Gallegos Álvarez.
Ya el pasado cuatro de agosto, luego del asesinato del presidente municipal de filiación panista de Ayutla, Jalisco, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero, pidió a Jorge Aristóteles reafirmar estrategias de seguridad frente a la creciente ola de violencia.
Madero aprovechó el momento para, mediante comunicado, condenar que el grado de violencia “en algunas entidades haya llegado a estos extremos”. Pidió, por tanto, al gobierno federal que tome caras en el asunto para evitar el crecimiento de la violencia a nivel nacional, “que ha provocado el asesinato de alcaldes de diferentes partidos a lo largo del país”.
Y sostuvo una perogrullada: el gobierno debe estar obligado a garantizar el Estado de Derecho y la legalidad. “Por lo que hacemos votos para que se cumplan a cabalidad y sin miramientos”.
No hay duda que la retórica política es el recurso fácil que implica amnesia. Sin duda el ejercicio de mirar por el espejo retrovisor sólo aviva pautas de revanchismo partidista, como éste de Gustavo Madero que evita reconocer la incapacidad de las dos anteriores administraciones federales, cuyas cabezas prefirieron cabalgar entre la demagogia y el supuesto combate al crimen organizado.
El Poder Legislativo ha dado las armas legales y presupuestales a los Poderes Ejecutivo y Judicial para atender con carácter prioritario el rubro de la inseguridad pública que, conforme con las estadísticas, los números fríos, tiende a descender. Es posible que así sea, aunque los asesinatos de políticos demuestran que algo sigue fallando.
Y no es que se haya aligerado la vigilancia en el país ni mucho menos que gendarmes, federales, marinos y soldados anden en la dolce vita en regiones como las de Tierra Caliente, en Michoacán, o en la insegura zona norte de Tamaulipas y la Montaña en Guerrero. No, lo que ocurre es que la bestia, que es el crimen organizado, creció de tal forma, alimentada por impunidades y complicidades compradas y cooptadas en niveles de gobierno, del poder político, que hoy reducirla es una tarea titánica.
Pero no hay duda que esa es área que puede llenar la movilización social. La proliferación de grupos de autodefensa en Michoacán fue contenida por el gobierno federal mediante una singular alianza con aristas cuestionables. No obstante, en otras entidades, como Puebla y Veracruz, tienden a aparecer grupos ciudadanos dispuestos a defenderse y a hacer justicia por mano propia. Y el gobierno federal tendrá que multiplicar comisionados o responsables que puedan meter orden mediante el diálogo y los acuerdos.
Es evidente que quienes han fallado en estas estrategias de seguridad y combate al narcotráfico y el crimen organizado, han sido los prohombres que han vendido su trabajo como el mejor. Lo que ocurre en México en materia de inseguridad y galopante corrupción es consecuencia, precisamente, del actuar de esos personajes que, como Genaro García Luna, pululan impunes.
O gobernadores del calibre de Rafael Moreno Valle Rosas que compran voluntades y tuercen leyes para beneficio propio y, con ello, prohíjan un tipo de criminalidad en perjuicio de sus gobernados.
Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados, en la referencia de que el asesinato del legislador jalisciense dice que es un hecho condenable, pero tristemente no es nuevo, no es una novedad, e insiste en la demanda de aplicar la ley e investigar a fondo. ¿Y qué debe hacerse más allá de lamentar un evidente crimen político?
Sí, se combate al crimen organizado, se busca devolver seguridad a los mexicanos. Bien o mal, pero camina la tarea gubernamental en esos espacios. Empero, el gran riesgo de que los ciudadanos hagan justicia por propia mano, estriba en ese slogan de las marchas anti gubernamentales: “El pueblo, se cansa, de tanta pinche tranza”. El pueblo, se cansa de tanta impunidad, corrupción e inseguridad. Fuenteovejuna está en proceso de desarrollo. Conste.
VIERNES. Por ese cansancio social de más de lo mismo, surgen organizaciones políticas como el Partido Sinaloense (PAS) que, en un tris ha llegado a ubicarse como la tercera fuerza política en el estado de Sinaloa. De este tema le platico en otro momento. Pero de que una sacudida al sistema político y partidista es necesaria, no hay duda. Digo.
@msanchezlimon
(*) Periodista
